La Policía de Córdoba allanó un campo en Chaján y secuestró 1.060 animales de raza Aberdeen Angus que fueron trasladados a San Luis. La investigación judicial busca determinar responsabilidades en una maniobra fraudulenta que afecta a productores del sector agropecuario.
Los bovinos secuestrados corresponden a ejemplares mestizos de raza Aberdeen Angus, cuyo valor económico fue estimado de manera preliminar en más de $2.000 millones, según informaron fuentes policiales consultadas. La magnitud del monto involucrado refleja la escala del presunto delito que investiga la Justicia.
El operativo se realizó en el marco de una investigación por comercialización irregular de ganado que habría perjudicado económicamente a productores del sector. Tras el secuestro judicial, los animales fueron cargados en siete camiones especialmente acondicionados y trasladados hasta la provincia de San Luis, su lugar de procedencia, donde quedaron bajo resguardo y custodia.
El traslado se concretó siguiendo protocolos sanitarios y de seguridad establecidos para preservar el estado del ganado y garantizar su correcta restitución a los legítimos propietarios.
El procedimiento fue coordinado entre personal policial y autoridades judiciales como parte de una causa más amplia que apunta a reconstruir el circuito de comercialización fraudulenta. Los investigadores analizan documentación, movimientos comerciales y posibles intermediarios que habrían participado en la maniobra.
Desde la Justicia indicaron que la causa continúa en plena etapa de investigación y no descartan nuevos allanamientos ni imputaciones en los próximos días. Además, se intenta determinar si existen otros campos o productores afectados, así como posibles ramificaciones de la operación en otras provincias.
Socavones: el riesgo silencioso que vuelve tras cada lluvia
El caso vuelve a poner en foco la preocupación del sector agropecuario por las estafas vinculadas al comercio de ganado, un delito que en los últimos años ha mostrado un crecimiento sostenido y que genera importantes perjuicios económicos para productores y consignatarios de todo el país.
La investigación avanza para establecer las responsabilidades penales de los involucrados y determinar el destino de los fondos obtenidos mediante la venta irregular del ganado.
