Por cuatro meses, Federico Giardina y Roberto González han estado detenidos en el penal de Bouwer. Su entorno afirma que no deberían estar allí. Son parte de la llamada "megacausa Dagatti", que investiga el ingreso de drogas y celulares a las cárceles cordobesas, una red supuestamente liderada por el empresario cárnico Alicio Dagatti, dueño del frigorífico Livorno. Pero, a diferencia de las figuras centrales del caso, Giardina y González no tenían poder de decisión en la estructura: uno era encargado de carga de camiones y el otro veterinario del frigorífico. Hoy están acusados de integrar una asociación ilícita, aunque, según quienes los conocen, "no tienen nada que ver".
El expediente se inició el 26 de diciembre de 2023, cuando la Policía descubrió marihuana, cocaína, pastillas y celulares en un camión frigorífico que ingresaba al Complejo Carcelario N.º 1 de Bouwer. A partir de ahí, la Justicia amplió la investigación y detuvo a varios empleados del frigorífico, entre ellos Giardina y González.
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Sin embargo, vecinos de Las Higueras, de donde son oriundos ambos detenidos, sostienen que no hay pruebas de que hayan participado en maniobras ilegales. "No están acusados de liderar nada, pero están presos como si lo fueran", señaló la abogada Cecilia Lalli, vocera de sus familias. Y agrega: "Los investigaron económicamente y están fundidos. No tienen bienes, no persiguieron ningún beneficio económico. ¿Qué asociación ilícita es esa?".
"Son personas queridas en el pueblo, padres de familia, trabajadores. Fueron a trabajar como todos los días y no volvieron más", expresaron allegados. En su comunidad, la incredulidad es generalizada. Según afirman, ni siquiera hay mensajes que los comprometan. "Todo lo que se encontró en sus teléfonos es de trabajo", aseguró Lalli en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
La abogada y vecinos denuncian que el fiscal Enrique Gavier se ampara en el argumento del "entorpecimiento de la causa" para mantenerlos presos. Pero, insisten, no tienen los medios para influir en testigos ni alterar pruebas. "Los chicos, desde el día uno —tanto estando en el frigorífico, que entregaron todo, como en sus casas—, les abrieron la puerta amablemente a los policías, les permitieron que revisen todo, que se lleven todo, y se les entregaron todas las claves", remarcó Lalli.
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Las familias piden al menos que la prisión preventiva se cumpla de forma domiciliaria. La situación económica es crítica. "Ambos eran sostén de hogar junto a sus parejas. Ahora ellas están solas y endeudadas. La familia puso casas como garantía para pagar abogados".
También denuncian que los enviaron a Bouwer, a más de 170 km de Las Higueras, cuando podrían haberlos derivado al penal de Río Cuarto.
Idas y vueltas
El juez de control Milton Peralta, a cargo de revisar las decisiones del fiscal, manifestó en un dictamen reciente que Gavier podría estar excediéndose en sus facultades. La feria judicial de julio congelará cualquier decisión por 15 días más. Recién el 21 de este mes se podría evaluar un cambio en la situación de Giardina y González.
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Mientras tanto, ellos siguen detenidos en condiciones legales, pero profundamente cuestionadas por su entorno. "No entendemos por qué siguen detenidos", repiten sus allegados.
