“No hay plata”, fue la cruda frase que disparó Javier Milei días después de ser electo presidente, como anticipo a las medidas de recorte que implementará. Y esa parece ser la realidad económica en cientos de municipios como el de Laguna Larga, en Córdoba, donde todos sus empleados, incluso el intendente, cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El último informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) señala que una familia tipo necesitó en octubre pasado 345.295,45 pesos para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT), el parámetro que marca la línea de pobreza. En tanto, una persona adulta requirió $111.746 pesos para costear las necesidades elementales de alimentación.
Esos costos en Córdoba son más elevados: una familia de cuatro integrantes necesitó en octubre 371.979 pesos para completar la CBT, según los datos registrados por el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia Córdoba. Ese costo subió en noviembre a 426.400 pesos por familia.
Justo ese mes, el intendente peronista de Laguna Larga, Matías Torres Cena, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza, que fue aprobado, para aumentar los salarios de los empleados municipales. La nueva escala salarial estableció los sueldos que van desde 68.078 pesos hasta 336.191 pesos: este último es lo que percibe el jefe municipal.
La localidad tiene alrededor de 10 mil habitantes y está ubicada en el departamento Río Segundo, a 55 kilómetros de Córdoba capital. La municipalidad cuenta con 80 empleados en planta permanente y cerca de 44 personas contratadas, según indicó el intendente a PERFIL CÓRDOBA.
“No es fácil la situación económica y, en ese contexto, no podemos aumentarnos los sueldos de manera desorbitante”, aseguró. En mayo de 2023, antes de las elecciones locales, Torres Mana aumentó un 40% los salarios de los empleados. El jefe municipal fue reelecto.
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El intendente reconoció que, por “la necesidad laboral para llegar a fin de mes”, y porque “lo requieren” las dependencias e instituciones vinculadas al municipio, más de 130 personas trabajan de manera indirecta para el estado municipal.
“Si quisiera aumentar más los sueldos tendría que desvincular al 30% de ese personal. Entonces, ¿qué haría esa gente?”, preguntó Torres Cena, y agregó una frase que replican otros intendentes en varios puntos del país: “Muchas veces los municipios chicos administramos pobreza”.
Reclamo de los trabajadores
El pasado lunes 9 de octubre se desató un fuerte reclamo de empleados contratados que trabajan para el municipio: necesitaban un aumento salarial en un contexto inflacionario galopante. En ese momento, las categorías más bajas del escalafón salarial no llegaban a cobrar 70.000 pesos mensuales por seis horas diarias de trabajo.
Emanuel Gorosito, empleado municipal de planta permanente, no afiliado al sindicato de municipales (Suoem), contó a PERFIL CÓRDOBA que la medida de fuerza fue lo que provocó que el intendente tuviera que aumentar los sueldos.
“Había jornaleros que estaban ganando 15.000 pesos semanales. Se logró un arreglo para ellos. Pero la mayoría sigue sin llegar a fin de mes”, reprochó el trabajador del área de Servicios Públicos.
Ante esta dura realidad, muchos efectivos y contratados tienen que tener otro trabajo para “generar una moneda extra”, que en muchos casos terminan siendo los laburos principales. “La cuestión es que ningún privado te emplea por media jornada, entonces los trabajadores terminan sus días con una carga de 12 o 14 horas entre la municipalidad y otro trabajo”, indicó.