Otro guiño de Massa a Córdoba: decretan nuevas indemnizaciones para las víctimas de la explosión de la Fábrica militar de Río Tercero
En respuesta a los sucesos de 1995, el Gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para otorgar compensación a los damnificados. "Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero y termina con 25 años de vergüenza", aseguró Massa.
A casi tres décadas de la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, que causó siete muertes y dejó 300 heridos, el gobierno nacional estableció nuevos montos para las indemnizaciones. Lo hizo en medio de la campaña electoral y por iniciativa del ministro de economía y candidato a presidente, Sergio Massa. El decreto quedará oficializando con la publicación del Boletín Oficial, mañana jueves.
"Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Terceroy termina con 25 años de vergüenza", aseguró el ministro Sergio Massa al anunciar la publicación del decreto.
De acuerdo con información obtenida por La Nación, el Gobierno modificó los montos de las indemnizaciones relacionadas con las explosiones, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso hace ocho años y reglamentada en 2018, pero que hasta ahora no se había implementado. Los nuevos valores establecidos son: $8.000.000 para casos de fallecimiento, $5.600.000 para lesiones gravísimas, $4.800.000 para lesiones graves, $800.000 para daño moral y $760.000 para daño material.
La Justicia determinó que la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero fue intencional, concebida para encubrir un desvío de armas destinadas a la venta a Ecuador y Croacia durante la presidencia de Carlos Menem.
A finales de 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, ordenó al Estado nacional el pago de indemnizaciones en un plazo de 30 días para 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, quien defiende alrededor de 8.000 personas. El Estado, en lugar de cumplir, presentó una apelación, pero recientemente un fallo de Cámara rechazó dicha apelación.
“Para hacer efectivo el pago habrá que firmar un formulario para renunciar a las acciones administrativas y judiciales. Nos han dicho que la idea es comenzar los pagos antes de fin de año”, explicó Ponce en diálogo con el mencionado medio.
