El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la creación del Programa de Promoción de Actividades Productivas (PPAP), una ordenanza que busca dinamizar la economía local mediante rebajas impositivas y estabilidad fiscal por una década. El nuevo régimen promueve inversiones industriales, turísticas, médicas y urbanas que generen empleo y desarrollo sostenible.
El proyecto, enviado por el intendente Daniel Passerini, fue aprobado con amplio consenso político. La concejala Miriam Aparicio (HUxC), titular de la comisión de Economía, explicó que la iniciativa “dará un fuerte impulso a la actividad económica, al apoyar al sector privado desde el Estado mediante la rebaja de la carga impositiva y dando certidumbre y estabilidad fiscal”.
Aparicio destacó que se incorporaron aportes del Frente Cívico, como los incentivos para viviendas sociales y la prohibición de los juegos de azar dentro del régimen. “Esta ordenanza alentará la actividad privada y generará más empleos para Córdoba”, sintetizó.
El concejal Javier Fabre (UCR) celebró que se atienda “una demanda histórica de los sectores productivos”, y sostuvo que Argentina necesita “confianza y reglas claras” para atraer inversiones. En la misma línea, Graciela Vilatta (Frente Cívico) pidió incluir estímulos para la construcción de viviendas sociales, dado que “el déficit habitacional es muy elevado y requiere una década de inversiones sostenidas para revertirse”.
Desde el PRO, Soher El Sukaría destacó que el PPAP “concreta algo que las cámaras empresarias pidieron durante muchos años: incentivar el desarrollo productivo y acompañar a quienes invierten”. Además, resaltó su impacto “social, fiscal y ambiental”, al potenciar el talento local.
Proponen un régimen de beneficios fiscales para impulsar la inversión productiva en la ciudad
El concejal Gabriel Huespe (Ciudadanos) celebró el “consenso generalizado” logrado a partir de la participación del sector privado. La única voz disidente fue la de Laura Vilches (FIT), quien votó en contra al considerar que la norma “beneficia a grandes empresarios” y propuso, en cambio, aumentar la carga tributaria a los sectores más concentrados.
Durante la sesión, Nicolás Piolini (HUxC) agradeció la presencia de referentes del empresariado, entre ellos Natalia Pascuale (UIC) y Gabino Escribano (Fethgra), y subrayó: “Las exenciones impositivas que otorgamos vuelven en inversión para la ciudad”.
Un régimen con alcance amplio y beneficios escalonados
El PPAP reemplaza la antigua norma de promoción industrial y amplía su alcance a todas las escalas empresariales, desde microemprendimientos hasta grandes compañías, con foco en la sostenibilidad y la creación de empleo. En la práctica, funciona como una versión local del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que aplica el Gobierno nacional, pero adaptada al contexto municipal.
Podrán acceder personas físicas y jurídicas radicadas o que se radiquen en Córdoba, con proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2024 y un plazo máximo de ejecución de tres años, prorrogable en casos justificados.
Las actividades alcanzadas incluyen la industria, el desarrollo urbano, el turismo y la atención médica. Los beneficios fiscales serán decrecientes y escalonados, con reducciones de entre el 70% y el 15% en las alícuotas según el rubro y los años de vigencia. Las empresas que incorporen energías renovables en al menos un 10% de su inversión podrán acceder a un “plus de reducción” adicional.
Las microempresas deberán invertir un mínimo de 5.000 UEM (unos 55 millones de pesos), mientras que las grandes compañías deberán superar las 476.000 UEM (equivalentes a más de 5.200 millones de pesos).
Vigencia, control y auditorías
Los interesados podrán adherir al programa durante los cinco años posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, con posibilidad de prórroga por igual período. Los proyectos deberán tener un avance mínimo del 30% para ser aprobados y estarán sujetos a auditorías periódicas, con la Municipalidad de Córdoba como autoridad de aplicación.
El Ejecutivo podrá además firmar acuerdos particulares con empresas de gran envergadura, considerando su nivel de producción, generación de empleo e impacto en el desarrollo local, aunque estos convenios deberán ser ratificados por el Concejo Deliberante.
Con esta ordenanza, la ciudad busca consolidar un marco de previsibilidad fiscal que incentive la inversión, acompañe al sector privado y multiplique oportunidades laborales en Córdoba.
