La Justicia de Córdoba imputó a siete personas por la difusión de una fake news que daba por muerto al periodista deportivo Daniel “La Vaca” Potenza, en un caso que puede convertirse en precedente para las causas de hostigamiento digital y uso malicioso de redes sociales.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, conducida por el fiscal Franco Pilnik, la primera unidad del Ministerio Público Fiscal provincial dedicada de manera exclusiva a delitos informáticos.
En diálogo con Punto a Punto Radio (FM 90.7), Potenza explicó por qué decidió impulsar la denuncia y llegar hasta esta instancia: “Mi intención es aportar un granito de arena para que esta costumbre de inventar, burlarse, agraviar y mancillar el nombre de cualquiera se termine”.
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La “noticia” de su muerte y el impacto en la familia
El episodio ocurrió un viernes de enero de 2024. Potenza almorzaba en su casa con uno de sus hijos mientras su esposa acompañaba a su padre internado en el Hospital Privado, en los últimos días de vida.
En ese contexto, el hijo mayor le envió una captura de pantalla con la falsa noticia de su muerte, replicada en redes con logos de Canal 12, Radio Pulso, Radio Sucesos y de su propio programa “La Mesa del Fútbol”. “Salió con el logo de Canal 12, como si el canal me estuviera despidiendo. Y también como si fuera un tuit de ‘La Mesa del Fútbol’, como si yo mismo me relatara el funeral”, graficó. El hijo menor, insulinodependiente, trabajaba en una empresa en el cerro cuando empezó a recibir llamados de compañeros, amigos y conocidos que le preguntaban si era cierto que su padre había muerto.
Potenza relativiza el daño en este caso particular —“el lunes la gente prende la tele y ve que estoy al aire, entonces se cae la mentira”—, pero lo usa como ejemplo del riesgo de naturalizar estas prácticas.
Más que la fake news puntual, lo que inquieta al periodista es el límite difuso entre la “joda” y el delito cuando se trata de la reputación de una persona. “Si en vez de darme por muerto hubieran dicho que yo era pedófilo, o que vendía droga a una cuadra de una escuela, la historia sería otra”, advirtió y sumó que frente a una acusación de ese tipo, demostrar la inocencia es mucho más difícil y el daño suele ser irreversible: “La descalificación y los agravios tienen luces de neón, pero las aclaraciones salen en letra de prospecto de medicamento. A la gente le queda dando vueltas eso de ‘algo habrá hecho’”.
Por eso insiste en que el caso no es “autorreferencial”: “No hablo solo de figuras públicas. Esto le puede pasar al tipo que tiene un almacén en la esquina. Dicen cualquier barbaridad sabiendo que no les va a costar nada”.
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El rol de las redes y el anonimato
Potenza reconoce que no usa redes sociales y que pertenece a “otra generación”, pero sostiene que el problema no es la herramienta en sí, sino el anonimato y la ausencia de consecuencias: “El día que las redes estén nominadas, que el tipo que escribe se haga cargo con nombre, apellido y cara, quizá me incorpore. Pero el anonimato es tan cruel que mi intención fue marcar un límite”.
Según el periodista, hoy existe casi una suerte de “deporte” digital: inventar contenidos, jugar con la tecnología, editar imágenes, usar logos y marcas para darle verosimilitud a una mentira, sin medir el impacto. “Si mañana alguien decide que vos sos contrabandista y lo pone en redes, probablemente no pase nada. Ni la Justicia ni nadie se mueve, porque esto no está claramente tipificado y se aprovecha ese gris”, cuestionó.
Qué se investiga y qué pena podrían recibir
La causa se tramita en la Fiscalía de Cibercrimen, que desde 2019 tiene competencia específica para investigar delitos en los que la tecnología informática es determinante, como fraudes digitales, extorsiones en línea, falsificación de documentos electrónicos o difusión maliciosa de contenidos a través de redes sociales.
Los siete imputados serán llamados a declaración indagatoria. A partir de allí, el fiscal Pilnik deberá resolver si eleva la causa a juicio. Potenza destacó que las figuras en juego prevén penas de tres a seis años de prisión, lo que puede implicar cumplimiento efectivo: “Si te dan tres años de prisión efectiva, no es excarcelable. Y aun si te dan un año en suspenso, ya quedás marcado. No podés ni estacionar mal en una rampa para personas con discapacidad porque estás al borde de Bouwer”.
No obstante, aclara que su objetivo no es “vengarse”, sino generar un antecedente: “Ojalá esto sirva para que el próximo que piensa en hacer una ‘broma’ así lo piense dos veces”.
Libertad de prensa, crítica y difamación
Potenza se ocupó de dejar en claro que el caso no apunta contra la libertad de prensa, un terreno en el que dice moverse desde hace cuatro décadas: “Vos en tu programa podés decir que soy mal periodista, que no sé nada de fútbol, que hablo mal o que me visto horrible en la tele. Eso está dentro de la crítica y está todo bien”.
La línea roja, remarcó, aparece cuando se formulan acusaciones de delitos sin sustento: “Lo único que no podés es tratarme de corrupto o de algo que no soy, porque ahí vas a tener que pagar. Cuando te metés con cosas serias, privadas, tenés que tener mucha prueba para sostener lo que acusás”.
En ese sentido, confía en que la causa pueda contribuir a ordenar un terreno donde todavía abundan zonas grises: “Quiero que quede un precedente para que el tipo que hace estas cosas ‘para divertirse’ sepa que la va a tener que pagar”.
