La reciente detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, director de la Policía Caminera de Córdoba, sacudió nuevamente a la estructura de las fuerzas de seguridad de la provincia. La medida fue ordenada por el fiscal Guillermo González, quien lo acusa de encabezar una banda que utilizaba información reservada para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios.
Los delitos por los que fue imputado incluyen coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.
Para el especialista en seguridad Jorge Luis Jofré, este escándalo no puede ser analizado como un caso aislado. "Ya no podemos caracterizar estos hechos como situaciones aisladas en la Policía, ya deberían analizarse como un problema de corrupción institucional", sentenció.
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Jofré señala que en Córdoba —y en otras jurisdicciones del país— persiste un modelo policial de raigambre castrense que reproduce lógicas jerárquicas cerradas, con escasa permeabilidad al control civil. "Se enseña a los agentes a ser leales al jefe, más que al sistema. Esa subordinación jerárquica rígida genera insensibilidad ante la corrupción y facilita el ocultamiento", advierte.
Este patrón no es exclusivo de la Policía Caminera. También está presente en la Policía provincial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Servicio Penitenciario. "Son estructuras que no toleran la penetración de la civilidad. Planteamos la necesidad de un control civil objetivo, pero no funcionó. Años atrás se eliminaron los controles internos bajo la premisa de que la Policía no debía juzgarse a sí misma. Se creó el Tribunal de Conducta Policial, pero las reformas duraron poco", recuerda Jofré en diálogo con el programa Data Posta.
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca el especialista es el proceso de naturalización de la corrupción dentro de la fuerza. "El joven policía que empieza su carrera nota rápidamente que las normas no se aplican igual para todos. Ve que las sanciones hacia los jefes no son las mismas que para los subordinados. Observa ventajas, y si no cuenta con una fortaleza ética consolidada, terminará usando esa información en su propio beneficio", advierte.
Por eso, Jofré plantea la necesidad urgente de discutir el modelo policial en su conjunto. "Una falta que tenemos como sociedad es que no hemos discutido un modelo policial que data del año 1870. Fue planteado para otra sociedad, para otro tipo de problemas, para esa ciudadanía que entendía que la Policía podía estar entregada sujetos más bien de perfil militar".
"Es tiempo de pensar políticas de recursos humanos, revisar las escuelas de formación, los criterios de ascenso y los mecanismos de rendición de cuentas", reclamó.
Y concluye: "La Policía es una de las organizaciones más costosas para el Estado. Siendo una organización tan cara, debería ser más eficiente y mucho más transparente".
