Lázaro y la Justicia

En apenas un mes presentó cinco escritos ante la Justicia. Sumó cuatro abogados nuevos a los que ya tenía. Fue imputado en una causa junto a su hijo Martín. Fue llamado a prestar declaración indagatoria. Denunció a Federico Elaskar, a Leonardo Fariña, a Jorge Lanata. Pidió que se intimara a Artear SA. No descartó denunciar a Elisa Carrió. Los caminos judiciales que transitó Lázaro Báez en pocas semanas fueron por demás intensos. Y, entre tanto, también se hizo tiempo para decir lo suyo. Habló de una “Justicia lenta”, dijo que no tiene a quién acudir y, cuando se le preguntó si confiaba en la Justicia, eligió como respuesta el silencio.
Las denuncias del mes de abril y mayo de 2013 no fueron las primeras incursiones judiciales del empresario. Conoció el rubro cuando era gerente de crédito del Banco Santa Cruz, en 1991. Los diputados que pertenecían al Mofesa, partido fundado por Arturo Puricelli, señalaban a Báez y a Néstor Kirchner, por entonces gobernador, como responsables de la entrega de “créditos incobrables”. (...)
La relación y las fechas fueron señaladas por la legisladora Carrió como un hecho más causal que casual. “De Vido fue el ministro con mayor poder después de Kirchner, con un manejo de fondos superior a los 35.800 millones de pesos”, especificó en la ampliación de la denuncia efectuada en 2008. En cuanto a la concentración de grupos económicos, la investigación planteó un “esquema de negocios y amistad” sostenido en el tiempo desde que Kirchner fue gobernador de Santa Cruz. “Hay una concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones no surgiendo nuevos oferentes, escasa diferencia de cotizaciones y alternancia en las adjudicaciones y sobreprecios”, decía el documento.
Se escuchó entonces el nombre de Lázaro Báez junto a su constructora Austral Construcciones, y para el año 2008 la denuncia penal fue ampliada –conocida ya como la “megacausa”–, y allí se nombraron otras constructoras vinculadas al empresario: Kank y Costilla, Palma SA, Badial y Gotti SA. “En el año 1990 el señor Báez tenía como únicos activos tangibles un Ford Falcon modelo 72 y una humilde vivienda”, destacaron los querellantes. Lázaro negó todo tipo de sociedad comercial con Néstor Kirchner, y expresó que sólo le construyó en el año 2005 unos departamentos con Austral, pero que ello no implicaba tener juntos una sociedad comercial, sino un fideicomiso para la realización de los diez departamentos ubicados en la ciudad de Río Gallegos. Sin embargo, Elisa Carrió insistió en que había una especie de “círculo de negocios” donde Palma SA y Gotti SA ganaban licitaciones que después mediante actas de directorio se las cedían a Austral Construcciones. Gotti, ya a punto de quebrar, le otorgó los derechos de cobro a la financiera Invernes (mal llamada en Río Gallegos, y a modo de chiste, “Inversiones Néstor”), que comparte domicilio en Capital Federal con las empresas de Báez en Carabelas 241. Todo esto fue “cosa juzgada”, según señaló Lázaro y nunca más quiso hablar de esas denuncias. Las calificó como carentes de fundamentos y difamatorias. Ya en 2005, Carrió había presentado una ampliación de la denuncia penal realizada dos años antes (Expediente N° 15.734/08) para que se investigara “la conducta de Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa, Ricardo Jaime, Cristóbal López y Lázaro Báez”. Se los señalaba como responsables de una asociación ilícita. Carrió los denunció por establecer una “matriz de corrupción” señalando como “su jefe a Néstor Kirchner”. La denuncia planteaba una “concentración empresaria en distintos sectores de la economía”, “la adquisición de empresas estratégicas por medio de empresarios, hasta ese momento desconocidos, cercanos al ex presidente” y “la presentación ante la opinión pública de que dichas operatorias responden a un gobierno que defiende el Estado”.
También se señaló al holding de empresas de Báez por cobrar sobreprecios a través de las obras. (…)
Fue una causa internacional la que lo colocó en el centro de la escena: una acusación por presunto lavado de dinero. Báez y Austral Construcciones nuevamente estaban bajo la lupa de la Justicia. Desde el Juzgado Federal de Río Gallegos recuerdan la solicitud de documentación de diversas dependencias estatales de Santa Cruz vinculadas a la empresa Austral para conocer su solvencia económica. En aquel entonces, Gerardo Caamaño, el juez a cargo del fuero, remitió el pedido de información a las correspondientes oficinas del Estado. La denuncia por lavado apuntaba al año 2005, cuando Jorge Obeid estaba en la mitad de su segundo mandato como gobernador de Santa Fe, y Lázaro Báez, a través de Austral Construcciones, se presentó a una licitación para la venta de maquinaria. Ganó sin mayores sorpresas y así logró venderle 140 motoniveladoras a la provincia por un valor de 16.498.006 dólares. Los legisladores Raúl Lamberto, Hugo Marcucci y Alicia Gutiérrez aseguraron que hubo sobreprecio. Dijeron que el valor real de cada vehículo era de 59 mil dólares. “Si se le agregan los costos de fletes, seguros e impuestos, la suma no supera los 91.818 dólares por unidad”, consignaron. Además, apuntaron a la empresa de Báez por no ser proveedora del Estado santafesino y subrayaron que entre sus objetos sociales no figuraba la compraventa de máquinas. Junto con la denuncia por sobreprecio, se comenzó a sospechar del proceso de exportación de las motoniveladoras. Austral debió depositar 10 millones de dólares en una cuenta del Banco de Liechtenstein, la transacción financiera no se ajustó a los estándares estipulados por la entidad bancaria y las sospechas recayeron sobre la constructora de Lázaro Báez. La situación le implicó un embargo de la suma depositada por la empresa. Los representantes del directorio de Austral reclamaron el dinero bloqueado. Hablaron de dinero proveniente de actividades comerciales y de la compra de títulos en las islas Bahamas para justificar el movimiento de esos fondos.(...)
La compra de estancias en la inmensa extensión santacruceña fue motivo de otra presentación judicial. En el año 2009 la dirigente del ARI en la provincia, Mariana Zuvic, pidió que se investigara al empresario por la adquisición de doce estancias en el lapso de seis meses (unas 182 mil hectáreas) por el valor de 37 millones de dólares. El pago se hizo en efectivo, según la referente política, con el agravante de que dichas tierras deberán ser inundadas para el inicio de la obra hidroeléctrica que demandará una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. El empresario, entonces, recibirá una indemnización del Estado provincial, le pagarán el valor fiscal de las tierras. Lázaro aclaró que con su familia había tomado la decisión de donar el dinero correspondiente a las tierras para las escuelas rurales de la zona. “Yo las compré sin saber que serían utilizadas para las represas y, llegado el caso, ya informamos que se donará ese dinero.” En 2012, durante una entrevista que le concedió a Cadena 3, agregó: “Compré las estancias que quería y no soy multimillonario”. Báez no escondió la molestia que le produjo la denuncia de Zuvic y la demandó por “daños y perjuicios”. El expediente fue a parar al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Enrique Arenillas. El empresario recibió su primer revés judicial. El magistrado consideró que las declaraciones vertidas por Zuvic “no deben entrañar reacciones que en rigor signifiquen una frontera infranqueable para la libertad de expresión”. Entre los argumentos, citó las garantías contenidas en la Convención Americana, las cuales “fueron diseñadas para ser las más generosas y reducir en un mínimo las restricciones a la libre circulación de ideas”. (…) Cuando Lázaro Báez volvía a la comodidad que le significaba el silencio y su perfil bajo, llegó el programa de Jorge Lanata. El 14 de abril fue un antes y un después en su vida familiar y empresarial. Lázaro Báez fue señalado como responsable de una red de lavado de dinero a través de su empresa Austral Construcciones. Lo vincularon en una presunta asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y le apuntaron a su hijo Martín Báez como eslabón fundamental en la cadena de negociaciones. “El empresario K” fue el rótulo que ya no pudo negar ni sacarse de encima.
La nueva temporada del programa Periodismo para todos presentó la investigación titulada “La ruta del dinero K”. Apuntó a Lázaro Báez como responsable de sacar del país millonarias sumas de dinero con destino a paraísos fiscales. “Esta ruta empieza con Lázaro Báez y Néstor Kirchner en Santa Cruz; la plata la traslada Leonardo Fariña a la casa de su padre en La Plata y llega a la cueva de Federico Elaskar; Fabián Rossi la traslada hasta Panamá y luego va al banco Lombard Odier de Suiza, cuya cuenta fue cerrada a principios de 2012, por sospechas de la procedencia del dinero”, relató Lanata en PPT.
Durante el programa se escucharon los testimonios de Leonardo Fariña (marido de la modelo Karina Jelinek), que habló de una suma aproximada de 55 millones de euros, que salieron del país en un período de seis meses, con destino final en Suiza para ingresar al sistema legal, lo que calificaron como “lavado de dinero”. Fariña –llamado “el valijero”– oficiaba de operador financiero, armando las operatorias que permitían el envío de dinero a través de la empresa SGI, que le pertenecía a Federico Elaskar, otro de los testimonios presentados esa noche, que incluso habló de temer por su vida tras recibir amenazas de muerte. Fariña dijo que fue estafado por un contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, quien hoy cumple todas las funciones que él tenía, y confirmó que Gadín se había quedado con la financiera SGI, que le pertenecía a Elaskar (una firma de la que se desprendió tras diversas amenazas).
El entramado financiero incluyó la creación, según los testimonios, de más de cincuenta empresas. A Fabián Rossi (esposo de la actriz Iliana Calabró) se lo señaló como mediador en las operaciones que se realizaron en Panamá. El único que no se retractó públicamente fue Rossi. A los pocos días de conocida la cámara oculta a Fariña y el testimonio de Elaskar, ambos desmintieron sus testimonios. La frase del esposo de Karina Jelinek quedó para el recuerdo: “Lanata quería ficción y le di ficción”. De esa forma, dijo que nada de lo planteado era cierto y pidió disculpas públicas a Lázaro Báez por nombrarlo y señalarlo. Esto sucedió en Intrusos, el programa de Jorge Rial que se transmite por América. Por su lado, Federico Elaskar, en el mismo canal del empresario Daniel Vila, pero en el programa de Rolando Graña, negó sus dichos. A raíz de las retractaciones, por unas semanas se habló de una estrategia oficial: la de farandulizar el escándalo político.
(…) Cincuenta y seis días después de la primera denuncia, el 6 de junio, a las diez de la noche, miembros de la Gendarmería Nacional ingresaron en el Banco Santa Cruz con un objetivo: las catorce cajas de seguridad que la entidad había reconocido que estaban a nombre de Báez. Dos horas después, a las doce de la noche, se abrieron las puertas del Banco, y los gendarmes retiraron un gran cajón de madera, pintado de color verde y con un candado y una caja negra de menor dimensión. El personal jerárquico del Banco se retiró muchas horas después. Unos meses más tarde, la entidad reconoció que Lázaro y su hijo Martín se anticiparon a la Justicia y revisaron con minucia las cajas antes de que fueran incautadas. A una noche larga, le siguió una mañana agitada: cerca del mediodía se desarrolló un segundo allanamiento vinculado a la denuncia de Elisa Carrió sobre la presunta bóveda desmantelada. Los allanamientos, ordenados por el juez Casanello, incluyeron un galpón donde guardaba sus autos de alta gama conocidos como “la flota negra” (porque todos eran vehículos de ese color con vidrios polarizados); la estancia Alquinta, situada a 85 kilómetros de Río Gallegos, camino a la localidad de El Calafate, y la chacra 39, la misma que el propio Báez abrió para que los periodistas recorrieran en una noche de frío y estupor. En dos de los allanamientos estuvo presente Lázaro Báez. Su aparición fue en el galpón, después de que se disparara dos veces la alarma del lugar (algo previsible si se tiene en cuenta que los gendarmes irrumpieron en la propiedad rompiendo la puerta). “¿Por qué no pidieron la llave?”, les cuestionó Báez. Más tarde, la jueza federal subrogante Andrea Askenazi fiscalizó el allanamiento en la chacra de Báez. Al mismo tiempo, se ejecutaron la orden de allanamiento en la estancia Alquinta y una segunda requisa al Banco Santa Cruz. Ese 6 de junio cerró con otra noticia. La jueza Askenazi citó a Sergio Triviño y Fabián Coli, los supuestos autores de las fotografías que revelaban el desmantelamiento de la bóveda del empresario. Hubo testimonios cruzados y desmentidas por parte de Triviño, quien entre otras cosas dijo no haber visto a Báez más de dos veces en su vida. Al salir del Juzgado, Triviño sólo dijo: “Gracias a Dios, sigo trabajando en Austral”. El lunes 10 de junio, la semana arrancó con Leonardo Fariña y Federico Elaskar en Tribunales. El ex dueño de la financiera que funcionaba en Madero Center declaró no conocer a Báez y después sostuvo que Daniel Pérez Gadín, el contador del empresario, le quedó debiendo 750 mil dólares. “Respondí todas las preguntas del juez (Sebastián Casanello) y el fiscal (Guillermo Marijuán)”, dijo, por su parte, Fariña. E insistió en que la cámara oculta que le había plantado Lanata era “todo ficción”. El broche de oro del día fue una entrevista que Lázaro Báez le dio a su propio diario. Por tercera vez eligió Prensa Libre para realizar una suerte de descargo. “Báez recibió a este diario en su casa, haciendo un parate durante una cena familiar con un busto de Evita de fondo en el quincho de su propiedad. Arrancando la charla se definió ‘evitista’ y ‘kirchnerista’, y manifestó su compromiso de acompañar a la Presidenta hasta el final de su mandato”, decía el primer párrafo. La pregunta final fue: ¿Cómo sigue para adelante la situación? “Sin escondernos, dando todas las respuestas que la Justicia nos solicite. Trabajando como todos los días o, lo corrijo, más aun”, dijo, como hablándose a sí mismo.