La informalidad laboral depende del costo que enfrenta una empresa cuando decide ordenar su plantilla y pasar a blanco una relación que venía fuera del sistema o declarada a medias. Sobre ese punto avanzó ahora el Gobierno, con la reglamentación del régimen de Promoción del Empleo Registrado, una herramienta que ofrece quitas de deuda que llegan al 90% y planes de pago de hasta 72 cuotas para empleadores privados que regularicen trabajadores.
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La medida fue oficializada este jueves 11 de junio por ARCA a través de la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma implementa el capítulo laboral de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y fija los requisitos, plazos y condiciones para que las empresas puedan adherir al régimen. El objetivo, según surge de la norma, busca ampliar la base de empleo registrado sin trasladar a las compañías todo el peso acumulado de años de incumplimientos previsionales.
Quiénes pueden entrar al régimen de Promoción del Empleo Registrado y hasta cuándo hay tiempo
El régimen alcanza a empleadores del sector privado que regularicen relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que sigan vigentes al momento de la adhesión.
Incluye dos situaciones: trabajadores directamente no registrados y casos de registración deficiente. En esta última categoría entran, por ejemplo, empleados declarados con una fecha de ingreso posterior a la real o con una remuneración inferior a la efectivamente percibida.
La ventana para adherir estará abierta hasta el 28 de noviembre de 2026. La regularización podrá alcanzar obligaciones devengadas hasta octubre de este año y los sistemas de ARCA estarán disponibles desde el 16 de junio. En los hechos, el Gobierno busca que las empresas usen los próximos meses para recalcular su situación laboral y previsional antes de que el régimen cierre.
Hasta cuánto asciende la quita en la deuda para quienes "blanqueen" personal
El principal atractivo está en la condonación de deuda.
- Para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, la quita será del 90% sobre la deuda de aportes, contribuciones e intereses con destino a distintos subsistemas de la seguridad social.
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- Para medianas empresas tramo 1 y 2, el perdón será del 80%.
- Para el resto de los empleadores, del 70%.
Además, ARCA estableció una condonación total de la deuda vinculada al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Es un punto relevante porque baja el costo de entrada al régimen y puede volver más viable la decisión de formalizar en sectores donde la informalidad convive con márgenes ajustados, alta rotación o estructuras administrativas débiles.
La deuda que no quede condonada podrá pagarse al contado o mediante un plan de facilidades. Si el empleador opta por cancelar al contado, tendrá una reducción adicional del 50% sobre el saldo remanente. Si elige financiar, el plan tendrá una tasa mensual del 1%, con cuotas iguales y consecutivas.
En cuántas cuotas se puede pagar la deuda
La cantidad de cuotas dependerá del tipo de contribuyente.
- Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán acceder a hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3%.
- Las medianas empresas tendrán hasta 48 cuotas, con un anticipo del 4%.
- Para el resto de los empleadores, el plazo máximo será de 36 cuotas y el pago a cuenta, del 5%.
En todos los casos, la cuota mínima y el anticipo mínimo serán de $50.000.
Cómo se realiza el trámite del "blanqueo" de personal en negro o mal registrado
El trámite se realizará a través de los servicios digitales de ARCA.
- Para trabajadores no registrados o con fecha de ingreso mal declarada, los empleadores deberán usar “Simplificación Registral” e identificar la regularización con los códigos de modalidad de contratación específicos previstos por la norma.
- Cuando el problema sea una remuneración declarada por debajo de la real, deberán informar la diferencia mediante “Declaración en Línea”.
La resolución también contempla casos en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial. Es decir, no solo podrán ingresar situaciones espontáneamente declaradas por el empleador, sino también relaciones laborales ya detectadas mediante actas de inspección, siempre que la deuda no haya sido cancelada. Esa inclusión le da al régimen un costado pragmático: busca cerrar conflictos abiertos y convertir deuda potencialmente incobrable en regularización efectiva.
La medida busca que empresas como las pymes puedan resolver un problema que no es únicamente el costo laboral corriente, sino el pasivo que se acumula cuando una relación irregular se intenta ordenar. Multas, intereses, aportes omitidos y diferencias salariales pueden convertir la formalización en una cuenta difícil de afrontar. El Gobierno intenta atacar ese cuello de botella con una combinación de perdón fiscal y financiamiento blando.
El otro lado de la discusión es el sistema previsional y de seguridad social. La condonación implica resignar parte de una deuda ya generada, pero el oficialismo apuesta a que el beneficio neto aparezca hacia adelante: más trabajadores declarados, más aportes corrientes, más trazabilidad laboral y una base contributiva más amplia. La clave será si el régimen logra sumar empleo formal real o si termina funcionando solo como una ventana para regularizar situaciones puntuales sin cambiar la dinámica del mercado laboral.
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La efectividad también dependerá de la respuesta empresaria. En sectores intensivos en mano de obra, como comercio, gastronomía, construcción, servicios personales o algunas economías regionales, el incentivo puede ser significativo. Pero la decisión de blanquear no depende solo de la quita: también pesa la expectativa sobre ventas, presión tributaria, litigiosidad laboral, acceso al crédito y estabilidad macroeconómica.
Por eso, más que una medida aislada, el blanqueo laboral será una prueba sobre la capacidad del Gobierno para bajar el costo de formalizar. Si la economía acompaña y las empresas perciben que el nuevo esquema reduce riesgos, el régimen puede convertirse en una puerta de entrada para trabajadores que hoy están fuera del sistema. Si no, quedará como otro capítulo de regularización con impacto limitado.
La resolución ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque la operatoria quedará plenamente disponible desde el 16 de junio. Desde entonces, las empresas tendrán poco más de cinco meses para decidir si entran al régimen. La pregunta de fondo no será solo cuántas adhieren, sino cuántas relaciones laborales pasan efectivamente a la formalidad y permanecen allí cuando se terminen los beneficios.
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