El superávit fiscal del primer trimestre se explicó, en gran parte, por el recorte del gasto público. Javier Milei lo anunció en cadena nacional y agregó que “la era del Estado presente ha terminado”. Los gastos en jubilaciones, educación, salud y subsidios explicaron parte del ahorro, pero impactaron directamente en la vida de los argentinos. Jubilados, docentes, clubes de barrio, comerciantes y personas con enfermedades poco comunes son las que financian el superávit. Las historias de algunos de ellos.
HISTORIAS. Mirta Hashioto y su familia. Esperan la medicación de la DADSE desde febrero. |
CEDOC
En la cadena nacional que anunció el superávit fiscal, el presidente Javier Milei dijo que “la era del supuesto Estado presente ha terminado” y que este logro fiscal “no sería posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos”.
Mirta Hashimoto (49) es la mamá de Cielo, que tiene 14 años y fue diagnosticada con lupus en diciembre. En enero recibió por primera vez la medicación por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Esa fue la última vez que contó con la cobertura. “En diciembre mi hija comenzó con algunos síntomas de descompensación. Estuvo internada en el hospital Posadas, en terapia intensiva. Tiene lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune”.
Para los padres de Cielo, ambos sin trabajo, la única alternativa era recurrir al Estado. “Esta enfermedad para nosotros es nueva. Ataca a los órganos vitales”, explicó Hashimoto a PERFIL.
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Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los servicios sociales sufrieron importantes bajas en relación a la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2023. En el caso de la salud la caída fue del 35% en términos reales.
“En diciembre hicimos los trámites en la Dadse. Nos dijeron que teníamos que trabajar con dos farmacias, pero en ese momento ninguna tenía la medicación. Lo que nos decían es que lo que estaban dando era la medicación que había quedado remanente del gobierno anterior. Fuimos de vuelta a la Dadse para ver qué hacíamos y nos dijeron que en 15 días íbamos a recibir la medicación. Así fue”, comentó Hashimoto.
Pero en febrero la Dadse estuvo cerrada por unos días, y cuando abrió no había firma para las autorizaciones, explicó. “Logré que me atiendan y me dijeron que se iban a poner en contacto con nosotros en 10 días para reasignarnos una nueva farmacia. De ahí, nunca más”, concluyó.
Según CEPA, la caída del gasto en salud fue del 35% en términos reales
Rosario Muñoz (68) es jubilada, cobra poco más que la mínima y sigue trabajando. “Soy maestra particular de primaria, cobro poco porque son familias humildes. A veces los pequeños meriendan conmigo, nos ayudamos mutuamente”, afirmó.
Las jubilaciones explicaron el 35% del ahorro del Estado para lograr el superávit del primer trimestre.
“Para llegar a fin de mes me he prohibido de muchas cosas: alimentos compro en oferta lo que necesito y lo justo, reduje el consumo de colectivo y trato de hacer todos los trámites una vez al mes”, explicó Muñoz. “Espero las facturas de los servicios con angustia, no hay cuenta que cierre, a veces pago fuera de término o pido prestado”, concluyó.
Marys Estela Alcaraz (72) cobra la mínima y sigue trabajando. “Antes tenía peluquería y ahora tengo que hacer algunos trabajos, a pesar de que tengo asma crónica”, aseguró. “Ni hablar de las tarifas, que son altísimas y realmente me cuesta muchísimo llegar a fin de mes”.
Durante muchos años, trabajando en su peluquería, Alcaraz estuvo aportando a una AFJP. “Después hicieron un prorrateo y entonces terminé con la moratoria, pero con unos años de aporte”. Como ella, 9 de cada 10 mujeres pudieron acceder a la jubilación mediante este mecanismo.
La educación, en todos sus niveles, también fue una gran perdedora en la ejecución de las partidas presupuestarias del primer trimestre del año. En particular, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las universidades aportaron el 3% del ahorro interanual del gasto primario.
“Ya hay categorías de cargos docentes universitarios que han caído por debajo de la línea de pobreza. No había salario docente que estuviera por debajo de la línea de pobreza en noviembre de 2023”, explicó Elba Andrea Pedernera (52), docente de la Universidad Nacional de San Luis. “Este recorte pone en riesgo la continuidad, no solo del intercambio docente-estudiante, sino también de los proyectos de investigación y de extensión que tenemos en las universidades públicas”.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), durante el primer trimestre los fondos asignados al pago de salarios registraron una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente.
“También hay que ver cuestiones como el funcionamiento del comedor universitario, la compra de los libros para las bibliotecas y la compra de los materiales para la investigación”, agregó Pedernera. “Me parece que es clave trabajar con la comunidad universitaria en particular, pero también con la sociedad en general acerca de la situación actual de las universidades. También hay que escuchar otras posiciones políticas acerca de la problemática. Entonces, a partir de ahí, podemos trabajar en conjunto de qué manera vamos a sostener la educación pública frente a esta arremetida económica”, concluyó.
La quita de subsidios a la energía representó un 9% del ahorro del Estado durante el primer trimestre. Entre los más afectados están los clubes de barrio. “La luz pasó de costar 170 mil pesos a 800 mil”, explicó Adrián Fernández, presidente del club Nolting. “Lamentablemente nosotros, por ejemplo, le brindamos muchos de nuestros espacios a dos escuelas públicas de nuestra zona de influencia, para que los pibes puedan venir a hacer educación física. Pero bueno, lógicamente todo esto implica que haya luces prendidas y no sé si vamos a poder seguir sosteniendo esto”.
Hasta ahora el club está destinando los ahorros previstos para obras de infraestructura en becas para que los socios puedan seguir. En momentos de crisis como el actual, además, “aumenta automáticamente la morosidad del pago de las cuotas sociales, que es el único ingreso genuino que tienen nuestras instituciones. Pero como nosotros no dejamos a nadie afuera por falta de pago, lo único que hacemos es aumentar la cantidad de becas”, agregó.
Jorge Olivera (58) tiene un comercio en Entre Ríos y es presidente del Centro de almaceneros de Concepción del Uruguay. “Tuvimos un aumento del 123% en las tarifas y ya sabemos que va a haber dos aumentos más de la energía. Además, las ventas bajaron y comenzamos a vender fraccionado: por ejemplo, si quieren medio kilo de azúcar, vendemos medio kilo”.
La caída en los salarios (que en el caso del Estado representaron el 7% del ahorro) también impacta en los pequeños comercios.
“Nosotros no tenemos gran capital, no tenemos una gran espalda para afrontar estos problemas que estamos teniendo”, explicó Olivera. “Los problemas de nuestros clientes los tomamos como propios, porque nos consultan si les podemos fiar 10 o 15 días porque no les alcanza, pagan la luz y no les queda para comer. Ahí aparecemos nosotros, los almaceneros, que brindamos un servicio en el barrio. Esa es la realidad, pero la soga nos aprieta cada vez más”, sintetizó.
