La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de avanzar con una baja de retenciones para la próxima campaña agrícola fue recibida con alivio en el campo, pero encenderá una luz amarilla para la hoja de ruta fiscal y sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Informes privados señalan que el costo fiscal de la medida oscilará entre los USD 550 y USD 700 millones para 2026. LCG estimó que el sacrificio será de USD 687 millones, una cifra que equivale exactamente al 0,10% del Producto Bruto Interno (PBI).
Ese monto representa la totalidad del "colchón" fiscal que el Ejecutivo tenía previsto para el año próximo. En el diseño del plan económico para 2026, el equipo que lidera Caputo se había permitido una relajación de la meta de superávit primario de 0,1 puntos respecto a este año (apuntando a un 1,5%). Con la baja de derechos de exportación anunciada, ese margen de alivio ya está asignado al sector del agro.
Baja de retenciones: contradicción con el Presupuesto
La medida también expone una contradicción con el plan oficial. El anuncio choca de frente con los números plasmados en el proyecto de Presupuesto 2026 que el propio Ejecutivo envió al Congreso.
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En el texto de la ley de leyes, el equipo económico proyectaba que la recaudación por Derechos de Exportación crecería, pasando del 0,95% al 0,98% del PBI. Sin embargo, la decisión administrativa va en la dirección opuesta, recortando alícuotas en lugar de sostenerlas. Esto obliga a recalcular los ingresos: o bien el Gobierno espera un boom de volumen exportado que compense la menor tasa —una apuesta al clima siempre peligrosa— o deberá recortar gastos en otras partidas para que los números cierren.
La danza de los millones: el impacto real
La consultora Equilibra aportó una mirada apenas más conservadora, pero en la misma línea de advertencia. Calculan un costo directo (ceteris paribus, es decir, si todo lo demás se mantiene constante) de USD 550 millones para 2026.
Pero, la entidad hizo una salvedad importante: este número es un costo "bruto". El impacto neto en las arcas del Tesoro podría ser menor si se activa un círculo virtuoso. La teoría oficial es que, al mejorar la rentabilidad del productor, habrá mayor inversión en tecnología, más área sembrada y, eventualmente, un repunte en el consumo en el interior del país que mejore la recaudación de otros impuestos (como IVA o Ganancias).
Oxígeno para los inquilinos de campos
Mientras tanto, el frente productivo respira. El análisis de los números finos del agro muestra que la medida permitirá evitar una caída en la siembra. El dato clave está en la "capacidad de pago" de los arrendamientos. Por primera vez en el año, la ecuación para alquilar campo da positiva. }
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Antes del anuncio, la brecha entre lo que un productor podía pagar y lo que el dueño del campo pedía era negativa (-9 USD/ha). Con la baja de retenciones, esa ecuación se invierte y pasa a terreno positivo (+10 USD/ha), calculó Equilibra. En términos reales, esto mejora la capacidad de pago del productor en un 6% (sube de 317 a 336 USD/ha), destrabando contratos de alquiler que estaban frenados por la falta de rentabilidad.
Ganadores y perdedores relativos
Finalmente, la letra chica del anuncio muestra que el beneficio no es parejo. La baja de 2 puntos porcentuales para la soja (y sus derivados), el trigo y la cebada contrasta con la reducción de solo 1 punto para el maíz, el sorgo y el girasol. Esto altera los márgenes relativos y podría volcar la decisión de siembra hacia la oleaginosa en detrimento de los cereales, modificando el mapa productivo del 2026.
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