La movilidad previsional "no debería ser menor al 50 por ciento", según un estudio privado

El aumento del 13 por ciento dispuesto por el Gobierno, por orden de la Corte Suprema, a todos los haberes jubilatorios a partir de 2007 sería un fiasco. Por lo menos, así lo estima un informe del Instituto para el Desarrollo Social (Idesa), que sostiene que para recomponer los haberes mayores a la mínima sería necesario un aumento de, al menos, un 50 por ciento.

"El incremento implica que se mantendrán las pérdidas acumuladas por los jubilados que cobran por encima del haber mínimo. En otros términos, significa que se sigue usando la licuación de jubilaciones como mecanismo para generar caja. Igualmente, se debilitará la solvencia fiscal, porque se avecina una nueva ola de juicios contra la Anses", afirma el documento.

Los especialistas de Idesa explican que, si se supone que el ajuste del 13% propuesto por el Poder Ejecutivo rige desde enero del 2007 y que la inflación promedio de ese año será del 10%, las variaciones del poder de compra de los haberes previsionales respecto a 2001 serán: los jubilados que percibían, en 2001, el haber mínimo experimentarán una mejora real del 56%. Los que cobran entre la mínima y 1000 pesos habrán sufrido una pérdida de un 27% en relación al Indice de Precios al Consumidor (IPC). En tanto, los que cobran haberes mayores a 1000 pesos sufrirán una pérdida del 33%.

"La apuesta oficial parece ser que el Poder Judicial acepte algunas definiciones que son muy sensibles desde el punto de vista jurídico, económico y social", señala el documento.

¿Por qué? Porque, no se define un índice de aplicación automática para regular la movilidad. Además, se ignora en su totalidad la deuda acumulada por falta de movilidad en el periodo 2002/06 y se considera que una pérdida de poder adquisitivo del orden del 33% en el valor del haber previsional "no viola la Constitución Nacional".

Para recomponer los haberes previsionales de los que ganan por encima de la jubilación mínima sería necesario un "ajuste del orden del 50%", sentencian en Idesa.  "Adicionalmente, es necesario el reconocimiento y pago –aunque sea en bonos– de la deuda y la determinación de un mecanismo automático de movilidad para el futuro", agrega.

Y aunque esta decisión implicaría más gasto publico en 2007, "la estrategia en la que insiste el Poder Ejecutivo –de generar superávit fiscal en base al retraso de los haberes previsionales– es una ficción contable. Violando el derecho a la movilidad previsional se pueden conseguir en el corto plazo muy buenos resultados “de caja”. Pero en términos de solvencia fiscal de mediano plazo la situación es precaria porque los fallos del Poder Judicial terminarán explicitando derechos que ampara la Constitución Nacional".