Esta semana de agosto el Gobierno presentó el nuevo cuadro de segmentación de tarifas que se aplicará a los usuarios residenciales de los servicios de luz, gas y agua que, además de los impactos en las boletas individuales de los usuarios; en las últimas horas surgió preocupación por los efectos que tendrá la quita de la asistencia estatal en diferentes predios que ofrecen distintas actividades como consorcios, unidades recreativas y sociales, así como en el sistema de salud.
A pesar de que la secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que las “familias de menores ingresos no van a sufrir la suba de tarifas” y “no hay ningún tipo de discriminación por uso de los espacios, sino que en el caso de la energía y el gas se estableció una serie de topes por consumo para delimitar el mantenimiento de los subsidios, los límites están calculados sobre la base del uso cotidiano de una residencia familiar y no contempla otro parámetro por lo que se espera que los precios se disparen en otras actividades.
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En ese contexto, toda unidad que supere los 400 kwh por mes ingresará a “Nivel 1” y en ese caso perderá la totalidad del subsidio. No obstante, cabe destacar que Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, señaló que: "para los comercios y las pymes no hay segmentación, la segmentación en el gas es por ahora exclusivamente para el nivel residencial", en declaraciones a Urbana Play.
Por ese motivo, la situación más visible es la de los consorcios, cuyo consumo mensual está muy por encima del tope fijado, y, por lo tanto, al utilizar más de los 400 kwh pasarán a pagar la tarifa plena, por lo que además de la factura individual de quienes viven en edificios; se espera que las expensas aumenten por los gastos comunes; esto sumado al incremento salarial para los encargados.
El caso de las clínicas, centros de salud y sanatorios
Según la normativa, otras actividades muy demandantes de energía como las clínicas y sanatorios también se verían alcanzadas por el aumento de las tarifas. Los centros estatales deberán costearlo de las arcas públicas, pero en el caso de los establecimientos a cargo de sindicatos impondrá una rotación que pondrá en jaque las cuentas. Y en el caso de los privados se espera un traslado directo al costo de la cuota mensual que se sumará al aumento bimestral de hasta 11,34% que autorizó el Gobierno para las prepagas a partir de agosto.
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La inquietud y malestar fue creciendo con el correr de las horas y las redes sociales fueron caja de resonancia de la preocupación de los consumidores.
Los clubes sociales, merenderos y comedores
También se puso la lupa sobre los clubes, especialmente aquellos que cumplen funciones sociales y que en la mayoría de los casos son solventados voluntariamente por sus socios. Al igual que en el caso de las prepagas, los clubes de mayor envergadura podrán tomar la opción de recargar las cuotas, pero no es el caso de las instituciones barriales.
Cabe recordar que la presión social obligó a Mauricio Macri a exceptuar a este sector del aumento de tarifas que implementó en 2017.
La situación también promete ser crítica para el caso de los comedores y merenderos donde el incremento en el gas impactará en mayor medida. Si bien desde el gobierno se quiere evitar hablar de “tarifazo”, por el momento la “redistribución con sentido social” no contempla una serie de factores de la sociead que multiplicarán el efecto del aumento anunciado.
Desde del gobierno dejaron trascender que podría haber alguna medida para el caso de los consorcios, pero por el momento no hay precisiones, según consigna NA.
SE / LR
