Finalmente, el Gobierno reglamentó la nueva ley de Economía del Conocimiento. A continuación, se detallará punto por punto los principales aspectos del decreto 1.034 que ya fue publicado en el Boletín Oficial.
En primer lugar, establece que se considerará actividades promovidas por la Ley cuando la facturación en Servicios Basados en el Conocimiento represente al menos el 70% del total facturado por la empresa en los últimos 12 meses. Asimismo, indica que, para poder inscribirse al Registro, las empresas deberán demostrar que el 70% de facturación corresponde a la actividad promovida.
Además, deberán cumplir con dos de tres de los requisitos adicionales:
a) acreditación de normas de calidad.
b) realización de inversiones en capacitación con especial énfasis en aquellas realizadas con el sistema educativo.
c) un porcentaje de exportación, cuando éste se corresponda con bienes o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades de la economía del conocimiento.
En caso de no poder demostrar esa exigencia, la normativa establece criterios como el carácter estratégico de la firma; el porcentaje de personal afectado a las actividades promovidas; y el grado de desarrollo de las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D); la incorporación de las innovaciones a cadenas de valor estratégicas.
Ley de economía del conocimiento: empleo, inversión y divisas
También, se estableció la existencia de unidades de desarrollo e innovación formal dentro de la organización; y la comercialización de productos y servicios nuevos que hayan derivado del uso de las actividades promovidas.
Cabe señalar que toda esa información será corroborada con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), los sindicatos y las sociedades de gestión, entre otros organismos.
Por otro lado, más allá de la reducción de las contribuciones patronales y reducción diferenciada por tamaño de empresa del impuesto a las ganancias que establece la ley; se fijó en 0% la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios para las empresas que cumplan con todos los requisitos de la ley y se inscriban en el Registro.
En ese sentido, desde el Gobierno resaltaron que, hasta el momento, la alícuota que pagaba este sector por los derechos de exportación era del 5%.
La nueva reglamentación también determina que para mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, las empresas deberán validar cada dos años el cumplimiento de todos los requisitos iniciales.
En lo que respecta al Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), desde el oficialismo establecieron que se estructurará a través de un fideicomiso y la tasa de aporte de las empresas a dicho fondo será según el tamaño de empresa. Por lo tanto, las micro empresas aportarán el 1% de los beneficios percibidos; las pequeñas empresas, el 2,5%; y las grandes empresas, el 3,5%.
Los recursos del FONPEC se destinarán exclusivamente al financiamiento de actividades de capacitación y formación de MIPYMES. Los mismos se darán por medio de diferentes instrumentos, como préstamos, Aportes No Reembolsables, bonificación de la tasa de interés de créditos bancarios y garantías, entre otros.
La dirección del FONPEC estará a cargo de un Comité Directivo que contará con seis representantes titulares y seis suplentes designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los mismos, ejercerán sus funciones "ad honorem". Entre otras atribuciones deberán analizar las condiciones de las empresas que pidan financiamiento.
Ley de Economía del Conocimiento: entidades del sector la valoran, pero piden mejorarla
En la actualidad, las empresas de Servicios Basados en el Conocimiento (SBS) exportan cerca de u$s 6.000 millones al año. De este modo, el sector se ubica como el tercer complejo exportador del país. Hoy en día, emplea a más de 250 mil trabajadores, con salarios promedio muy por encima del resto de la economía. Se prevé que para 2030 de trabajo a medio millón de personas.
Solo la industria del software y servicios informáticos aporta alrededor de 7.700 puestos de trabajo y se estima que existen 6.000 vacantes sin cubrir.
