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domingo 23 diciembre, 2018

Violadores: apelar al Estado de derecho y no al juicio político

Abusos y violencia están en la agenda. Se sabe más. Y con el conocimiento, que incluye la educación sexual integral, se vive un proceso de cambio saludable y vertiginoso. La autora se pregunta qué le cabe a la política y qué a la Justicia.

Sabrina Ajmechet

Solidaridad. La causa de Thelma Fardin puso la discusión en el terreno de lo social y político. Foto: cedoc
domingo 23 diciembre, 2018

Los abusos y las violaciones a mujeres ocurren de forma mucho más frecuente y sistemática que lo que querríamos creer. A partir de una denuncia comenzó a salir a la luz una enorme cantidad de testimonios personales que dan cuenta de la extensión del problema. Lo vimos en la televisión, en las redes sociales y en nuestras conversaciones de esta semana. Nos enteramos de compañeras de colegio y de facultad, de amigas de la vida, de colegas e, incluso, de madres de nuestros conocidos –porque esto atraviesa todas las generaciones– que, en algún momento a lo largo de los años, sufrieron algún tipo de abuso sexual.

Cercanos. Como sociedad, nos estamos dando cuenta no solo de que es un hecho habitual sino de que, además, los abusadores y violadores suelen ser personas cercanas. Padres, abuelos, hermanos, hombres con los que una trabaja, personas que tienen una vida perfectamente normal, que cumplen con todos los estándares burgueses del deber ser y que, sin embargo, en algún momento tocaron o penetraron a alguna niña o a alguna mujer en contra de su voluntad.

Se habló poco hasta ahora de esto. En algunos casos, las mujeres temían equivocadamente haber tenido algún grado de responsabilidad en la tragedia que vivieron. En otros casos, buscaban evitar las consecuencias de una posible estigmatización social por lo que sufrieron. El estado público que están teniendo los diversos relatos de estas situaciones y el conocer a otras mujeres que transitaron lo mismo llevan a que se produzca una gran catarata de testimonios. Esto es algo para celebrar ya que, como sabemos, el primer paso para solucionar un problema es darse cuenta de que existe.

Por fin, como sociedad, estamos tomando conciencia. Y estamos conversando, escribiendo, oyendo, pensando. Tenemos más preguntas que respuestas o, al menos, sería virtuoso que así fuera.

Sexualidad. Las cuestiones vinculadas a la sexualidad son siempre complejas. Y se convierten en delito toda vez que el consentimiento no está presente o hay menores involucrados. Ahora bien, en estos casos muchas veces se abre una gran cantidad de problemas de difícil solución. En primer lugar, como decíamos antes, muchos de ellos ni siquiera cuentan lo que les sucedió. Entre los casos de quienes sí realizan la denuncia formal, es habitual que esta no se haga de forma inmediata, sino que suele transcurrir mucho tiempo entre el abuso y la acusación. Esto ya le imprime una particularidad a este tipo de delitos.

Surge entonces una cuestión que es necesario pensar: ¿cómo se prueba una violación o un abuso que sucedió años atrás? Las marcas corporales, si las hubo, desaparecieron. Quedan vestigios psicológicos y los expertos saben leerlos. Eso permite probar que una persona fue abusada, pero no nos lleva automáticamente a encontrar al perpetrador. Y esto es así porque en los casos de delitos sexuales, como en el resto del derecho penal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es la víctima o quien está llevando adelante su defensa quien debe aportar pruebas que incriminen al acusado y es el juez quien decide si es culpable.

El principio de presunción de inocencia implica que hasta que se demuestre la culpabilidad toda persona es inocente, y es un fundamento jurídico que no solo está presente en nuestros códigos sino que es incluso una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este acuerdo parte del entendimiento garantista de que es preferible que una persona culpable quede sin pena antes que condenar injustamente a un inocente.

¿Qué pasa entonces en los casos de abusos o violaciones que ocurrieron hace tiempo y en los que resulta especialmente difícil aportar pruebas que condenen al acusado? La denuncia de Thelma Fardin nos obliga a reflexionar sobre esto. Luego de que ella contara públicamente que fue violada por Juan Darthés, todos nos vimos tentados a juzgar si el acusado era inocente o culpable. Personalmente, tiendo a creer que es positivo creerle a la víctima, y que en temas de abusos sexuales esta es una actitud novedosa, ya que lo que primó a lo largo de la historia fue una desvalorización de los testimonios de las mujeres e, incluso más grave, la culpabilización de la víctima, caracterizándola como puta, como buscona, como mentirosa y en gran medida responsable de lo que le había sucedido, bajo la detestable idea de “algo habrá hecho”. Sin embargo, es preocupante la tentación de abandonar el Estado de derecho y de querer etiquetar como culpable a alguien que todavía no ha sido condenado por la Justicia.

Feminismo. Los últimos días, algunas voces del feminismo apostaron a separar el ámbito judicial del político, argumentando que la presunción de inocencia es jurídica pero que la rebelión feminista es política. Y, problematizando los tiempos de la Justicia y su condición patriarcal, proponen entonces que la sociedad declare como culpable a alguien que todavía no tiene ninguna pena. Esta forma atenuada de justicia por mano propia se justifica a partir de la gravedad del delito, de la falta de herramientas de las instituciones para juzgar correctamente en estos casos en los que aportar pruebas suficientes es tan difícil y en revertir la injusticia histórica de tender a creerles a los hombres y no a las mujeres. Si durante décadas, siglos, se creyó en la palabra de los hombres solo por ser hombres, ahora se plantea la necesidad de invertir esa situación y creerles a las mujeres solo por ser mujeres. Los problemas de esta propuesta saltan a la vista y fueron inteligentemente resumidos en la frase de Rita Segato: “Que la mujer del futuro no sea el hombre que estamos dejando atrás”.

La Justicia argentina es imperfecta y el trato institucional que se les da a las mujeres que denuncian abusos y violaciones, si bien viene mejorando en los últimos años con el Programa de Atención para Mujeres en Situación de Violencia, dista mucho de ser el adecuado. Sin embargo, no tenemos mejor forma de resolver estos delitos que dentro del Estado de derecho. El desafío necesario es que las instituciones se piensen a sí mismas, sean creativas y respondan a las demandas que están surgiendo dentro de su marco legal y legítimo, así como sucedió en 2011, cuando por ley se extendió el plazo de prescripción de delitos sexuales a menores.

Prevención. Otra cuestión sobre la cual, llamativamente, no se está hablando lo suficiente es la prevención. Esta puede cumplir un papel fundamental en los casos que involucran a menores: niños y niñas que cuando son abusados no entienden qué es lo que el adulto –muchas veces de confianza– les está haciendo, ni si tienen que contarlo o mejor callarse avergonzados. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (la ESI) está pensado en este sentido y es necesario que sea implementado en todas las escuelas del país y que los docentes a cargo de este módulo tengan no solo la preparación suficiente sino también la certeza de la importancia de lo que están enseñando.

Los delitos sexuales ocurrieron siempre, ocurren y seguirán ocurriendo. Las herramientas que tenemos residen en hablar más sobre el tema, ser conscientes de su gravedad y frecuencia, acompañar a las víctimas y encontrar la forma de que los culpables sean castigados, todo esto dentro del imperio de las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

Los delitos sexuales en tiempos de grieta

Los partidos políticos modernos nacieron como un lugar de hombres, décadas antes de que las mujeres pudieran votar o que, incluso, pensaran que el ámbito público era un lugar que podían ocupar. Las prácticas que allí se sucedían ni siquiera entran en la clasificación de machismo, toda vez que el machismo es algo relacional y en esos espacios no había mujeres con las cuales relacionarse. Era un espacio exclusivo de los hombres y, como tal, estaba ligado al ejercicio de los peores vicios: la violencia, el alcohol y la prostitución, entre otros. A comienzos del siglo XX existió una gran preocupación por regenerar estos espacios, y allí empezó a surgir la idea de que la participación de las mujeres podía hacer que la política se transformara en algo más virtuoso.

Sin dudas, los años –y leyes como las de cupo– han ayudado a que los partidos políticos sean un lugar más amable para las mujeres pero ninguna persona que haya participado de algún partido tradicional ignora sus características misóginas y machistas. Son instituciones en las que hay maltrato hacia las mujeres, una tendencia a otorgarles roles secundarios y, como vemos ahora, sirven de escenario para delitos sexuales.

Esta semana se denunció a un senador radical y a varios dirigentes y militantes de La Cámpora de abuso sexual, incluso a uno de ellos de violación. Si bien es la Justicia la que debe decir si los denunciados son o no culpables, estas prácticas no sorprenden. Lo que sí resulta llamativo es que dentro de los grupos militantes feministas se haya decidido acompañar algunas denuncias y no decir nada sobre otras, como si a la hora de darles visibilidad a casos de violencia sexual importara quién es la mujer que hace la denuncia y quién es el hombre acusado. Esto desdibuja el importante rol de estas organizaciones, que sería bueno que representaran a todas las mujeres que sufren abusos y no solamente a aquellas que tienen preferencias políticas similares.

*Historiadora UBA.


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