Cualquiera sea el indicador socioeconómico que se tome dirá que los problemas que enfrentan importantes sectores de la población son reales y preocupantes. El mayor desempleo y el menor poder adquisitivo de los salarios dados los aumentos que registra la alta inflación, se traduce en más hogares sumidos en la pobreza. Frente a un panorama como éste resulta comprensible que el movimiento obrero se manifieste, tal como lo hacen otros sectores, organizaciones y ciudadanos. Pero una cosa es hacer públicos sus disensos y sus propuestas, y otra pretender imponer por la fuerza su política económica a un gobierno elegido democráticamente, que la lleva adelante dentro del marco de la ley y respetando la división de poderes. Pretensión agravada por la amenaza de no respetar los mecanismos institucionales para los cambios de gobierno, al proclamarse en un acto público: “O se cae este modelo económico o estos tipos se van”, cuando faltan apenas meses para que la sociedad se expida democráticamente al respecto.
Todo lo cual lleva a pensar que lo que se pretende con este paro nacional es “corregir” los resultados de las elecciones del 2015, reinstalando así el modelo populista vigente hasta esa fecha. Objetivo que no sólo viola toda concepción institucional democrática, sino que es además equivocada como propuesta de políticas, tal como resulta de las enseñanzas que pueden extraerse de nuestras crisis recurrentes. Las mismas nos dicen que más allá de los errores cometidos por este gobierno en cuanto a las medidas más apropiadas para enfrentar la grave crisis heredada, estamos frente a una crisis estructural que lleva varias décadas de agravamientos. Y si esto es así, como lo reconocen diferentes analistas y lo acepta ya gran parte de la sociedad, parece que es hora de reflexionar y de buscar soluciones diferentes a las que se han intentado en las frustradas experiencias anteriores.
Parte fundamental del problema que está en la raíz de nuestras crisis es un fenómeno que si no fuera porque causa daños tan graves parecería poco serio citarlo: el Estado gasta más de lo que recauda. Esto lleva a aumentar la presión impositiva, desalentando así las escasas inversiones productivas, lo que obliga a una mayor intervención del Estado para atender con subsidios y asistencialismo las consecuencias de esas insuficientes inversiones; lo que no hace más que agravar el déficit fiscal. Entonces el problema no es el llamado “ajuste”, dado que el recorte de gastos aparece como esencial y es condición sine qua non para encarrilar la economía, sino cómo se distribuyen las cargas del mismo. Y esto es lo que se definirá, institucionalmente, al discutir el presupuesto para el año 2019 en sesiones parlamentarias donde todo el pueblo argentino estará representado por el conjunto de las fuerzas políticas.
No parece aceptable, ni institucionalmente válido, que un grupo de dirigentes auto-proclamados representantes de los intereses del “pueblo”, decida sustituir por la fuerza un proceso democrático que busca las soluciones dentro de un amplio debate parlamentario con representantes del conjunto de la sociedad. Auto proclamación que choca además con la voluntad mayoritaria de una sociedad que reconoce la necesidad de terminar con el déficit fiscal, como surge de una encuesta de Opinaia de principios de septiembre, la que muestra a un 73% de los encuestados acordando con la afirmación de que “el gasto del Estado es insostenible a largo plazo”, y que en una última medición registra a un 77% apoyando la idea de que “el déficit fiscal es uno de los principales problemas de la economía argentina”.
Hasta ahora los seguidores del populismo habían abandonado los principios republicanos de la Democracia; ahora van por la Democracia misma.
