La investigación sobre la tragedia de Año Nuevo en los Alpes suizos destapó una grave falencia estatal: el bar "Le Constellation", donde murieron 40 personas atrapadas por el fuego, operó durante los últimos cinco años sin someterse a ninguna auditoría de seguridad. El municipio de Crans-Montana admitió oficialmente el vacío administrativo, confirmando que, si bien el local había superado las pruebas en 2016, 2018 y 2019, los controles se interrumpieron abruptamente en 2020 y nunca se retomaron hasta la noche del desastre.
El reconocimiento de la falla quedó en manos del alcalde Nicolas Féraud, quien debió salir a explicar por qué el Estado no detectó el riesgo. Aunque dijo "lamentar profundamente" el saldo fatal, generó polémica al justificar la ausencia de inspectores alegando cuestiones logísticas: sostuvo que revisar anualmente cada comercio es una "tarea exigente" para la estructura de una comuna pequeña. Según su testimonio, que ya integra el expediente penal, él "no estaba al tanto" de que el bar funcionaba sin supervisión desde hacía un lustro.
La confirmación de esta "zona liberada" de controles activó medidas drásticas inmediatas. Las autoridades prohibieron el uso de cualquier tipo de pirotecnia en espacios cerrados dentro del lugar turístico, apuntando directamente a la causa del siniestro: las bengalas en las botellas de champán. Además, la sanción administrativa se extendió al grupo empresarial responsable del boliche, al que se le revocó la licencia de otro restaurante que gestionaban en la zona, bajo la sospecha de que el desmanejo en la seguridad podría ser sistémico.
El expediente judicial avanza ahora sobre las responsabilidades penales. Con la identificación total de las víctimas (en su mayoría adolescentes suizos) y más de 80 heridos todavía internados, la fiscalía evalúa cargos por homicidio involuntario y negligencia. La confesión del alcalde sobre la falta de fiscalización pone a los funcionarios públicos en la mira, ya que deberán responder si la falta de recursos es excusa válida para incumplir el deber de vigilancia sobre locales de alta concurrencia nocturna.
El caso expuso la fragilidad de los sistemas de control en los destinos turísticos de élite. Mientras organismos regionales enviaron auditores externos para revisar de urgencia el resto de los locales del cantón, las familias de las víctimas denuncian que la tragedia no fue un accidente, sino la consecuencia directa de la inacción del Estado y la irresponsabilidad privada. Lo que debía ser una fiesta, se convirtió en una trampa mortal por fallas sin sentido.
Fuego, humo y una trampa acústica
El drama se desató en los primeros momentos del 2026, cuando el subsuelo del local se convirtió en un infierno. Según los peritajes preliminares, la chispa inicial no provino de un fallo eléctrico, sino de la imprudencia: el uso de "fuegos fríos" para celebrar. Esas chispas alcanzaron el revestimiento del techo (placas de espuma para aislación acústica) que resultaron ser altamente inflamables y tóxicas, propagando las llamas a una velocidad que impidió la evacuación.
El saldo final de 40 fallecidos y 115 heridos transformó al siniestro en una de las peores catástrofes recientes de Suiza. La combinación de un aforo completo, materiales de construcción peligrosos y la ausencia de salidas de emergencia claras (factores que una inspección debería haber detectado) selló el destino de los asistentes.
Ahora, la presión social recae sobre la comuna de Crans-Montana. Los sobrevivientes y la opinión pública exigen saber por qué se permitió que "Le Constellation" siguiera abriendo sus puertas sin control alguno post-pandemia, convirtiendo el hecho en una sentencia de muerte para decenas de jóvenes
TC / EM
