Desde Río de Janeiro*
Rodrigo Janot fue una verdadera pesadilla para los políticos brasileños. Durante cuatro años, el ex procurador general de Brasil investigó y acusó por corrupción a funcionarios y dirigentes de todos los partidos. Apenas dos meses después de haber concluido su mandato al frente del Ministerio Público Federal, Janot se decidió a hablar. Tal vez por instinto de autopreservación: el ex procurador enfrenta hoy una dura embestida parlamentaria del gobierno de Michel Temer, a quien este año denunció por presunto pago de coimas.
En una entrevista exclusiva con PERFIL, el principal impulsor de la Operación Lava Jato afirmó que “los próximos tres meses serán cruciales” para saber si la investigación que sacude a Latinoamérica mantendrá o no su vigor en Brasil. Por lo pronto, Janot se congratula de la “transformación estructural” que el caso produjo en la Justicia y en la sociedad brasileñas: “En los bares hoy se habla de fútbol y de causas judiciales”.
—¿La internacionalización del Lava Jato era un objetivo inicial suyo?
—Ocurrió con el devenir del caso. Se prendió una luz amarilla cuando un ejecutivo de Odebrecht nos reveló un acto delictivo cometido en un país latinoamericano. A partir de entonces exigimos que los acuerdos de delación premiada también incluyeran los delitos cometidos fuera de Brasil. Si los empresarios acusados no colaboraban con los MPF de otros países, nosotros podríamos proporcionarles espontáneamente las pruebas.
—¿Y en Brasil? ¿El Lava Jato se está debilitando?
—Es muy pronto para decirlo. Es normal que la nueva gestión del MPF tome cierto tiempo para estudiar las investigaciones. Los próximos tres meses serán cruciales para el destino del Lava Jato. En ese tiempo sabremos si las instituciones brasileñas están maduras, o si todo no fue más que una burbuja en la que las personas indicadas estuvieron en el lugar y el momento correctos.
—¿La absolución parlamentaria de Temer no es síntoma de que la lucha anticorrupción pasó a segundo plano cuando se impuso la agenda económica?
—La Constitución brasileña señala que, si hay una acusación contra el presidente, el Parlamento debe autorizar o no el curso del proceso penal. El juicio parlamentario es un juicio político. El presidente tiene mayoría en el Congreso, la negativa parlamentaria era esperable. Pero el proceso existe y aguarda a que el acusado termine su mandato para responder a las acusaciones.
—Hay una comisión parlamentaria (CPI) que quiere investigarlo a usted por su acusación contra Temer. ¿Se siente un blanco del gobierno?
—Claro que sí. El relator de la comisión es un diputado que defiende abiertamente al presidente. La CPI se formó para investigar créditos públicos recibidos por una empresa del grupo JBS. Pero lo único que hizo fue investigar los acuerdos de delación premiada entre el MPF y JBS [N. del R.: que derivaron en la denuncia por presuntas coimas contra Temer]. El relator declaró a la prensa que quieren “investigar a los investigadores”. Hasta amenazó con llamar a declarar a mi hija.
—¿Se arrepiente de algo en cuanto a los acuerdos de delación premiada?
—No. Actuaría exactamente igual. A mí me buscaron empresarios brasileños y me dijeron que tenían pruebas de que el presidente, un senador y un diputado estaban cometiendo un crimen en curso. Y que una empresa tenía un infiltrado en el MPF que vendía información. El interés público exigía que interrumpiéramos esos delitos.
—Lo que se suele criticar es que la delación premiada se basa en beneficiar a corruptos.
—En este tipo de investigaciones se va contra organizaciones criminales que envuelven núcleos de poder para saquear fondos públicos. Para investigarlas hay que entrar en ellas: conocer su estructura, sus integrantes, qué crímenes practican. No existe otra forma de hacerlo que a partir de una delación. La colaboración premiada es muy criticada en los Estados Unidos porque allí hay delatores que cometen perjurio para beneficiarse. Pero la ley brasileña marca un camino: aquí la delación premiada no es una prueba en sí misma, sino un medio para la obtención de pruebas. Es un poderoso instrumento sin el cual el Lava Jato no hubiera prosperado.
—¿Cree que la Justicia va a impedir la candidatura presidencial de Lula da Silva?
—Desconozco su situación procesal porque esa causa se tramita en Curitiba y no en el fuero federal. Pero la legislación brasileña señala que alguien con condena firme en un tribunal de segunda instancia no puede ser candidato.
—Lula y otros políticos dicen que la Justicia se usa como instrumento de persecusión.
—Es una manera de responder a las acusaciones. Pero las investigaciones se sostienen en un sistema de pesos y contrapesos que impiden eso. No hubo imputaciones de falsos crímenes: los delitos existieron. Se saquearon fondos públicos. Las pruebas son innegables.
—¿Usted pensó en ser candidato?
—No lo pensé ni voy a serlo. Respeto a la política y a los políticos honestos, pero no tengo vocación para eso.
—¿Está conforme con la relación actual entre Justicia y poder en Brasil?
—Aquí solía bromearse con que teníamos la Justicia de las “tres P”: de los pretos (negros), los pobres y las prostitutas. Era una Justicia que no se metía con los sectores de poder. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero eso cambió estructuralmente por varios factores. En los bares de Brasil, hoy la gente habla de fútbol y de causas judiciales. La independencia y la autonomía del MPF fueron claves para ese cambio.
—¿Qué papel cumplen los medios de comunicación en este tipo de investigaciones?
—La prensa libre es un factor decisivo. Le doy un ejemplo. Después de las primeras delaciones contra Eduardo Cunha, no podíamos encontrar la línea investigativa correcta para obtener pruebas. Hasta que un día un periodista me propuso tomar un café. Él tenía la línea correcta. La seguimos y eso terminó en la denuncia contra Cunha. Ahora bien: que la prensa sea libre no impide que los medios digan quién los financia. Los ciudadanos deben saber por qué cierto medio adopta cierta línea editorial. Y más aún si se financia con dinero público.
—Hubo críticas por las filtraciones judiciales a la prensa sobre el avance de las causas.
—En principio, toda la información es pública. Sólo hay dos motivos para que eso no sea así: que la propia investigación requiera reserva; o que la propia persona investigada corra riesgos físicos por la eventual publicación de esa información. Si no, debe ser pública.
“Gils Carbó sufrió presiones”.
—Usted habló de una reacción orquestada de gobiernos de la región contra los ministerios públicos por las investigaciones sobre corrupción. ¿Eso incluye al gobierno argentino?
—Es mucha coincidencia que el procurador general de Perú enfrenta un proceso parlamentario para removerlo; que la ex procuradora de Venezuela fue destituida en cinco minutos por una Asamblea Constituyente jurídicamente cuestionada; que aquí se formó una comisión parlamentaria para “investigar a los investigadores”; que en Panamá hubo una decisión judicial de interrumpir las investigaciones. No conozco los detalles específicos del caso argentino. Sé que la procuradora general renunciará y que estaba sufriendo presiones para que dejara su cargo.
—¿Pero entonces la salida de Gils Carbó es parte de esa reacción orquestada?
—Puede serlo. Si hay vinculación con la investigación de Odebrecht, no puedo decirlo porque no hablé con ella. Lo que sé es que ella se interesó por el hecho, postuló la formación de un equipo conjunto de investigación, estaba dispuesta a llevarla al frente y luego enfrentó ese proceso.
*Reportaje realizado gracias a una residencia en Casa Pública, de Agência Pública, Brasil (apublica.org).
