Desde París Francia tiene su propia Patriot Act, una ley de inteligencia que legaliza el espionaje electrónico a sospechosos de terrorismo y de una serie de delitos políticos y económicos, y suscita temores por la amenaza que representa para las libertades fundamentales. La ley, aprobada por amplia mayoría –438 votos a favor y sólo 86 en contra–, debe ser tratada en junio por el Senado. El presidente François Hollande prometió someterla además al Consejo Constitucional para que “garantice” que “respeta” la ley fundamental del país. La principal inquietud proviene de la autorización de programas para estudiar los contenidos de comunicaciones electrónicas (mails, sms, teléfono, mensajerías y redes sociales). Ese material, que será instalado en las redes de los operadores, permitirá detectar una “sucesión sospechosa de datos de conexión” susceptible de representar una amenaza terrorista, como el tipo de sitios consultados, las palabras clave utilizadas, las contraseñas, recurrencia de contactos y frecuencia de comunicación en circunstancias determinadas (acciones terroristas en el extranjero, por ejemplo). El análisis semántico de esos comportamientos constituye un método lógico para “establecer un perfil” sospechoso. Se trata de los mismos instrumentos que utilizan las empresas de venta por internet –como Amazon o los sitios de viaje– para definir las preferencias y centros de interés de un cliente. Esos algoritmos, bautizados como “cajas negras”, son similares a los que utiliza la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos. “La caja negra se transformará en una caja de Pandora”, advirtió la ex ministra de Cultura, Aurelie Filippetti, una de las pocas diputadas socialistas que se opuso al proyecto. Los servicios de inteligencia podrán acceder a los datos de conexión por internet, historial de las comunicaciones telefónicas, practicar escuchas, instalar videocámaras, balizas para permitir la geolocalización de un vehículo y emplear métodos de espionaje electrónico capaces de interceptar teléfonos celulares en un radio de 500 metros. La mayoría de esas actividades se realizaba regularmente, por lo general con autorización de la Justicia, aunque en ciertos casos también se practicaba en forma ilegal. El gobierno intenta darle un marco legal a fin de prevenir deslices incontrolables, sobre todo en materia de inteligencia electrónica. Se creará una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia (Cnctr), con parlamentarios y magistrados, para evitar abusos del sistema.
El 11-S de los franceses El trauma que provocaron los atentados del 11-S crearon el clima para la aprobación de la Patrioct Act en Estados Unidos. Algo similar sucedió en Francia. Los atentados de enero contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado kosher, crearon las condiciones para imponer –sin demasiada resistencia– un arsenal legal que puede transformarse en un temible instrumento de espionaje político interno. “Con un régimen autoritario, ese sistema puede abrir el camino a todos los abusos”, dijo el diputado Hervé Morin, ex ministro de Defensa. El punto más controvertido es la misión de “impedir la reconstitución o mantenimiento de grupos disueltos”. Este aspecto de la ley pretende prevenir una amenaza política interna, pero puede convertirse en un bumerán. También se temen abusos sobre la defensa de intereses económicos, industriales y científicos mayores del país, lo que puede dar lugar a operaciones de espionaje económico.
