En plena controversia electoral, al menos 87 detenidos por las protestas poselectorales de 2024 en Venezuela fueron liberados parcialmente entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero. Así lo informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que precisó que los excarcelados siguen bajo medidas cautelares y que las causas penales permanecen abiertas, por lo que podrían ser detenidos nuevamente.
Siendo los arrestos producidos tras la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, sin que se presentaran las actas de votación que avalaran su triunfo, las liberaciones se concentraron en el penal de Tocorón, en el estado Aragua. A su vez, este histórico centro penitenciario, cerrado en 2023 por su vinculación con la pandilla Tren de Aragua y reabierto en 2024, albergaba a cientos de manifestantes detenidos tras las violentas protestas sociales.
A partir de lo informado por los colectivos, esta medida representa una “libertad limitada”, ya que los excarcelados continúan en juicio y otros familiares permanecen privados de su libertad de manera arbitraria. El comité destacó: “Este logro, que nos llena de alegría, es insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares, y muchos otros de nuestros familiares aún permanecen detenidos injustamente”.
El comicio presidencial de 2024 provocó protestas masivas que derivaron en 28 muertes y más de 2.400 arrestos, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición y la confirmación de la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado. A partir de entonces, la Justicia venezolana excarceló a más de 2.000 detenidos, aunque la mayoría aún no goza de plena libertad.
Siguiente a eso, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad insiste en la necesidad de una Amnistía General que otorgue libertad total a todos los presos políticos. Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro cuando Estados Unidos movilizó tropas al Caribe, estableció un cierre informal del espacio aéreo venezolano y comenzó a incautar buques petroleros sancionados cerca de la costa.
Además de Tocorón, la medida incluyó a dos presos políticos del penal Rodeo I, donde permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo, según informó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa judicial de los detenidos.
El régimen de Maduro reporta liberaciones infladas
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) había confirmado, tras un trabajo exhaustivo junto a familiares, defensores y organizaciones locales, la liberación de 63 personas durante la anterior jornada de excarcelaciones en el país. Aun así, el régimen venezolano aseguró que fueron 99 liberaciones, generando dudas sobre la veracidad de los datos oficiales y evidenciando una brecha significativa entre lo anunciado y lo verificado por fuentes.
Entre los liberados se encontraban tres adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres, todos civiles, sin presencia de militares. Muchos de ellos habían pasado meses o incluso años en condiciones precarias, enfrentando hacinamiento, falta de atención médica y aislamiento. El comité advirtió que estas cifras se lograron “en un contexto de opacidad oficial, miedo y represión, donde numerosas familias aún temen hablar o confirmar la liberación de sus seres queridos”.
Además, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, expreso político venezolano, cuestionó la cifra oficial durante su participación en el programa La Linterna de COPE, conducido por Rubén Corral. Díaz destacó que, pese a los anuncios que rondan el centenar, “seguimos teniendo más de mil presos políticos en el país”, muchos de ellos encarcelados por expresar críticas al gobierno o participar en protestas pacíficas.
También precisó que entre los liberados no figuran dirigentes de partidos opositores, y que la mayoría son civiles comunes que habían sido arrestados en manifestaciones o señalados por denuncias políticas. Solo tres de los cinco adolescentes encarcelados fueron excarcelados, mientras que dos menores permanecen detenidos, uno de ellos cumpliendo una sentencia de diez años por ser hijo de un funcionario policial crítico con el chavismo.
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