Islamabad - El presidente paquistaní Pervez Musharraf se esforzaba hoy por resistir a las intensas presiones internacionales, principalmente de Washington, para que ponga fin al estado de excepción decretado el sábado y organice las legislativas previstas para enero. Por un lado, Islamabad endureció su posición rechazando las críticas de casi la totalidad de países occidentales e invocando la soberanía nacional ante la amenaza del terrorismo islamista, mientras, por otra, el general Musharraf suavizó su discurso prometiendo que las elecciones se celebrarán en una fecha "lo más cercana posible" a la inicialmente prevista.
Estados Unidos alzó la voz, amenazando con reexaminar sus relaciones con Pakistán, aliado estratégico en su "guerra contra el terrorismo", de la que es el principal financiador. Así, el presidente estadounidense George Bush, llamó en la noche de ayer al general Musharraf a poner fin al estado de excepción y a "reestablecer la democracia lo antes posible". Sin embargo, no quiso decir qué haría en el caso contrario y, en particular, si cortaría la ayuda estadounidense a Pakistán. Washington, que cuenta con Islamabad para luchar contra Al Qaeda y los talibanes en Pakistán y el vecino Afganistán, acordó unos 11.000 millones de dólares a Islamabad desde 2001, una ayuda económica destinada casi exclusivamente al ejército. "Es evidente que deberemos reexaminar nuestra ayuda", advirtió en la noche de ayer la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Pero "seguimos teniendo intereses antiterroristas (en Pakistán) y debemos permanecer en medida de continuar protegiendo a los ciudadanos estadounidenses", había dicho.
La situación en Pakistán dio un giro más dramático ayer, tercer día del estado de excepción, con la violenta represión de manifestaciones de abogados y la continuación de las detenciones. "Entendemos que muchos de nuestros aliados hayan hecho comentarios sobre la proclamación del estado de excepción en el país, pero esto es ante todo un asunto interno de Pakistán", declaró el hoy a la agencia de noticias AFP el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, Mohamad Sadiq.
Musharraf, que decretó el sábado el estado de excepción, invocó la multiplicación de los atentados y la injerencia del poder judicial en las perrogativas del Gobierno para luchar contra los terroristas islamistas. Pero la oposición y numerosos analistas y medios de comunicación paquistaníes consideran que el general Musharraf, a la cabeza de Pakistán tras un golpe de Estado sin derramamiento de sangre hace ocho años, intenta conservar el poder a toda costa. La amenaza procedía en particular de la Corte Suprema, que debía pronunciarse en los próximos días sobre la validez de su reelección triunfal el 6 de octubre pasado, por sufragio indirecto de las asambleas nacional y provinciales, en las cuales tenía mayoría.
Así, bajo la presión internacional, desde hace cuatro días Islamabad da una de cal y otra de arena, dando la impresión de que el desarrollo de los acontecimientos escapa a su control. Tras haber detenido o puesto en arresto domiciliario a unas 1.500 personas en tres días, en su mayoría opositores, abogados y magistrados a la cabeza de la oposición contra Musharraf desde hace cerca de ocho meses, Islamabad suavizó el tono en la noche de ayer, prometiendo que las legislativas, previstas inicialmente para mediados de enero, se celebrarían entorno a esa fecha. Pero el martes, en una nueva muestra del malestar que reina en las riendas del Estado, el viceministro de Información, Tariq Azeem, aseguró a la AFP, que "todavía no se tomó ninguna decisión sobre el calendario electoral". Y más de 100 personas más fueron detenidas, en particular unos 50 abogados que se reunían en Lahore (este), informó a la AFP un oficial de policía.