Brasil registró 305 casos de invasión, explotación ilegal y daño a 226 tierras indígenas en 22 Estados en 2021, un récord. El total representa un aumento del 180% con respecto a los datos de 2018, los últimos antes del comienzo del gobierno de Jair Bolsonaro, según el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero.
En la Amazonía, más allá de los devastadores incendios de 2019, los candidatos para las elecciones del 2 de octubre le prestan poca importancia a la devastación del medio ambiente. Los residentes de la Amazonía, como los otros brasileños, elegirán gobernadores y legisladores, pero pocos candidatos o votantes hablan de las tasas de deforestación sin precedente de la actualidad ni de otros problemas ambientales.
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Los candidatos se pelean por ver quién va más lejos con promesas de levantar las restricciones a la búsqueda de oro, deforestar para aumentar las tierras cultivables y construir carreteras a través de la selva. Paradójicamente, los que intentan usar una plataforma ambiental no son competitivos y son hostigados por el público.
La tendencia a desestimar el valor de la selva es más fuerte en las regiones a las cuales arribaron migrantes de origen europeo en las décadas del sesenta y del setenta.
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El apoyo históricamente mínimo que recibe la causa del medio ambiente explica por qué dos de los principales defensores de la selva decidieron irse de la región y postularse al Congreso en el Estado de San Paulo, a miles de kilómetros.
Son la líder indígena Sonia Guajajara, considerada por la revista Time una de las personas más influyentes del mundo, y la exministra Marina Silva, elegida senadora dos veces por el Estado amazónico de Acre.
JL PAR
