Las discrepancias entre dos sectores antagónicos de los cocaleros de Bolivia desnudan un enfrentamiento en el cual no puede mediar el gobierno de Luis Arce. Se trata de un sector crucial en la economía de Bolivia, ya que mueve millones de dólares.
En el episodio más reciente, Freddy Machicado, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) contrario al gobierno de Arce, fue detenido y enviado a la cárcel en forma preventiva, durante seis meses, después de que sus seguidores tomaron un mercado de coca que consideran ilegal e incendiaron sus instalaciones.
El conflicto comenzó hace seis años, durante el gobierno de Evo Morales, cuando una ley permitió incrementar los cultivos legales de coca privilegiando a sus propias bases cocaleras. Morales surgió a la arena política desde la dirigencia de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sumando apoyo de los cultivadores de la hoja en el norte de La Paz. Arce, presidente desde noviembre de 2020, siguió la política de su antecesor apoyando al grupo afín a Morales.
Evo Morales reta al presidente Luis Arce
La dirigencia de Machicado denuncia que, con el aval del gobierno, el otro sector, que responde a Arnold Alanes, abrió un nuevo mercado para la venta legal de coca. El grupo opositor al gobierno está movilizado desde hace seis meses para demandar el cierre de ese mercado.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, su sigla en inglés), el comercio de coca mueve entre 365 y 449 millones de dólares cada año, poco más del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia. En la Constitución aprobada por Evo Morales en 2009 la coca fue declarada patrimonio cultural y factor de cohesión social.
JL PAR
