Este lunes se cumplió una semana del último discurso público que ofreció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue en Avellaneda, en un plenario de delegados de la CTA. Desde allí pateó un hormiguero muy sensible: criticó duramente la intermediación de las organizaciones sociales en la distribución de los planes asistenciales y desde entonces reactivó un debate que, al parecer, recién comienza.
Cuando la titular del Senado concluyó su alocución, los que más la aplaudieron fueron los intendentes presentes y, en especial, los del conurbano bonaerense. Se trata del grupo de poder del panperonismo que mantiene una tensa disputa territorial con los movimientos sociales desde hace años. El tironeo se mantuvo en un segundo plano durante la pandemia, pero este año recrudeció y ahora es el inicio de una polémica que no ha terminado, porque la vicepresidenta estaría de acuerdo con implementar un salario básico universal que cambiaría por completo la estructura de planes sociales.
El tema esta instalado y los aliados del Frente de Todos van tomando posición en los medios. El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, dijo este sábado al programa Toma y Daca, transmitido por AM 750, que coincide con el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), “Juan Grabois por el salario universal” y anticipó que la idea es que tenga un monto inicial de 10.000 a 13.000 pesos por persona.
Este domingo el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue en el mismo sentido. Sin embargo, el debate no sólo atraviesa al oficialismo. En Juntos por el Cambio el diputado y extitular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, se subió al tema y presentó un proyecto de ley para “transformar planes sociales en empleo genuino”, aunque la aspiración también se respira en el Gobierno mientras admiten que no es una misión simple.
Desde el larretismo también hubo pronunciamientos. La ministra de Desarrollo Social porteña, María Migliore, dijo que hay que cuidar la economía popular y dijo que el Estado debe liderar la administración de los planes. No se manifestó sobre el salario básico, pero tampoco le bajó el precio a la idea. La funcionaria es uno de los contactos más cercanos que tiene el gobierno porteño con el papa Jorge Bergoglio, otro impulsor del salario básico hace dos años que ahora guarda silencio al respecto.
Quién es María Migliore, la ministra de Larreta que defiende la economía popular
Los que sí hablaron fueron los curas argentinos. Este viernes el obispo Jorge Lugones, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, insistió en “la necesidad de profundizar las políticas de redistribución del ingreso para cerrar la brecha social” y opinó que los planes “son necesarios en la coyuntura”.
En ese evento estuvo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, que luego del encuentro recordó que “el 29 de diciembre tomamos la decisión de que quienes están en el programa Potenciar Trabajo puedan elegir libremente cambiar el lugar donde trabajan. Lo que hacemos es cuidar y transparentar para que puedan tener objetivos de presente y futuro. Coincidimos con el padre Oscar Ojea: el ordenador es el trabajo y ahí tiene que estar más el Estado. Necesitamos a los intendentes y los gobernadores para acompañar”, remarcó. Se trata del ministro que ya mantuvo cuatro reuniones con CFK y avanza en una ofensiva que sigue con final abierto.
JL PAR
