Fernando Meaños explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en qué consiste la auditoría de la Universidad de Buenos Aires que el ministro de Economía, Sergio Massa, pide para avalar el canje de bonos de ANSES.
Anoche, Massa formalizó lo que ya había adelantado en medios periodísticos durante el fin de semana: la búsqueda de cobertura para que los organismos públicos, particularmente el ANSES, vendan sus bonos en dólares, canjeándolos por otros bonos en pesos.
El ministro de Economía le pidió a la Universidad de Buenos Aires, y también a la Auditoría General de la Nación, ambas entidades en manos de opositores, ya que el titular de la Auditoría es el radical Jesús Rodríguez, un “dictamen de carácter técnico debidamente fundado”.
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Es decir, que tanto la UBA como la Auditoría General de la Nación establezcan si pudiera existir algún daño patrimonial para la ANSES, y en particular para los jubilados. Que se establezca si puede existir esa pérdida de aquí a 13 años, ya que el bono por el que está canjeando ANSES vence en 2036.
La ANSES entregará un bono en dólares que hoy cotiza en el mercado, y va a recibir un bono dual, que puede ajustarse tanto por el movimiento del dólar como de la inflación, con vencimiento dentro de 13 años.
Con tantas cosas que podrían pasar de acá a 13 años, con todas las variables en juego y las cosas que pueden cambiar, una opinión técnica de ese calibre es algo muy difícil de dar.
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Desde la UBA consideran que, quien debe avalar que esa operación no es mala para los intereses de la ANSES, es el Congreso, ya que es una decisión política. En segundo lugar, es claro que este decreto y esta decisión que impulsa Sergio Massa va a tener consecuencias judiciales.
Patricia Bullrich ya adelantó que presentará un recurso de amparo, y hay otros sectores y referentes políticos que anunciaron que van a ir a la justicia para que esta medida no pueda aplicarse.
La UBA, razonablemente, podría preguntarse por qué tiene que ser una universidad la que avale una medida que, en términos políticos, va a ser tan discutida.
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Si la universidad accede a hacer el informe y esas acciones judiciales avanzan y tienen desarrollo en el tiempo, la UBA va a tener cierto grado de responsabilidad que, entiende, no tiene por qué asumir.
Vuelve a ocurrir en la Argentina que se cubre un flujo con un stock. Los gastos que debe asumir en forma constante el Estado con una caja, algo que se supone que está para garantizar otros gastos.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está para hacer funcionar la economía, sino para ser un resguardo financiero de la caja pública destinada a pagar las jubilaciones y las pensiones.
FM JL
