Transformar una política de gobierno de turno en una política de estado, es algo muy difícil de lograr en un país joven como Argentina, con una historia democrática inestable y agitada, y una tendencia a cambiar continuamente las reglas de juego de forma sorpresiva.
Sin embargo, hay un gran logro cultural llamado Programa Sur de apoyo a la traducción y edición en otros idiomas de las obras de escritoras y escritores argentinos, que se ha mantenido a lo largo de cuatro legislaturas, aunque estas tuvieran distintas prioridades y diferente color político.
Este programa permitió que, en los últimos quince años, se publicaran en 50 idiomas un total de 1.562 nuevos libros.
No se trata de un invento argentino, sino de la sabia adopción de este tipo de acciones que ofrece la mayoría de los países del mundo que consideran importante la difusión de su cultura, entre ellos varios países latinoamericanos como Uruguay, Colombia, Chile, México y Brasil.
Si estos planes no existieran, los libros de los escritores estadounidenses, que son la gran mayoría de los que se traducen y publican en todo el mundo, serían la única lectura posible.
El Programa Sur permitió que, en los últimos quince años, se publicaran en 50 idiomas un total de 1.562 nuevos libros.
El nuevo gobierno de Argentina, repitiendo una consigna tan elemental como engañosa, “no hay plata”, pone en evidencia la irracionalidad y lo compulsivo de las decisiones que toma, como si estuviera administrando una tienda de barrio, y no un estado que recauda mucho, para asumir sus obligaciones. En lugar de atacar las macro cifras, lo que afectaría a quienes se pueden defender, recorta los ingresos de los más indefensos, en un país que se supone rico en todo tipo de recursos, pero tiene más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza.
La cultura, en lugar de ser el eje y la expresión de un país, y una forma efectiva y poco costosa de darse a conocer en el mundo, la consideran algo molesto, peligroso, un elemento de adoctrinamiento que hay que eliminar. Por eso se atacan presupuestos que, aunque sean insignificantes, siempre están en la mira de los gobiernos totalitarios. La frase del título, aunque erróneamente atribuida a Goebbels, representa muy bien esa forma de pensar.
Siguiendo los mismos preceptos, en Argentina, a pocas semanas del golpe militar de 1976, el gobierno de facto encabezado por el general Videla quemó un millón de libros del Centro Editor de América Latina, cerró la editorial Siglo Veintiuno, encarceló a sus editores, e hizo desaparecer a muchos de sus autores.
Si estos planes no existieran, los libros de los escritores estadounidenses serían la única lectura posible.
El Programa Sur, que ha tenido un éxito arrollador en todo el mundo a lo largo de quince años, queda desmantelado. Hasta ahora, había servido para que se publicaran obras argentinas en el exterior, mediante el apoyo a la traducción. Las asignaciones las decidía un jurado de prestigio indiscutible, que cada año presentaba una propuesta de obras a traducir, asignando un monto a cada una en función de sus características. Un jurado que no ha tenido una sola impugnación en quince años.
Gracias a este programa se han traducido y publicado 343 títulos en Italia, 173 en Francia, 121 en Alemania, y muchos más en Bulgaria, República Checa, Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Macedonia, Suecia, Israel, Rumania, Egipto, Hungría y así hasta llegar a 50 países. Es algo que en los doscientos años de existencia de la República jamás se había visto. Un programa exitoso, logrado con una inversión insignificante dentro del presupuesto del estado: 300.000 dólares al año.
Se han publicado obras de escritores clásicos y contemporáneos, conocidos o no, de autores y obras elegidas por las editoriales interesadas. Cerca de 150 títulos nuevos cada año, durante 15 años seguidos.
En 2023 el presupuesto fue de 320.000 dólares. En una decisión incomprensible, el nuevo gobierno del presidente Milei lo redujo a 30.000. Es una provocación que minimizan, aunque genera un conjunto de consecuencias incalculables.
Lo que está detrás de esta decisión no es un ajuste presupuestario, sino una demostración de un poder voraz de destrucción. Esto no es un proyecto de país, sino una señal de que no hay ninguno. Es imposible no preguntarse en qué plano de la libertad (el lema con el que ganó Milei) se avanza con estas medidas.
Lo que se señala como un gasto innecesario, en realidad es una inversión básica del estado, muy menor en relación con el retorno que obtiene. Es como pedirle rentabilidad a la salud pública, o a la educación ¿Cómo pretender que sea rentable lo que debe ser una prestación garantizada por la constitución?
