La plataforma Cuba en Plural celebró entre el 18 y el 20 de abril, en paralelo con el VIII Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), su Primera Conferencia Ciudadana, con el objetivo de hacer oír las voces diversas de los y las cubanas de a pie, de dentro y fuera de la Isla, habitualmente ahogadas por el monocorde discurso estatal controlado por el PCC, único partido de existencia autorizada.
Para el Estado cubano, esas voces no existen: todas las perspectivas y voluntades representables, o dignas de ser representadas, encuentran representación en el Estado o, lo que es lo mismo, en el PCC. Pero en presencia de un terco pluralismo social, al régimen cubano le cuesta cada vez más hacer valer sus pretensiones totalitarias. La proliferación de asociaciones y grupos no autorizados, señalaron varios participantes del conversatorio, pone en evidencia el sinsentido del concepto mismo del “partido único”: por definición, un partido no puede sino representar a una parte; es estructuralmente incapaz de encarnar la totalidad. El intento de condensar el poder, el saber y la ley en el partido-Estado, en cuya cúspide se sienta el egócrata, es la definición misma del proyecto totalitario. Un proyecto caracterizado, como lo expresó un participante, por una “fatal arrogancia” que lo torna inviable: la diversidad solo puede aplastarse con represión, y frente a una diversidad irreductible, en el largo plazo la represión lleva las de perder.
Fase. Hace ya algunos años Cuba ha entrado en una fase postotalitaria, en la cual las voces prohibidas son cada vez más numerosas, se elevan con fuerza creciente y con menores inhibiciones, y comienzan a conversar entre sí, si es que no con un régimen que es incapaz de oírlas porque sigue negando su derecho a existir, y que es incapaz de entender lo que dicen porque décadas atrás decidió que los problemas que ellas señalan no tienen cabida en una sociedad socialista.
En efecto, la incipiente sociedad civil cubana incluye, entre otros, a grupos de mujeres movilizadas contra la violencia de género y las desigualdades que emergen por cada resquicio de una sociedad que se querrá socialista pero no por ello ha dejado de ser patriarcal, y a organizaciones que trabajan por la justicia racial, en ambos casos debiendo justificar permanentemente su existencia frente a un discurso oficial que simplemente decretó la eliminación del sexismo y el racismo en virtud de su simple incompatibilidad lógica con los principios proclamados por la revolución.
Precisamente, perspectivas feministas muy diversas se hicieron presentes en el conversatorio sobre género y ciudadanía, uno de los seis que integraron la programación. Desde sus diferentes experiencias, señalaron que, como consecuencia de la ausencia de reconocimiento de la violencia de género como problema, el tema es invisibilizado, no se recopilan estadísticas oficiales ni se diseñan políticas públicas para combatirlo. El femicidio no está tipificado en el Código Penal, no hay una ley integral contra la violencia de género ni existen refugios para mujeres en situación de violencia. El peso de este problema no reconocido recae sobre los hombros de la sociedad civil.
Voces. Esas voces y muchas más se hicieron oír en la conferencia paralela de Cuba en Plural, celebrada en un espacio virtual transnacional en el cual convergieron variadas presencias locales –unas en la Isla, otras más allá de las fronteras y los océanos–. La actividad se realizó por Zoom y fue emitida a través de Facebook; las grabaciones están disponibles en el canal de YouTube Cuba en Plural y constituyen una necesaria y por momentos difícil conversación acerca del futuro de Cuba.
No todas esas voces pudieron hacerse oír en vivo: en previsión de que les serían cortados los servicios de teléfono e internet, como efectivamente ocurrió, varios enviaron videos grabados para que los asistentes pudieran al menos recibir sus saludos y conocer algunas de sus ideas. Waldo Fernández, de Diario de Cuba, logró grabar y enviar su mensaje desde un parque wi-fi y con un teléfono prestado, tras eludir el cerco de vigilancia que rodeaba su domicilio. Previsiblemente, la mesa de periodistas fue la que encontró más obstáculos para funcionar, porque todos los invitados residentes en la Isla eran periodistas independientes conocidos y, preventivamente, les habían sido cortados los datos móviles y el acceso al teléfono.
Quienes se vieron impedidos de participar brillaron, literalmente, por su ausencia. Tal vez aún más que las presencias, las ausencias hablaron a gritos de la situación del espacio cívico en Cuba.
Libertades. A un tiempo físico y virtual, el espacio cívico está vertebrado por las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión. Por su naturaleza, estas libertades han de ejercerse en un espacio público de interacción, que en Cuba no existe: puesto que no se concibe la diferencia entre lo público y lo estatal, todos los espacios pretendidamente públicos son, en verdad, de propiedad estatal y, en función de la identidad partido-Estado, están atravesados de lado a lado por la lógica de la ideología oficial.
Estas libertades están reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Cuba suscribió en 2008 pero hasta ahora no ha ratificado. La Constitución de la República de Cuba, sin embargo, no las consagra plenamente. La libertad de asociación es cortada de cuajo ya en su artículo 5, que designa al PCC –“único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana”– como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Consistentemente con ello, el artículo 6 confiere a la Unión de Jóvenes Comunistas el estatus exclusivo de vehículo de organización de la juventud cubana, y el artículo 14 condiciona el reconocimiento y estímulo de las “organizaciones de masas y sociales” a su compromiso con “las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista”. La Constitución de 2019 no introdujo cambios que implicaran una redistribución del poder, los cuales hubieran socavado al régimen desde sus cimientos.
En cambio, a diferencia de su antecesora, la nueva Constitución reconoce explícitamente ciertos derechos, entre ellos el acceso a la información (art. 53) y las libertades de pensamiento, conciencia y expresión (art. 54), de prensa (art. 55) y de “reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos” (art. 56). Sin embargo, el hecho de que, de implementarse en la práctica, estos derechos se mostrarían incompatibles con el mantenimiento del régimen que la misma Constitución consagra, se manifiesta en diversas limitaciones, vaguedades y contradicciones. Por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución exige que la libertad de prensa se ejerza “de conformidad con la ley y los fines de la sociedad” y establece que todos los medios de comunicación son “de propiedad socialista de todo el pueblo”; y el artículo 56 sujeta la libertad de reunión a su ejercicio respetuoso del “orden público” y al “acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. De más está decir que solo son consideradas “conformes a la ley” las manifestaciones organizadas por o en apoyo del Estado. El Código Penal impone multas o sanciones de prisión de 1 a 3 meses para quien participe en manifestaciones que infrinjan las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de reunión o “pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente”, y penas bastante más pesadas a quienes promuevan o dirijan dichas asociaciones u organicen las mencionadas manifestaciones.
Así, ya sea porque la Constitución no las reconoce o porque las deja libradas a regulaciones ulteriores que las restringen, las libertades cívicas fundamentales no tienen vigencia efectiva en Cuba. Es por ello que el Civicus Monitor, el instrumento de monitoreo del espacio cívico desarrollado por la red de sociedad civil global Civicus, categoriza su espacio cívico como “cerrado”.
En este contexto, activistas y periodistas se ven forzados a operar en la ilegalidad. La mayoría de las organizaciones fuera de la órbita del Estado socialista no logran formalizar su inscripción y son consideradas ilegales, por lo cual enfrentan restricciones que van desde dificultades para abrir una cuenta bancaria, conseguir un local o recibir fondos de la cooperación internacional hasta multas, amenazas de cierre, estigmatización, infiltración, vigilancia y acoso. Activistas y disidentes son acusados en virtud del artículo 72 del Código Penal, que define como “estado peligroso” a “la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Los manifestantes pacíficos son rutinariamente detenidos, a menudo en anticipación de futuras protestas. En los últimos años, los arrestos arbitrarios por períodos breves se convirtieron en la táctica de intimidación predominante. También se han intensificado las trabas a la comunicación internacional, con la prohibición de viajes de activistas al exterior y la imposición de represalias por interactuar con instituciones de derechos humanos de la ONU y del sistema interamericano.
De modo similar, los medios independientes carecen de entidad legal y sus publicaciones son clasificadas como “propaganda enemiga”. La caracterización de periodistas y blogueros como “contrarrevolucionarios” impulsa la censura y alienta la autocensura. Sin embargo, medios y periodistas recurren a formas creativas de diseminar sus productos, al tiempo que sus usuarios se las ingenian para maximizar su escasa conectividad y acceder anónimamente a sitios bloqueados.
Delación. La disidencia es acosada no solamente por las fuerzas de seguridad del Estado sino también por ciudadanos organizados en grupos barriales de vigilancia, los Comités para la Defensa de la Revolución. La función de estas organizaciones es vigilar, denunciar y castigar mediante “actos de repudio” supuestamente espontáneos el “comportamiento antisocial”, es decir, la actividad de oposición.
Sin embargo, según insistieron algunos participantes de los diálogos de Cuba en Plural, esta práctica delatoria es cada vez más minoritaria; en la mayoría de la población cubana predominan la apatía y la tendencia a continuar con los rituales exigidos con escasa o nula convicción, propias de la etapa postotalitaria, mientras que existe una minoría crecientemente numerosa de ciudadanos y ciudadanas que observan con aprobación los actos de rebeldía e incluso ocasionalmente se atreven a sumarse a ellos.
Diversas formas de organización, expresión y movilización han proliferado a pesar de las restricciones, desatando un proceso que –se oyó afirmar con optimismo– es indetenible porque las personas de carne y hueso no son los seres unidimensionales que el Estado totalitario presupone: tienen, en palabras del escritor y periodista Boris González Arenas, identidades múltiples y complejas que desafían la lógica simplista de la ideología. Podrá discutirse, como se planteó en el curso de los debates, si el cambio vendrá de la oposición política o de la sociedad civil –son muchos los que ven a la primera desorganizada y desorientada, y apuestan en cambio a la segunda– pero hay pocas dudas de que el cambio ocurrirá.
Para allanar el camino y, sobre todo, para “evitar reemplazar a un dictador por otro”, argumentaron varios, se necesita “preparar a la ciudadanía para la democracia”, tarea que les cabría como anillo al dedo a las organizaciones de la sociedad civil, tradicionalmente caracterizadas como escuelas de ciudadanía. En el curso de la conversación se manifestaron enormes diferencias en relación con la caracterización de la democracia por venir, pero si en algo hubo acuerdo unánime es en que ella no nacerá sino de la deliberación colectiva, y que para eso es necesario que foros como Cuba en Plural se amplíen, profundicen y multipliquen.
*Senior Research Specialist de Civicus y consejera académica de www.cadal.org
