Un factor determinante de la decadencia de nuestro país ha sido la baja institucionalidad judicial. La estabilidad o la inestabilidad de la Corte Suprema es un dato empírico que constata la tesis de Max Weber, que ya a comienzos del siglo XX señalaba que era la condición imprescindible para el desarrollo, hipótesis que se ha constatado en el mundo occidental.
En el caso argentino, el presidente Bartolomé Mitre establece la Corte Suprema en 1863. Hasta 1947 tuvo siempre cinco miembros, ninguno fue removido por juicio político y durante veinticinco años, desde la segunda presidencia de Roca hasta la primera de Yrigoyen, hubo un mismo presidente del máximo tribunal: el doctor Antonio Bermejo, que ejerció el cargo con siete presidentes constitucionales. Esta situación se quiebra en 1947, cuando el peronismo fuerza la renuncia de cuatro de los miembros de la Corte.
De ahí en más, en los últimos 85 años, la Corte Suprema fue modificada por razones políticas diez veces. El gobierno de facto de 1955 remueve la Corte de Perón y designa otra alineada con la nueva situación. El presidente Frondizi, que lo sucede, eleva de cinco a siete los miembros del máximo tribunal, para obtener influencia en él. El gobierno de facto que asume en 1966 remueve la totalidad de la Corte del presidente Arturo Illia y designa otra nueva. El gobierno de Héctor J. Cámpora, al asumir en 1973, también renueva la totalidad de los integrantes del máximo tribunal, que a su vez son sustituidos por el gobierno de facto que asume en 1976. El presidente Alfonsín, al asumir, designa también una nueva Corte. Si bien se trata de situaciones diferentes y con distinto grado de justificación, no por eso deja de constituir un cuadro de conjunto.
Hasta ahí, el fenómeno aparece muy vinculado a la inestabilidad político-institucional que giró alrededor de los golpes militares. Pero el presidente Menem, en los inicios de su gobierno, elevó los miembros de la Corte de cinco a nueve para alinearla con la nueva situación, y especialmente con su política económica. En 1993, la composición de la Corte forma parte del Pacto de Olivos. Los dos líderes políticos más importantes del momento, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, provocan renuncias en la Corte y la renuevan, quedando cinco integrantes en la órbita del oficialismo y cuatro en la de la oposición. Al asumir el presidente Néstor Kirchner, promueve renuncias en el máximo tribunal, realiza juicios políticos a otros miembros y reduce otra vez la cantidad de integrantes de nueve a cinco.
La inestabilidad política que sufrió la Corte Suprema en cuanto a su integración entre 1947 y 2004 fue la causa principal del fracaso de nuestro país, en concurrencia con otras tesis económicas y políticas.
Que en los últimos 18 años no se haya vuelto a producir este fenómeno es un dato alentador, que debe ser puesto en valor al momento de debatir las causas de la decadencia y el fracaso de la Argentina.
El pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema por parte del presidente Alberto Fernández implica retornar a la inestabilidad en la composición del máximo tribunal, generada por causas políticas.
Al asumir el presidente Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, corrió el riesgo de cometer el error de retornar a la politización de la integración de la Corte Suprema, cuando planteó cubrir las dos vacantes que existían a través de un DNU, que afortunada y rápidamente corrigió. Fueron cubiertas entonces con acuerdo del Senado, designándose a Horacio Rosatti y Carlos Roszenkrantz. Los tres miembros restantes eran Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco (ambos designados durante el gobierno de Néstor Kirchner) y Juan Carlos Maqueda (durante el gobierno de Duhalde). Quedaba entonces una Corte equilibrada en cuanto a los presidentes que propusieron los nombres, que tuvieron el necesario acuerdo del Senado. La renuncia de Highton de Nolasco durante el gobierno de Macri dejó una vacante, que las diferencias políticas en el contexto de la “grieta” que se generó impidieron cubrir.
No parece fácil que el Ejecutivo tenga la capacidad política de lograr los dos tercios en ambas cámaras para avanzar con éxito en el juicio político. No haber podido cubrir la vacante durante los tres años de gobierno de Alberto Fernández es un claro anticipo de ello.
* Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
