Una mujer fue abusada sexualmente por su tío cuando era una niña y recién pudo hacer la denuncia veinticinco años después, luego de ser madre y tras recibir ayuda psicológica. Sin embargo, la Justicia determinó que, por el tiempo que había pasado desde el hecho, el delito había prescripto.
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense acompañamos a la denunciante porque creemos que algo está muy mal. Si la causa queda archivada, por un lado el Estado renunciaría a su responsabilidad de investigar el delito de abuso sexual infantil y, por el otro, la víctima (se) quedaría sin el derecho a que haya una reparación al tormento que vivió. Ganaría la impunidad.
Ante este panorama, los “Juicios por la Verdad” aparecen como una alternativa. Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción de la causa, pueden servir para que la persona que haya sufrido delitos contra la integridad sexual pueda alcanzar algún tipo de reparación, más allá de que al condenado no se le aplique una pena concreta.
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Estos juicios se originaron para juzgar hechos cometidos durante la última dictadura y se apoyan en distintos instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la de los Derechos del Niño y sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, además de normas nacionales como las leyes Piazza y la de Respeto de los Tiempos de la Víctima.
Los Juicios por la Verdad se encuentran en debate para aplicarse en estos casos. Representarían una instancia jurídica para que las víctimas puedan manifestarle públicamente al Estado lo que padecieron, y las sentencias significarían una suerte de reparación simbólica ante todo lo que sufrieron.
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Hay que tener en cuenta que quienes fueron víctimas de abusos sexuales en sus infancias pueden haber padecido graves consecuencias traumáticas a lo largo del tiempo, que incluso pudieron afectar su desarrollo, con consecuencias en todas las esferas de sus vidas. A su vez, hay que entender las distintas circunstancias que les impidieron hacer la denuncia en su momento.
La reparación simbólica que se puede alcanzar con este tipo de juicios tendría un efecto reparador para la víctima, generando un reordenamiento de la vida psíquica y social de cada una de las personas que sufrieron este tipo de violencias, además de darle al Estado la posibilidad de cumplir con su obligación imperativa de investigar los hechos y poder ser parte de esta recuperación.
Con estos argumentos, la Defensoría se presentó en el juzgado de Garantías de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale, en carácter de amicus curiae en el caso que mencioné al comienzo, con el objetivo de acompañar este proceso que resulta necesario como respuesta estatal que apunte a la reparación de los derechos vulnerados y para que no se repita en casos similares.
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Conocer la verdad histórica de los hechos de abusos sexuales es una forma en que el Estado puede garantizarles el derecho a la verdad a las víctimas de éstos delitos y obtener así una reparación ante tamaña violación a los de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
* Guido Lorenzino. Defensor del Pueblo bonaerense.
