Las elecciones generales que Honduras celebrará este domingo 30 de noviembre encuentran al país en uno de los escenarios preelectorales más tensos desde el golpe de Estado de 2009. El proceso en el que 6.522.577 de hondureños y hondureñas elegirán presidente/a, diputaciones, alcaldías y representantes al Parlamento Centroamericano se encuentra atravesado por disputas institucionales dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), conflictos con las Fuerzas Armadas y un ambiente de alta desconfianza ciudadana. Para agregarle aditivos a la incertidumbre reinante, a tan solo dos días de abrir las urnas, el escenario sufrió un terremoto político de alcance continental.
En un sorpresivo mensaje publicado el “Viernes Negro” en su red Truth Social, y a solo un día de haber manifestado su apoyo a un candidato hondureño el presidente estadounidense Donald Trump anunció que concederá un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. El anuncio desafía directamente el fallo emitido en marzo de 2024 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que halló culpable a Hernández de conspirar para introducir más de 500 toneladas de cocaína al país norteamericano y recibir sobornos del “Chapo” Guzmán.
La decisión de Trump no solo contradice la evidencia judicial de su propio sistema de justicia, sino que revitaliza políticamente al Partido Nacional en el momento más delicado de la campaña. La estructura partidaria que gobernó Honduras entre 2010 y 2022 —y cuya crisis de legitimidad permitió que Xiomara Castro llegara al poder bajo la consigna popular “Fuera JOH”— recibe ahora un aval simbólico inesperado desde Washington. Este gesto reconfigura el tablero político: profundiza la polarización en un escenario que se planteaba en tercios y otorga al Partido Nacional una narrativa de “persecución injusta” que podría mover indecisos en un contexto electoral sumamente cerrado. Sin embargo, la profundización de la polarización también podría terminar favoreciendo al gobierno al que Trump tilda de comunista.
Trump utiliza el ataque en Washington para endurecer su política antimigrantes
Durante la campaña electoral las preferencias electorales se han concentrado en tres de los cinco candidatos Rixi Moncada (LIBRE), exministra de Defensa y figura central del gobierno de Xiomara Castro; Nasry Asfura (Partido Nacional), exalcalde del Distrito Central, y Salvador Nasralla (Partido Liberal), figura mediática y tres veces candidato que vuelve a competir tras una ruptura con el oficialismo.
En un país donde los vínculos familiares con la diáspora en Estados Unidos son determinantes en la formación de opinión y cuyo Producto Bruto Interno depende altamente de las remesas, la intervención del presidente estadounidense tiene capacidad de irradiarse hacia hogares, redes comunitarias y estructuras territoriales del país. La injerencia no es menor: condiciona percepciones, altera el clima electoral y pone en tela de juicio la autonomía de un proceso que debería regirse únicamente por la voluntad del pueblo hondureño.
Todo esto ocurre mientras el Consejo Nacional Electoral enfrenta su propia crisis interna. La falta de un proveedor logístico para el traslado del material electoral derivó en choques con las Fuerzas Armadas. La controversia por el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), y las acusaciones cruzadas entre consejeros profundizaron la desconfianza. A ello se sumaron los audios filtrados que supuestamente involucran a dirigentes partidarios y militares en planes desestabilizadores. Se trata de un cúmulo de episodios que exhiben una institucionalidad electoral frágil, vulnerable y fuertemente expuesta a presiones externas e internas.
En este clima, la competencia presidencial se encamina hacia un empate técnico de alta incertidumbre, donde cada candidato asegura tener proyecciones triunfales. Esta dinámica aumenta el riesgo de que el domingo por la noche surja una disputa narrativa por la victoria, en un entorno en el que la confianza institucional está erosionada y la intervención extranjera agrega un factor adicional de tensión.
Frente a este cuadro, la afirmación fundamental debe ser reiterada con firmeza: el único poder soberano es el del pueblo hondureño, que se manifestará en las urnas a través de su institucionalidad electoral, así lo advierten las distintas misiones de observación internacional que están en el país. Normalizar la injerencia externa constituye una amenaza directa para la autodeterminación democrática de Honduras y de toda América Latina y el Caribe.
El desafío inmediato es evitar que el intervencionismo, sumado a la fragilidad institucional, abra la puerta a una crisis poselectoral. En estas horas decisivas, Honduras necesita que sus instituciones actúen con independencia, que la ciudadanía defienda su derecho soberano a decidir sin presiones ajenas y que las fuerzas políticas respeten la voluntad popular. Lo que está en juego excede una elección: es la estabilidad democrática del país.
* Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y el Caribe (IIJ-UNAM), del Consejo Asesor Latinoamericano de Institute for Integrated Transitions (IFIT) y la Red de Politólogas. Dirige la Diplomatura Superior en Sistemas Electorales Comparados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y es Doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Nacional de General San Martín (Argentina), Mágister de políticas públicas de la Universidad de Georgetown y Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.
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