Alexander Hamilton, James Madison y John Jay dispusieron la publicación de los Federalist Papers en 1788, exponiendo los principios y ventajas fundamentales que distinguen a un sistema federal. La idea básica consistía en dividir el poder público en dos cuerpos distintos, uno nacional y otro provincial, y que al mismo tiempo el poder dentro de esos cuerpos estuviese distribuido en tres departamentos esenciales: ejecutivo, legislativo y justicia.
Juan Bautista Alberdi toma estas ideas en su famosa obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, donde manifiesta la necesidad de conseguir “paz entre las provincias y la nación, entre la parte y el todo, entre el localismo y la idea de una República Argentina”, definiendo al sistema federal como el ideal para este fin.
La Constitución argentina de 1853 adopta definitivamente la forma representativa republicana federal. A partir de esto el Estado configura un esquema que profundiza su descentralización administrativa. Sin embargo, las distintas interrupciones que sufrió la democracia en el siglo XX limitaron el desarrollo de las instituciones democráticas provinciales durante esa etapa.
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A partir de la vuelta a la democracia en 1983, las expectativas de un estado de derecho sostenible comenzaron a prosperar en el ámbito nacional, pero la actualidad pone en tela de juicio que esto haya llegado a pasar en el interior de las provincias.
Cada año se reportan diferentes formas de abuso de poder, corrupción y una total ausencia en la transparencia de la administración pública provincial. El caso más reciente radica en la gestión sanitaria en la provincia de Formosa.
El gobierno de Gildo Insfrán es objeto de diferentes denuncias, producto del hacinamiento en el cual se encuentran los contagiados por Covid-19, además de la negligencia en el manejo de los hisopados y las escasas condiciones sanitarias de los centros de aislamiento. Estos abusos lamentablemente no son un hecho aislado, sino que parecen repetirse a lo largo del tiempo en diferentes gobiernos provinciales, cuyo manejo del poder parece haberles brindado privilegios e inmunidad frente al estado de derecho que la Constitución nacional garantiza para todos los ciudadanos argentinos.
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Un antecedente más reciente es la quiebra financiera de las Provincias de Santa Cruz y Chubut. Esta última dejó a todos los niños de la provincia sin clases durante meses, causando prácticamente la pérdida de su año escolar.
Otro episodio tuvo lugar con el tucumanazo de 2015, cuando miles de personas se reunieron frente a la Casa de Gobierno para denunciar una serie de irregularidades que presentó el proceso electoral en aquella provincia. La represión dejó decenas de heridos. Amnistía Internacional denunció días después un uso desmedido y poco profesional de la fuerza.
Podemos sumar otro triste antecedente con la intervención federal de Santiago del Estero, ejecutada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004. Bajo la premisa de “una violación sistemática por parte del poder provincial en ejercicio, de derechos y garantías resguardados por la Constitución federal, afectando ineludiblemente la vida republicana en sus principios fundamentales", tal como establecía el proyecto de ley que solicitaba al Congreso la intervención.
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La historia contemporánea deja en evidencia que la mayoría de las provincias quedaron rezagadas en el proceso de democratización y desarrollo institucional tras la vuelta de la democracia. El federalismo argentino no está del todo orientado hacia la sana distribución de poderes, sino más bien hacia la concentración territorial de hábitos políticos incongruentes con la democracia.
La unión de todas las provincias que da como resultado el establecimiento de la nación debe basarse de manera unánime en la institucionalidad democrática. No puede construirse una auténtica república sí gran parte de sus ciudadanos están sometidos a regímenes provinciales autoritarios que ignoran por completo las garantías constitucionales.
El perjuicio a las libertades básicas de un formoseño o un tucumano no puede tomarse como un hecho regional, sino como la vulneración de los derechos que tiene todo argentino, sin importar la provincia que habite. El abuso de cualquier gobierno provincial sobre sus ciudadanos no debe ser aceptado como un suceso local, sino como un daño a toda la sociedad.
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Mientras no se logre revertir la degeneración despótica del federalismo argentino, este mantendrá una deuda con gran parte de la sociedad. La separación de poderes, el respeto a las libertades básicas y la garantía plena de los derechos humanos seguirán siendo conquistas parciales mientras no exista una auténtica democratización de los regímenes provinciales.
* José Manuel Rodríguez. Coordinador de Desarrollo Institucional, Fundación Federalismo y Libertad.
