El 19 de noviembre los argentinos decidiremos el modelo de país que queremos para solucionar nuestros problemas estructurales e iniciar un camino de prosperidad acorde con el capital humano y los recursos naturales estratégicos que tiene la Argentina. Javier Milei propone que ese futuro esté alejado del concepto de justicia social, al que califica como una “aberración". Sergio Massa propone que la Argentina se desarrolle con justicia social, ambiental y distributiva. Queda claro que son dos caminos muy diferentes y aquel que elijamos el 19 de noviembre definirá la Argentina del futuro.
Optar por trabajar colectivamente para desarrollar la Argentina con justicia social es la oportunidad para lograr un salto cualitativo en nuestro desarrollo. Rechazar, despreciar o desconocer el concepto de justicia social nos condenará definitivamente al fracaso y al atraso, y profundizará nuestros problemas estructurales.
La justicia social es un concepto que ya ha sido adoptado universalmente por 187 países en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto la propuesta electoral rechazando el valor de la justicia social es -como mínimo- anacrónica, y desconoce por dónde va el mundo. Si no fuera así, no se hubiera otorgado recientemente el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin por su investigación sobre la participación laboral de las mujeres, un aspecto fundamental de la justicia social.
Los 187 miembros de la OIT (en un esquema tripartito de gobiernos, trabajadores y empleadores) consagraron la justicia social como condición para el desarrollo, y más recientemente establecieron una Coalición Internacional por la Justicia Social. Concluyeron que el contexto actual de la globalización, caracterizado por las nuevas tecnologías, el incremento de los flujos de capital y financieros, la internacionalización del mundo de los negocios y la circulación de personas, especialmente de trabajadoras y trabajadores, está modificando profundamente el mundo del trabajo.
Algunos países se benefician de la cooperación y la integración económicas con altas tasas de crecimiento económico y creación de empleo, incorporan a muchos pobres de las zonas rurales en la economía urbana moderna y fomentan la innovación en la elaboración de productos y la circulación de ideas. Pero, por otra parte, la integración económica mundial ha llevado a muchos países y sectores a enfrentar grandes desafíos en lo relativo a la desigualdad de ingresos, los altos niveles de desempleo y pobreza persistentes, la vulnerabilidad de las economías ante las crisis externas y el aumento tanto del trabajo no protegido como de la economía informal, que influyen en la relación de trabajo y la protección que ésta puede ofrecer.
Así es que reconocieron los 187 países que, en estas circunstancias, es aún más necesario conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera equitativa entre todos a fin de responder a la aspiración universal de justicia social, alcanzar el pleno empleo, asegurar la sostenibilidad de sociedades abiertas y de la economía mundial, lograr la cohesión social y luchar contra la pobreza y las desigualdades crecientes. Estos conceptos que ya existían en la Declaración de Filadelfia de la OIT en 1944 siguen siendo plenamente pertinentes en el siglo XXI y debe inspirar nuestras políticas domésticas: el trabajo no es una mercancía y la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; se debe fomentar entre las naciones del mundo programas que permitan lograr los objetivos del pleno empleo y la elevación del nivel de vida, un salario mínimo vital y la extensión de las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten; las políticas económicas y financieras internacionales deben tener en cuenta el objetivo fundamental de la justicia social, y la protección de los derechos fundamentales.
En la Cumbre Mundial de 2005 en la ONU reconocimos todos los Estados que en un contexto mundial de interdependencia y complejidad crecientes, así como de internacionalización de la producción, los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo y una eficacia sostenibles en materia económica y social. Luego de la pandemia COVID 19 relanzamos en 2022 la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa y decidimos que la Organización debe seguir aspirando sin cesar a promover la justicia social como condición previa indispensable para lograr la paz universal y permanente.
Cuando hay justicia social, las sociedades y economías funcionan mejor y hay menos pobreza, desigualdades y tensiones sociales. La justicia social contribuye en buena medida a abrir vías de desarrollo socioeconómico más inclusivas y sostenibles al interior de cada país y es determinante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La justicia social significa garantizar por ejemplo la dignidad en el trabajo, que en la Argentina comenzó con medidas como la Ley de la Silla de 1914 (derecho a algún tipo de descanso de los empleados de comercio) y otros derechos sociales reconocidos a partir de la presidencia de H. Yrigoyen.
La justicia social es, en realidad, lo que el mundo ha decidido que debe convertirse en uno de los pilares del desarrollo económico mundial, un objetivo unificador al interior de cada país, y un instrumento importante para mejorar la eficacia del sistema multilateral. En consecuencia, el objetivo de justicia social debe convertirse en un componente central y omnipresente en todas las discusiones, estrategias y actividades de desarrollo a nivel nacional.
Está claro que nunca podremos llegar a ser un país desarrollado si no logramos incluir plenamente con una perspectiva de derechos a los sectores más vulnerables de la población. La justicia social, ambiental y distributiva que propone Sergio Massa es el camino más sostenible para alcanzar nuestro pleno desarrollo aprovechando los recursos humanos y naturales extraordinarios que tenemos. Y nos integra al mundo que ya ha adoptado este concepto a nivel global.
(*) Embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra
