Ningún periodista se atrevería a preguntar al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, si el motivo por el que se reúnen es la gran afición que comparten por el fútbol, o su edad afín.
Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa, sin atisbo de rubor, un periodista preguntó a la primera ministra de Finlandia Sanna Marin y a su entonces par de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, si se encontraban reunidas porque “son similares en edad y tienen otras cosas en común”.
La respuesta no se hizo esperar. Simple y directa, puso en evidencia lo obvio: “nos reunimos porque somos dos primeras ministras, y si fuésemos hombres no nos estaría haciendo esta pregunta”.
La presencia femenina en la política y en los espacios de poder continúa subrepresentada y sujeta a un trato desigual.
Avanzamos en la tercera década del Siglo XXI y menos de 7% de los países del mundo tiene a una mujer como jefa de Estado o presidiendo un gobierno, más de 75% de los escaños parlamentarios del planeta están ocupados por varones, y solo 21% de los ministerios del globo están liderados por mujeres; en carteras además muy alineadas con los estereotipos tradicionales de género, dado que las cinco asignadas con mayor frecuencia a las mujeres son Familia/Niñez/Juventud/Adultos Mayores/Discapacidad, seguidas por Asuntos Sociales.
Mujeres tendrán que esperar 130 años
A pesar de que hace tiempo que sabemos que el desarrollo sostenible requiere de la participación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública y política en igualdad de condiciones, los datos muestran que las mujeres están subrepresentadas en todos los espacios de poder y de toma de decisión, y se estima que lograr la igualdad de género en las altas esferas de la política requerirá otros 130 años.
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En otras palabras, las mujeres actuales y sus hijas no lograrán vivir en un mundo en el cual tengan las mismas oportunidades que los hombres para participar y liderar en política.
Hasta el momento, la presencia de mujeres al frente de Estados y gobiernos, ha tenido valor simbólico, pero no estadístico. Con frecuencia, se presume de modo prejuiciado que esta es una problemática propia de la región de América Latina.
Sin embargo, Estados Unidos y numerosos países de Europa jamás han sido liderados por una mujer. Francia tiene una primera ministra, pero nunca tuvo una presidenta. En España, hasta el momento, ninguno de los principales partidos políticos acudió a las elecciones siquiera una vez presentando una candidata.
La democracia implica la obligación de los Estados de garantizar el respeto y la defensa de los derechos políticos de todos los grupos para estar representados sin discriminación.
Eso requiere asegurar la plena y efectiva participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y en todas las instituciones públicas.
Mujeres y puestos de liderazgo en política
Las mujeres constituyen la mitad de la población, por lo que les corresponde por derecho la mitad de la representación. De ahí la importancia de las leyes de paridad para garantizar la igualdad numérica.
La representación paritaria, además, no debe limitarse al poder legislativo. Debe suceder en todos los poderes del Estado, en todos los niveles de la política nacional y local; en las organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo tipo.
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Junto con la paridad numérica, resulta de la mayor importancia avanzar en la igualdad sustantiva, es decir, igualdad en todos los espacios de influencia política.
Esto debe comenzar con cambios dentro de los propios partidos políticos, dado que sus estructuras, culturas y prácticas organizacionales tanto formales como informales son altamente resistentes al cambio y obstaculizan el acceso de las mujeres a posiciones de poder y de toma de decisiones.
En América Latina las mujeres constituyen la mitad de la militancia de los partidos, pero ocupan menos del 20% de sus presidencias y secretarías generales. Las mujeres enfrentan barreras para sus liderazgos que parten desde dentro de los partidos y organizaciones políticas, que a menudo les retacean cargos internos, candidaturas, financiamiento y visibilidad.
Al igual que sucede con los hombres en la política, habrá mujeres que lo harán mejor y otras que lo harán peor, sus desempeños variarán, algunas serán electas, otras reelectas, y otras no volverán a ser votadas.
Lo que no es correcto, es normalizar las barreras culturales y económicas que persisten, condicionan y obstaculizan sus oportunidades de acceso, permanencia y pleno desarrollo en la vida pública y política.
Mujeres y política
El pasado noviembre tuvo lugar en Argentina la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe organizada por CEPAL y ONU Mujeres.
En ella se enfatizó la necesidad de cambiar los sistemas de cuidado, dado que sus responsabilidades con su consecuente su carga mental y material, recaen de manera desproporcionada en las mujeres, afectando de modo directo su disponibilidad de tiempo y sus posibilidades de autonomía económica, de desarrollo y crecimiento en la vida pública y política, tal como lo resaltara el propio Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
No existen las respuestas simples y unívocas para los problemas multidimensionales. Se requieren cambios integrales en la cultura, en las organizaciones, en las leyes, en las reglas y los procesos formales, en los prejuicios y en las prácticas informales, en la distribución de los recursos, del poder, del uso del tiempo y de la organización social de las tareas de cuidado.
Podremos disentir en muchas cuestiones, pero de lo que estoy segura es de que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en vivir en una sociedad en la cual las mujeres -es decir, nuestras hijas, madres, sobrinas, hermanas, amigas, parejas o colegas- gocen de las mismas oportunidades para participar en la política en igualdad de condiciones, sin ser juzgadas en razón de su género sino por el carácter y el contenido de sus acciones y decisiones; y sin tener que esperar ciento treinta años para que suceda.
*Investigadora CONICET y CoDirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.