Lo que sí creo es que el Poder Judicial no funciona. Pero de allí a hablar de lawfare hay una diferencia. El Poder Judicial en todo tiempo operó selectivamente. La diferencia con el lawfare es que ahora esa selectividad no cae solo sobre sectores empobrecidos y marginados, víctimas usuales de estos juicios sin derechos.
La Justicia siempre ha inventado procesos. No es nuevo. No empezó ahora. Desde que Oscar Wilde fue preso, la Justicia tiene un margen de discrecionalidad que obviamente es político. Pero no hace falta inventar una palabra nueva. Porque el lawfare no empezó en el siglo XXI. La diferencia es la forma en que se hace política: cómo se judicializa hoy la democracia.
No necesitamos un nuevo concepto. Al contrario. Es contraproducente. Lo que necesitamos sí es mostrar punto por punto todo lo que el Poder Judicial está haciendo mal, que es mucho (no nuevo). Pero no siempre es coordinado ni producto de un “plan“ de la Justicia. Es más bien la ausencia de un Poder Judicial en serio, que haga valer las garantías, lo que provoca procesos absurdos por “traición a la patria“ y disparates semejantes. Pero es la misma lógica con la que cientos de pibes pobres van presos sin condena, sin derechos, presos porque sí, porque son “peligrosos“ (lo cual no figura en nuestra Constitución ni en nuestro Código Penal, sí en el chileno, país no por accidente puesto como “ejemplo“). Pero eso no es nuevo. Lo que funciona muy mal hace mucho tiempo es el sistema penal y criminal argentino, es la Justicia Penal selectiva.
Lawfare es una palabra que pone en la mesa que ahora toda esa malformación procesal (por algo son críticos usuales del garantismo, del debido proceso) se aplica también a sectores que antes no se tocaban: los sectores con poder político. Por supuesto que está mal. Pero no es algo exclusivo ni nuevo. Antes había una barrera invisible, que ahora se ha traspasado. Pero parte del progresismo toleró muy bien mucho tiempo estas malformaciones autoritarias, con cientos de pibes presos sin pruebas, sin condena, mientras no los tocó a ellos. Hablar de lawfare confunde más que lo que aclara. Sugiere una novedad que en rigor no es tal.
La Justicia no tiene un plan conspirativo, sino que, como poder del Estado, ha dejado sencillamente de funcionar (de defender en serio las garantías procesales, sin distinción); solo que ahora esta grave erosión procesal ha llegado también a los sectores más poderosos. A los pobres hace mucho que la palabra “justicia” no les dice nada. El Estado los abandona desde que nacen y solo aparece para criminalizarlos. Eso también es lawfare. Meterlos presos sin condena, sin pruebas, en cárceles hacinadas, degradantes, que matan. Y nadie habla de lawfare. Pero se viene haciendo desde hace mucho. Inventar una palabra nueva rompe esta continuidad de fondo y sugiere que esta práctica enraizada desde hace décadas es algo nuevo, cuando no es así. No es estratégico hablar de lawfare. Más inteligente es mostrar que los desmanejos de la Justicia (con los pobres y con sus representantes políticos, que se criminalizan) son viejos y ahora han crecido a tal punto que toda la doctrina de pesos y contrapesos, puntal de la división de poderes, ha dejado de existir. Cada poder del Estado parece hoy una burocracia separada y autónoma. No hay pesos ni contrapesos. No hay división de poderes. Hay “operadores” para mantener todo este viejo esqueleto en pie. Pero no porque haya un plan conspirativo o lawfare, sino porque los integrantes de estos poderes del Estado han olvidado su función y sus deberes. Por eso aparecen los “operadores”.
La degradación dirigencial afecta a la larga o a la corta el funcionamiento de las instituciones. Afecta a la Justicia y el nivel del pobre debate legislativo. La única salida es volver a prestigiar la política y volver a profesionalizar en serio las carreras de Estado.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado argentino.
Producción: Silvina Márquez.
