25 oct 2020
OPINIóN |Fake news
miércoles 8 abril, 2020

Debemos llegar a consensos básicos para combatir la información maliciosa

El límite de la actuación sobre la opinión o la información vertida tanto en internet como en medios tradicionales es el que fija nuestra Constitución.

Silvana Giudici*

Noticias falsas Foto: memyselfaneye / Pixabay
miércoles 8 abril, 2020

No es la primera pandemia que atraviesa la humanidad la del COVID19, pero sí es la primera donde la masiva y generalizada utilización de internet y las redes sociales nos permiten informarnos en tiempo real de la situación que atraviesan millones de personas en todas las naciones afectadas.
La posibilidad de contar con redes de infraestructura, que fueron actualizadas en los últimos cuatro años, hace que estemos un poco más cerca del mundo y que podamos conservar la esperanza en el esfuerzo colectivo internacional para la salida de la enorme y luctuosa emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo.
El amplio desarrollo de las TICs y la innovación tecnológica permite a las naciones, sus gobiernos y comunidades científicas cooperar en las estrategias de prevención y combate de la enfermedad, compartir hallazgos en cuanto a tratamientos y a eventuales vacunas y elegir las mejores tácticas para atravesar los picos de contagio a medida que otros países van superando las etapas críticas de la pandemia.

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La masividad de la información y el uso del entorno digital por parte de los ciudadanos hace más llevaderos los confinamientos sociales, ya que no solo se puede trabajar desde los hogares y estar comunicados con familiares y amigos, sino que también permite aliviar el sistema primario de salud con aplicaciones de inteligencia artificial para la recepción de las primeras consultas, -como la desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- y mejora el nivel de acatamiento con ayuda del comercio electrónico y los pagos de impuestos o servicios con billeteras virtuales.
Todo este avance formidable tiene una cara oscura, la utilización de las herramientas de viralización de contenidos para desinformar o “falsear” información. Este fenómeno denominado en todo el mundo como fake news ha merecido un largo debate en países como el Reino Unido, Francia, Malasia y Estados Unidos, que ya plantearon proyectos de normas o acciones para el combate de las noticias falsas; incluso el Parlamento Europeo ha avanzado en el proyecto de una directiva comunitaria.
Está claro que la información maliciosa en internet, así como en el entorno analógico, implica para catalogarla como tal, la demostración de la real malicia, es decir, de la intención y/o acción de mentir o desconocer a sabiendas la verdad de los hechos en la difusión de información de interés público.

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Por eso debemos detenernos en algunos signos que comienzan a darse en distintos puntos de nuestro país donde se avanza en el combate de supuestas fake news a través de denuncias de gobiernos provinciales o de alguna de sus autoridades. Me refiero al caso de la provincia de Misiones, que ha cobrado relevancia luego de que se difundiera el allanamiento de un domicilio desde donde se divulgaba información supuestamente maliciosa vinculada al COVID19. Más allá del hecho puntual que tomó estado público, ya que se encontró en el domicilio allanado al Secretario de Energía de la Nación, lo que llama la atención es el parte del procedimiento judicial donde consta que la autoridad provincial realiza “patrullajes virtuales” como mecanismo para identificar fake news o “campañas de desinformación”. No fue el primer caso de procedimientos de este tipo, en la Ciudad de Posadas y de Bernardo de Irigoyen se llevaron a cabo incluso dos detenciones con similar argumentación.
Debemos llegar a consensos básicos para que el combate de la información maliciosa en internet no vulnere garantías ciudadanas. El límite de la actuación sobre la opinión o la información vertida tanto en internet como en medios tradicionales es el que fija nuestra Constitución. La incitación al odio, la vulneración de los derechos de la niñez, la pedofilia o los ataques a la seguridad nacional, son los delitos que marcan un límite a la libertad de expresión. Está claro que hay derechos personalísimos que también deben ser cuidados, pero avanzar en el combate de información supuestamente maliciosa sin las correspondientes garantías procesales, sin intervención y tutelaje judicial de todo el procedimiento y además suponer que el estado o su autoridad administrativa es quien debe decidir si la información es veraz o falsa, nos llevaría a caminos que no debemos transitar, algunos muy cercanos a la censura o la discrecionalidad del Estado para evaluar nuestras opiniones o condenar la disidencia.

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En tiempos como estos, donde toda la sociedad realiza un esfuerzo personal, resignando libertades como la de circulación, en pos del beneficio de todos, es muy importante que no perdamos de vista el derecho más importante que cada ciudadano tiene, la libertad de expresión. El rol del Estado es central, así lo ha entendido el oficialismo y también la oposición acompañando las medidas sanitarias, pero ese acompañamiento exige a la vez un compromiso ineludible de quien gobierna con el respeto de la calidad democrática. La mejor herramienta que tienen los estados para combatir la desinformación es la provisión de información pública, real, precisa, brindada de modo fluido, sin interpretaciones ni cortapisas. No es el instrumento más democrático la creación de un portal de la agencia Télam que nos sugiera qué información leer, en qué datos creer o en qué fuentes confiar, y mucho menos lo es el establecimiento de “patrullas virtuales”.

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Necesitamos que los gobernantes confíen y respeten las libertades individuales. Así como los ciudadanos confían en la delegación que le dieron al Presidente a través del voto y acatan sus instrucciones para superar la emergencia, es necesario que el gobierno brinde toda la información, tanto de las medidas sanitarias como de las económicas que va tomando. Registros como el RENAPPO para el seguimiento de la pauta oficial, portales digitales para el acceso a la información, el sistema de compra digital y el expediente digital eran herramientas muy efectivas para este fin que lamentablemente fueron discontinuadas. La información y la transparencia en el acceso a la misma son las mejores estrategias que los gobiernos pueden oponer a la pandemia, sirve tanto para conjurar el temor o la desesperanza de la población como para neutralizar los efectos de la viralización de información falsa.

* Ex Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.


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