“Soles”, “chistorras” y “lechugas”. Lo que hace poco era simple jerga callejera, hoy se ha convertido en un sinónimo amargo del dinero sucio en la política española. Los nombres de los billetes —de 500, 200 y 100 euros— han pasado al lenguaje popular con la naturalidad de quien ya se acostumbró a escuchar la palabra “corrupción” sin escandalizarse.
El caso Ábalos, con su ya célebre trama de Koldo García y las supuestas gestiones de Santos Cerdán, ha dejado una huella profunda en la credibilidad del PSOE. Las investigaciones judiciales revelan una red de favores, intermediarios y regalos que se repartían con la impunidad de quien cree que el poder todo lo puede. José Luis Ábalos, aquel ministro todopoderoso del Transporte y rostro visible del sanchismo, hoy se encuentra en el ojo de una tormenta que no amaina: los audios, los contratos, los viajes y las “chicas” a las que —según se investiga— colmaba de atenciones como si fueran parte del inventario estatal.
Sánchez S.A.: la sociedad anónima del poder en España
Pero el problema no termina ahí. Sería ingenuo pensar que la corrupción tiene un solo color político. El Partido Popular también carga con sus propias sombras: contratos bajo sospecha, fundaciones opacas y relaciones con empresarios que orbitan entre lo público y lo privado. En España, “corrupción” se ha vuelto una palabra mágica y maldita a la vez: aparece en todos los noticieros, atraviesa los cafés de barrio y se ha instalado como parte del paisaje institucional.
Mientras tanto, las encuestas dibujan un tablero en ebullición: según El País, el PSOE logra acortar distancias con el PP y recupera terreno en el voto joven; pero La Razón y El Mundo coinciden en que la suma de PP y Vox ya roza los 200 escaños. España parece atrapada en una paradoja: los corruptos se investigan, los inocentes se cansan, y los votantes ya no saben a quién creerle.
La política se ha vuelto un espectáculo de desconfianza e incertidumbre, donde cada medio muestra una verdad distinta y cada partido acusa al otro de los mismos pecados. En ese juego de reflejos, la palabra “ética” ha quedado reducida a un eslogan. Y mientras los discursos se llenan de promesas de regeneración, los sobres, las comisiones y los maletines siguen circulando, discretos pero constantes, como si nada hubiera cambiado desde los tiempos del caso Gürtel o de los ERE andaluces.
España ha entrado en un punto peligroso: el de la normalización del escándalo. Ya nadie se indigna del todo; solo se elige a quién creer y a quién castigar. Y en esa anestesia colectiva, el dinero vuelve a hablar —ahora con apodos de taberna— mientras la clase política se aferra a un poder que, una vez más, parece ser un negocio con sede en la Moncloa.
Porque cuando los billetes tienen nombre propio y los corruptos tienen padrino, el país deja de ser una democracia vigilante para convertirse en una empresa de favores.
