“Negligente. Encubridor. Asesino. Corrupto”. Desde el sábado pasado, cuando el hallazgo del cuerpo de Micaela García (21) provocó una oleada de bronca e impotencia en el país, estas palabras pasaron a formar parte de la fachada de la casa del juez Carlos Alfredo Rossi (53). El magistrado que le otorgó la libertad condicional al femicida Sebastián Wagner se encuentra “atravesando un cuadro depresivo” por la muerte de la joven atacada a la salida de un boliche de Gualeguay. Ante los pedidos de jury de enjuiciamiento que hay en su contra, el juez de ejecución penal contrató a dos abogados penalistas de Paraná y uno de Chubut, con antecedentes favorables en este tipo de casos. “Estamos absolutamente convencidos de que obró conforme a derecho”, dijo a PERFIL uno de los letrados.
Luego de la aparición del cuerpo sin vida de Micaela en una estancia de Gualeguay y la detención de Wagner, el juez Rossi pidió licencia médica por veinte días. “Se encuentra atravesando un cuadro depresivo, por todo lo que pasó, pero más que nada por la muerte de Micaela”, explica a este diario Miguel Cullen, uno de los tres abogados defensores del magistrado.
Contra el juez en cuestión hay cinco pedidos de destitución presentados ante el Jurado de Enjuciamiento. Rossi, que fue visto en público por última vez el mismo día que apareció el cuerpo de Micaela, quedó en el ojo de la tormenta cuando salió a la luz el nombre de Wagner como sospechoso por la desaparición. Allí se supo que el magistrado le había otorgado la libertad dos años antes de que concluyera su condena, a pesar de que los informes psicológicos lo desaconsejaban.
“Recién nos corren traslado de las denuncias, las que en este momento estamos contestando. Estimamos que haremos las presentaciones el día miércoles”, explica Cullen. El jueves se vencen los cinco días de plazo con los que se cuentan para la presentación del descargo.
Guillermo Vartorelli y Alfredo Pérez Galimberti son los otros dos letrados que forman el equipo contratado por Rossi. Al igual que Cullen, Vartorelli es abogado penalista de Paraná, mientras que Pérez Galimberti tiene una trayectoria de cuarenta años en el Poder Judicial de Chubut y fue defensor general del Ministerio Público de la Defensa, hasta su renuncia a mediados del mes pasado. En su historial cuenta con la defensa en un proceso de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia de su provincia Alejandro Panizzi, en el que logró que no fuera destituido. También representó al procurador general de Chubut, Eduardo Samamé, en un proceso similar en donde se terminó anulando su destitución, según detalla el sitio Análisis Digital.
“Desde el equipo de abogados que asumimos la defensa, estamos absolutamente convencidos de que Rossi obró conforme a derecho y en un todo de acuerdo a su función”, aseguró Cullen.
Los cuestionamientos a Rossi llegaron cuando se supo que dos informes desaconsejaban la libertad de Wagner. Uno era de la Unidad 9 donde el acusado estaba detenido por dos violaciones y el otro era un estudio realizado por un equipo interdisciplinario del juzgado de Rossi.
En dicho trabajo, que data de 2015, los especialistas sostienen que Wagner “mantiene un inadecuado control de sus impulsos” y “escasa capacidad reflexiva”. Además, destaca “su falta de interpretación frente a los errores acaecidos, las circunstancias que motivaron su accionar de-sacertado y las consecuencias vividas a partir de las mismas”.
Por su parte, desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos habían advertido que Wagner “en el aspecto educativo y psicoterapéutico no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad”, por lo que consideraban “desfavorable” su libertad.
El sábado 8 de abril Rossi se fue de su casa, en las calles Jujuy y Magnasco, diez minutos antes de que manifestantes se hicieran presentes para realizar el segundo escrache. El magistrado salió con su hija más chica (tiene dos hijos más) en su auto particular. Desde entonces no se lo volvió a ver.
