De Miguel Bru se pueden decir infinidad de cosas que se desprenden del testimonio de quienes lo conocieron. Vivía en La Plata, tenía 23 años, era estudiante de periodismo, hincha de Boca, adoraba a sus perros, solidario, cantaba en una banda punk, militaba en las causas de Derechos Humanos. Y la lista sigue. A 30 años de su desaparición a manos de la policía bonaerense, hay algo de él que todavía ni su familia ni sus amigos pueden decir y es dónde está: pudieron reconstruir qué le pasó, condenar a los responsables, pero su cuerpo sigue sin aparecer.
Apremios ilegales, complicidad para encubrir lo sucedido y un juez a cargo que fue enjuiciado y destituido por haber favorecido a efectivos policiales en más de una veintena de causas que los comprometían son parte fundamental del caso, que permanece con una incógnita que mantiene una búsqueda activa con 5 millones de pesos en recompensa para quien aporte datos.
Agosto de 1993. Miguel, hijo de Rosa Schonfeld, vendedora, y Néstor Bru, policía, vivía con tres amigos en una casa tomada de la calle 69 entre 1 y 115 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Estudiaba en la Escuela de Periodismo y Comunicación (hoy Facultad) de la Universidad de La Plata. Para tener algo de plata limpiaba vidrieras de negocios y cuando podía, le compraba carne a sus dos perros, que lo acompañaban a cursar. Sus amigos dicen que no se perdía las Marchas de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, que era amigable, se definía anarquista y le encantaba el periodismo.
Por esos días, dos amigos le habían pedido que les cuidara la casa porque iban a viajar, y él invitó a su novia Carolina –que vivía en Mar del Plata– a que lo acompañara. Pero cuando Carolina llegó a encontrarse con Miguel, él ya no estaba: ni en su casa, ni en la de sus amigos Lorena y Santiago que tenía que cuidar, ni con sus padres, ni en ninguna parte.
“Empezamos a preocuparnos todos porque Miguel no era de borrarse sin decir nada, de irse y no avisar”, recuerda sobre esos primeros días Alberto Mendoza Padilla, uno de los amigos de Miguel, en conversación con PERFIL.
Mendoza, compañero de Miguel en la facultad, fue uno de los impulsores de la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Miguel Bru que, entre 1993 y 1999 –cuando la causa llegó a juicio– buscó visibilizar el caso y denunciar que se trataba de una desaparición que tenía como responsables a las fuerzas de seguridad de la Comisaría Novena de La Plata.
Todo empieza un tiempo antes de su desaparición. Miguel Bru había denunciado al personal del Servicio de Calle de esa comisaría por un allanamiento ilegal que hubo en su casa. Se enteró por sus amigos lo que había sucedido cuando no estaba: policías con ropa de civil –el ex subcomisario Walter Abrigo y el sargento Justo José López– habían entrado al domicilio sin orden judicial, armados, y amenazaron a punta de pistola a uno de ellos por presuntos “ruidos molestos” de la banda en la que cantaba Miguel, Chempes 69.
Enojado y con el objetivo de alertar sobre lo ocurrido –por temor, quizás, de que vuelva a suceder– recurre a su mamá y a un amigo y abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: les cuenta y dice que no quiere dejarlo pasar, que está decidido a denunciar.
A partir de esa denuncia, Bru queda en la mira de la policía. Cuando sale de su casa lo siguen, le piden que retire la denuncia, hacen un segundo allanamiento violento al que intentar asociar a un robo en un comercio de la zona. “Empieza a haber un hostigamiento hacia él: lo seguían cuando salía de la casa, iba por la avenida 1 y el sargento López lo seguía a la par mientras caminaba, a paso de hombre en una chevy de civil”, cuenta Mendoza.
Su madre, Rosa Schonfeld, lo reafirma a este medio: “En más de una oportunidad López lo siguió en su auto, y lo sostengo porque él en una declaración al juez (Amilcar) Vara dijo ‘tal vez caminé a la par, pero mi trabajo es la protección de la zona’. No lo niega ni lo negó nunca”.
Ese martes 17 de agosto, se probó en el juicio, Miguel fue secuestrado pasadas las 19 horas en la localidad de Bavio, ubicada en el partido bonaerense de Magdalena –cerca de la casa de sus amigos Lorena y Santiago– y llevado a la Comisaría Novena, donde fue torturado hasta las 2 de la mañana y asesinado. Lo sacaron luego por la parte de atrás del lugar. Pero nada de esto sabía su familia por ese entonces.
Su mamá hace la denuncia por averiguación de paradero después de que otro de sus hijos, Guillermo, le contara que no lo encontraba. En la casa que tenía que cuidar estaba su bicicleta, había un fuego reciente que indicaba que alguien había estado ahí, ropa al costado del río, pero ningún indicio de dónde podía estar.
Mendoza recuerda que cuando se hizo la denuncia, les preguntaron si sabían si alguien estaba enemistado con él o quería hacerle daño: “Carolina dijo ‘sí, personal de Calle de la Comisaría Novena’. Ahí empezamos a atar cabos y a relacionar su desaparición con los dos allanamientos que habían tenido en la casa”.
Era la década de los noventa. Después de la recuperación de la democracia en Argentina, por esos años gobernaba la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde, que definía a esa fuerza de seguridad como “la mejor policía del mundo”. Una policía bonaerense que tenía como jefe a Pedro Klodczyk y sumaba casos de corrupción y abuso de poder que luego la catalogarían como la “maldita policía”.
Sin pruebas, sin pistas, y sin testimonios, amigos y familiares fueron detrás de lo único que en ese momento hacía ruido entre la incertidumbre: el comportamiento que la policía de la zona tuvo en el último tiempo con el estudiante. Entendieron que era hora de organizarse para reclamar por la aparición con vida de Miguel, recurrieron a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y lograron que dos abogados los representaran para llevar adelante el caso, Roberto Bugallo y Marta Vedio.
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"¿Qué le hicieron al pibe?": el testimonio clave de Horacio Suazo que su hermana declaró ante la Justicia
Horacio Suazo estaba detenido en la Comisaría Novena la noche del 17 de agosto de 1993 en la que ingresó Miguel Bru. Había estado preso en algunas oportunidades en esa misma dependencia y parecía conocer a los policías. Cuando salió en libertad, le contó a su hermana, Celia Giménez, lo que sabía del caso Bru: dijo que esa noche los efectivos golpearon a Miguel, le aplicaron el método de tortura conocido como “submarino seco”, se descompensó, le tiraron agua, no reaccionó.
Cuando ya no se movía, Suazo le grita a Justo López: “Negro, no le peguen más al pibe, ¿qué le hicieron al pibe?”. “Y un poco se expone como testigo de lo que había pasado”, explica Mendoza. Es que poco después de recuperar la libertad, Horacio Suazo muere en un presunto enfrentamiento. “Quisieron limpiar un testigo ocular de lo que habían hecho, pero no tienen en cuenta que antes de morirse, él le había contado lo que había pasado a la hermana”, dice el amigo de Miguel.
Desde noviembre de 1993, Rosa Schonfeld recibía anónimos de manera frecuente. Información que hablaba de su hijo, de lo que le había pasado. Muchos eran mensajes insignificantes, pero meses después llega lo que ella define como el “anónimo grande”: decía que a Miguel lo habían sacado por la puerta de atrás de la Comisaría Novena en el Peugeot 504 blanco de Walter Abrigo, y mencionaba a Celia Giménez.
Rosa la buscó hasta que dio con ella de la forma menos pensada: el papá de Miguel, Néstor Bru, se enteró de que el marido de Giménez estaba detenido en la comisaría de Villa Argüello, donde él trabajaba. Ella les pidió a los amigos de Miguel, también estudiantes de periodismo, un grabador. Lo escondió en la cartera, la esperó dos jueves y al tercero la encontró en el horario de visitas. La causa ya circulaba por los medios y la cara de la mamá de Miguel, también. Cuando Rosa le pregunta si la conoce, Giménez dice que sí y acepta contarle lo que sabía: “Sí, total a mi hermano ya lo mataron”.
“No lo querían matar a Miguel pero se les fue de palos”: así supo Rosa Schonfeld que su hijo estaba muerto. Y tenía registro de ese testimonio en cassette. Cuando un diario lo publicó, la causa tomó otro rumbo: “Ya no era la madre loca que decía que la policía lo seguía. Después empieza la investigación y con esas pruebas no quedó más remedio que tomarle declaración a los testigos”, dice Schonfeld.
Había otro obstáculo que no permitía que la causa avanzara, y la Comisión lo trataba de visibilizar: el accionar parcial en favor de la policía que ejercía el juez Amilcar Vara. En 1995, el procurador general de la Corte Suprema Eduardo de la Cruz inicia una investigación y se prueba que en 27 causas el magistrado había actuado siempre en favor de los efectivos, entre ellas en el caso de Miguel Bru y el de Andrés Núñez, un obrero detenido y desaparecido en 1990. En mayo de 1998, Vara fue inhabilitado de por vida.
“Las causas que caían en el juzgado de Vara, torturas, apremios ilegales o delitos cometidos por la policía, él las cajoneaba. Eso se comprobó, se le hizo juicio político y se lo destituyó del cargo. Eso sentó un precedente, porque generalmente no existían jurys políticos a jueces”, recuerda Alberto Mendoza.
Un juicio sin el cuerpo de Miguel Bru: testimonios clave y un libro de guardia con su nombre borrado, las pruebas
Pasaron casi seis años entre la desaparición de Miguel y el juicio. En ese tiempo, sus amigos y familiares organizaron marchas en la ciudad de La Plata y trabajaron para instalar el pedido de justicia en la agenda pública.
“Nosotros teniamos que hacer un relato contrahegemónico, y decir no sólo que la bonaerense no era la mejor policía del mundo, sino que esta policía amenaza, detiene, tortura y desaparece. Eso pasó con nuestro amigo”, explica Mendoza.
En el juicio por el secuestro y tortura seguido de muerte de Miguel Bru, que empezó el 28 de abril de 1999 y tuvo la declaración de cerca de 100 testigos, se condenó a los policías Justo José López y Walter Abrigo por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público. También fueron condenados Juan Domingo Ojeda –a cargo de la Comisaría Novena la noche del 17 de agosto– y Ramón Ceresetto –suboficial de guardia– ambos a dos años de prisión.
Fue Ceresetto quien esa noche escribió en los ingresos del libro de guardia el nombre de Miguel Bru. Cuando lo matan, lo borran y lo reemplazan con otro nombre. Una pericia que se hizo en el Instituto Balseiro comprobó, con un 99% de precisión, que la primera palabra borrada contenía una letra G y la segunda palabra era de tres letras y coincidía con BRU.
“Fue algo fundamental para demostrar que Miguel había sido ingresado a la comisaría novena, y marcaba la responsabilidad de los policías. Fue un elemento contundente que echaba por tierra la versión de los policías de que a Miguel no lo conocían y que nunca lo habían detenido”, remarca el amigo de Miguel.
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Es el primer juicio, dice el referente de la Asociación Miguel Bru, en el que se condenó a miembros de las fuerzas de seguridad por tortura seguida de muerte a partir de las pruebas y los testigos, sin el cuerpo del delito.
Walter Abrigo falleció en 2003 mientras cumplía su condena y, al día de hoy, el único detenido es Justo López, en Florencio Varela. Al igual que Abrigo, ninguno aportó información sobre lo que hicieron con el cuerpo de Miguel.
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30 años y una pregunta sin respuesta: ¿Dónde está Miguel?
En el marco de la causa, que desde 2017 está a cargo del fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de La Plata, se realizaron cerca de 40 allanamientos para encontrar los restos de Miguel Bru.
Desde agosto de 2022, la recompensa para quien aporte datos certeros que ayuden a localizarlo es de 5 millones de pesos, y se puede denunciar de manera anónima.
“Queda un hueco sin llenar, que es no poder encontrar el cuerpo de Miguel y darle la sepultura que corresponde. Es como que algo falta para cerrar esta historia. Hace dos años falleció Néstor, el papá de Miguel, y para nosotros fue terrible que él se muera sin encontrar los restos de su hijo”, dice Mendoza con una tristeza que luego se vuelve fuerza, y agrega: “Nosotros seguimos buscando. Nuestro principal objetivo como Asociación es encontrar el cuerpo de Miguel. Hasta que eso suceda no vamos a parar”.
Quienes puedan aportar información pueden presentarse exclusivamente ante cualquier Fiscal General de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de La Plata (calle 7 entre 56 y 57) ; o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (llamando al teléfono 0221 4293015, con reserva de identidad)
