La Coalición Cívica (CC), espacio político fundado por Elisa Carrió, presentó este miércoles un proyecto de ley para que el Gobierno pueda realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que la propuesta oficial pase por el Congreso. La iniciativa fue definida como una "herramienta de última instancia" para evitar que el país entre en default.
La propuesta "se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio" para autorizar al Ejecutivo a establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el organismo financiero por la deuda contraída en 2018, según explica el comunicado oficial difundido por el partido.
Estos son: "evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo; estar a la altura de la responsabilidad histórica; y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo", añade el documento.
En ese sentido, explica que la iniciativa presentada por los legisladores de la CC "está por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral" y subraya que "el Gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo" para refinanciar la deuda que se contrajo en la administración del ex presidente Mauricio Macri.
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Además, desde el partido presidido por el diputado Maximiliano Ferraro también afirmaron: "Llegamos a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del Frente de Todos. Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas".
"También debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan. Sin temores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores, somos una fuerza política que no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora", agrega.
En los términos de la Ley No 27.612, el proyecto autoriza en el plano formal al Gobierno a suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el FMI para alcanzar un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Stand-By de 2018, "sin perjuicio del control posterior por parte del Honorable Congreso de la Nación".
