El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 comenzó este miércoles el juicio contra el exsecretario de Comercio Interior Interior Guillermo Moreno por la presunta adulteración de los datos de la inflación y otros indicadores económicos, cuando tuvo al INDEC bajo su órbita en el último tramo del gobierno de Néstor Kirchner. Dentro de los acusados, también se encuentran la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri y las exfuncionarias del organismo Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.
La jornada inició pasadas las 9:30 con la lectura de la acusación, ante lo que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel le preguntaron a Moreno si iba a prestar declaración indagatoria. El exfuncionario respondió negativamente, pero luego aceptó responder preguntas y minimizó su papel en el organismo que mide la inflación. "Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo. (…) Yo tenía todos los precios del mercado", se ufanó.
Comienza el juicio a Guillermo Moreno por presunta manipulación de datos del Indec
En la primera jornada del debate, Moreno ensayó una defensa desde el punto de vista de la gestión política. Al respecto, explicó que, durante su gestión al frente del área de Comercio Exterior, "conversaba" directamente con los empresarios sobre el valor de los principales elementos de la canasta familiar porque el objetivo era "preservar el valor del salario". "Utilizamos la 'conversación de los precios'. Eso se hacía en mi despacho con la persona que designara la empresa", subrayó.
En sus declaraciones, Moreno y Paglieri se remitieron a sus dichos y descargos brindados oportunamente en la investigación, al tiempo que el exsecretario de Comercio también contestó las preguntas formuladas por la fiscalía. Por su parte, Filia y Cámpora Avellaneda se abstuvieron de declarar.
Tanto el exsecretario como la exdirectora del IPC están acusados como autor y coautora, respectivamente, de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades. Por su parte, las dos empleadas del organismo están imputadas como partícipes primarias de los mismos hechos.
Moreno es asistido por el abogado defensor Alejandro Rúa, en tanto que la acusación está a cargo de los fiscales Diego Luciani, que intervino y pidió condenas en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Kirchner, y José Lenkiewicz. Las audiencias del juicio serán semanales y continuarán el próximo miércoles 10 de abril, desde las 9:30.
Con este juicio, el exfuncionario podría sumar su tercera condena o su segunda absolución. Al respecto, en 2017, el Tribunal Oral Número 8 dispuso la pena de 2 años y medio de prisión por el delito de peculado luego de haber empleado fondos públicos para la compra del cotillón con la leyenda “Clarín Miente”. Cinco años más tarde, el mismo tribunal lo condenó por amenazas coactivas en una asamblea de 2010 de Papel Prensa. Por último, fue exonerado en una causa por coacción agravada e intimidación tras irrumpir en una asamblea del grupo Clarín en 2013.
Una de las particularidades de este proceso es que el expresidente Alberto Fernández, quien durante el mandato de Néstor Kirchner fue Jefe de Gabinete, será uno de los 64 testigos admitidos por el tribunal que incluye a Gerardo Morales, la exdirectora del IPC, Graciela Bevacqua y la exministra de Economía, Felisa Miceli.
El exmandatario fue convocado por la defensa de Moreno. Si bien no se determinó qué día declarará, su testimonio puede ser desestimado durante el proceso. De atestiguar, Fernández podría ser interrogado nuevamente por Luciani, a quien cruzó cuando declaró en el marco del expediente por el redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, causa que terminó con la condena de Cristina Kirchner.
La causa por presunta manipulación de datos y abuso de autoridad
La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli, y se inició en 2007 ante la denuncia del abogado de la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” sobre una serie de publicaciones periodísticas que referían a las circunstancias y el contexto en el que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua.
En ese sentido, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de “visitar” esas firmas. Sin embargo, Bevacqua se habría negado, por lo que el entonces secretario de Comercio la habría reemplazado por Paglieri. Sumado a esto, el denunciante también advertía sobre una adulteración y/o manipulación del índice inflacionario publicado por el INDEC en enero de 2007.
A la investigación se agregó la denuncia de los entonces senadores nacionales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre las conductas desplegadas por la exministra de Economía, Felisa Micelli, Moreno y por Paglieri, cuyo nombramiento se habría dado con el fin de falsear los índices inflacionarios. Asimismo, se cuestionó la designación de Filia y Cámpora Avellaneda, quienes no habrían acreditado su experiencia técnica y tampoco habrían participado de un concurso previo de oposición y/o antecedentes.
En el marco de la causa, el fiscal Stornelli solicitó el procesamiento de Moreno, Paglieri, Filia, Cámpora Avellaneda y la difunta exdirectora del INDEC, Ana María Edwin. En tanto, en agosto de 2018, requirió la elevación a juicio de la investigación, cuando tuvo por probado que Moreno abusó de su autoridad para designar personas de su confianza en el INDEC con el fin de controlar el IPC y obtener un dato de la inflación más bajo que el esperable.
Según la parte acusatoria, el exsecretario habría hostigado a funcionarios del organismo para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza. Por su parte, Paglieri habría violado los deberes a su cargo y abusado de sus funciones como directora del IPC para presuntamente brindarle a Moreno información clasificada, directamente o a través de Filia y Cámpora Avellaneda. Asimismo, habrían adulterado los índices de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007.
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