A una semana del reinicio de las actividades en tribunales, tanto el oficialismo como la oposición observan detenidamente el mapa situacional en Comodoro Py 2002, lugar donde se investigan todas las causas vinculadas al poder y la política nacional. Después de las críticas de Cristina Kirchner al Poder Judicial, esas definiciones judiciales quedarán en la mira del poder político.
Funcionarios y ex funcionarios del macrismo y el kirchnerismo enfrentan diversos procesos judiciales en instrucción y en etapa de debate. A un bando le imputan maniobras de espionaje y al otro hechos de corrupción.
En tanto, y fuera de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández aguarda por la firma del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli de su sobreseimiento en la causa por el festejo en la quinta de Olivos del cual la pareja presidencial abonó un resarcimiento económico de 3 millones de pesos.
Mauricio Macri se apuntó dos importantes victorias en la Justicia en los últimos días, por un lado en la causa donde se investigaban las visitas de dos camaristas de casación a la residencia presidencial y a Casa de Gobierno durante su mandato donde el juez Marcelo Martínez De Giorgi dictó su sobreseimiento, así como también el de los casadores, del que además dispuso sean analizadas en el Consejo de la Magistratura en su rol de organismo sancionador de jueces.
El Presidente aguarda la firma del juez con su sobreseimiento por la fiesta en Olivos
Por el otro, el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, luego que el juez de Dolores Martín Bava procesara al ex presidente por violación a la ley de inteligencia y posteriormente la causa quedará radicada en la justicia federal porteña, la cámara de apelaciones hizo lugar al rechazo de lo dispuesto por Bava y otorgarle el sobreseimiento.
Justo en ese expediente también fueron beneficiados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, quienes además se anotaron otra victoria judicial al ser sobreseídos en otra causa por espionaje político en las llamadas “Bases AMBA”, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia.
Sin embargo, sobre la cúpula de la AFI macrista pesa un serio procesamiento confirmado por la Corte Suprema y es el del megaexpediente por espionaje ilegal a políticos, sindicalistas y empresarios que inició en Lomas de Zamora y que pasó a Comodoro Py, donde Cristina, Rodríguez Larreta, Santilli y otros, son querellantes.
Otra causa que se reactivará es la del supuesto contrabando de armas a Bolivia
Otra causa que involucra a Macri como imputado y que se reactivará tras la feria es la del supuesto contrabando de municiones antimotín a Bolivia durante el golpe a Evo Morales. Hasta ahora la Justicia penal y económica le tomó testimonios a más de una veintena de gendarmes y se busca reconstruir si el destino de más de 70 mil municiones antidisturbios eran realmente para defender la residencia del antiguo embajador argentino Normando Álvarez García y la sede diplomática o para los grupos subversivos. Además del ex mandatario están acusados Patricia Bullrich, Oscar Aguad y otros funcionarios del gobierno anterior.
Por su parte y tras un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner aguarda al 1º de agosto, día en el que se reanudara el juicio en su contra donde se le acusa de encabezar una asociación ilícita dedicada a beneficiar con obra pública en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez. El debate está en instancia de alegatos del cual, antes del inicio de esa etapa, la Oficina Anticorrupción en su rol de querellante se bajó y la Unidad de Información Financiera dijo no tener argumentos para acusar a la ex mandataria, cediéndole así el lugar a la fiscalía cuya exposición sigue siendo una incógnita.
Cristina sostiene ser víctima de una avanzada judicial, más allá de que el año pasado fue sobreseída en varias causas como Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Los Sauces y Hotesur. Sin embargo resta el rechazo o la confirmación de las resoluciones en esos expedientes hasta llegar a la Corte Suprema, instancia duramente criticada por ella, por el Presidente y por diversos sectores del Gobierno y la política nacional.
