El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes que el Gobierno nacional decidió iniciar el proceso de privatización de AySA. “En primer lugar, comunicarles que el Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA”, expresó durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Detalló que el plan contempla “la transferencia del 90% de las acciones de la empresa actualmente en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico” y “una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”. Aclaró que “en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AySA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa”.
Según Adorni, desde su reestatización en 2006, "AySA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023”. Y agregó: “Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”. Entre ellos mencionó “los costos operativos, donde, por ejemplo, la dotación creció 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, cuando supo ser del 4% promedio”.
Adorni también cuestionó el uso de fondos públicos en los últimos años: “Al asumir este gobierno, se encontró que en AySA se habían gastado más de 4800 millones de dólares, solo en la última gestión de gobierno”, y agregó que “con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña”. Luego señaló: “Por supuesto, todo esto con la contrapartida de un país con la pobreza en números exorbitantes”, y denunció que “en septiembre del 2023 se compraron las famosas camionetas Kangoo, camionetas que se adquirieron por un precio muy superior al precio de mercado de aquel momento”.
Adorni aseguró que “todo este proceso de privatización que se inicia a partir de hoy será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia del mismo”. Y concluyó: “La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA”
Avance judicial por la causa YPF
El vocero también informó que “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF”, lo que implica que “la decisión de la jueza Preska se encuentra temporalmente suspendida”. Precisó que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el trámite de apelaciones de entrega de las acciones” y advirtió que “no hay un plazo determinado para ello”.
Rechazó rumores sobre negociaciones paralelas: “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier difusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”. Y aclaró: “La única vocería autorizada para informar sobre las instancias del litigio es el Estado nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación”.
Según Adorni, “esto se debe a la solidez de los argumentos presentados por la Argentina, quien ya estaba preparada para este escenario y que también lo está para cualquier otro escenario que pueda surgir en el futuro inmediato”. Y aseguró: “Argentina se encuentra derecho, defendiendo la soberanía argentina en todas las instancias judiciales”.
Además, destacó que “el Gobierno argentino obtuvo el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su solicitud de suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF dictada por la jueza Preska el pasado 30 de junio”. Señaló que “este nuevo apoyo se suma a que el propio Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la jueza Preska en defensa de la posición argentina, contraria a la entrega de las acciones de la compañía”.
“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y de Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad jurisdiccional invocada por Argentina”, dijo. “En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”.
Remarcó que “la situación cambió” y celebró que “el gobierno del presidente Milei logró que en menos de un año y bajo dos administraciones diferentes —la de Biden y la de Donald Trump— el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa”. Para Adorni, “se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino”.
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Denuncias contra SADAIC
El vocero informó también que el Ministerio de Justicia habilitó un canal para denunciar a las sociedades de gestión colectiva que intenten cobrar derechos de autor de manera indebida. “Cabe recordar que algunas de ellas, como SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, cobraban por pasar música en hoteles, casamientos o en fiestas de 15”, explicó. Y agregó: “A partir de ahora se van a poder denunciar estos cobros indebidos de forma simple y online, ingresando en el sitio oficial de la Dirección Nacional del Derecho de Autor”.
Cuestionó el funcionamiento de SADAIC: “SADAIC funcionó bajo un régimen abusivo para los consumidores y poco transparente para los artistas”. Y señaló que “mientras se cobraban tarifas desmedidas, en lugar de llegar a los artistas, el dinero recaudado quedaba en manos de quienes controlaban la entidad”. Como ejemplo, citó: “El año pasado, un reconocido cantante de rock nacional dijo, y cito textual, ‘Quiero hacer público mi agradecimiento a los directivos de SADAIC por haberme ingresado la suma de 7800 pesos por mis 30 años de aporte con mi voz y mi aporte a la cultura. Gracias totales’”.
Adorni advirtió que “cualquier intento de cobro por parte de una sociedad de gestión colectiva vulnera lo estipulado en el decreto 765/2024, que desreguló el régimen de propiedad intelectual”.
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Avance del protocolo para “agentes encubiertos digitales”
El vocero confirmó la implementación del nuevo protocolo para la designación de agentes encubiertos digitales. “Esta semana, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se estableció el protocolo de actuación para la designación de agentes encubiertos digitales”, explicó. Y detalló: “Su función será colaborar en las investigaciones judiciales relacionadas con delitos como la pornografía infantil, el narcotráfico o el terrorismo”.
Señaló que “hoy muchas organizaciones criminales están presentes en entornos digitales para agilizar sus operaciones y ocultar sus delitos”, y agregó: “Incluso existen grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería donde se jactan de algunos de los crímenes que cometen”.
Hasta ahora, “intervenir en estos casos era muy lento, pero sobre todo muy complicado”, dijo. “A partir de este protocolo y gracias a la agregación de este cuerpo de elite, dentro del Ministerio de Seguridad habrá agentes especializados realizando tareas de cibervigilancia en los casos que la Justicia los solicite”.
Adorni indicó que “una vez autorizada la participación del agente, se le asignarán datos biográficos ficticios y se crearán avatares adaptados a su perfil de investigación”. También se estableció “un consejo académico asesor ad honorem para este cuerpo, que establecerá las pautas y el contenido de la capacitación de los agentes con el fin de maximizar la eficiencia de las investigaciones judiciales”.
“El uso de la identidad ficticia de los agentes únicamente podrá orientarse a la misión encomendada por la Justicia y estará prohibido utilizarla en otra investigación o para otros fines”, aclaró.
Finalmente, Adorni diferenció la medida del accionar del anterior gobierno: “En el pasado, gobiernos que proclamaban frases como ‘el amor vence al odio’ terminaron creando organismos para censurar voces disidentes, como el caso del Observatorio de la Desinformación y Violencia Simbólica creado por el expresidente Fernández y conducido por la periodista militante Miriam Lewin”. Y concluyó: “A diferencia de aquellos tiempos oscuros, este protocolo tiene como fin perseguir el crimen organizado para que los delincuentes no queden impunes. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga”.
Acuerdo con Google y cambio en la SIGEN
Sobre el cierre, Adorni informó que “gracias a una reunión que el presidente Milei mantuvo el año pasado con el CEO de Google, el Gobierno nacional firmará con la tecnológica estadounidense un acuerdo de colaboración para diseñar proyectos que mejoren los servicios públicos del país”. Precisó que el acuerdo permitirá “incorporar tecnologías digitales a los servicios del Estado para facilitar su acceso, agilizar la atención a los ciudadanos y mejorar la eficiencia en los procesos”.
Entre las iniciativas previstas, se encuentra “capacitar empleados públicos a través de un programa de aprendizaje en Google Cloud” y “desarrollar junto a la empresa norteamericana otros proyectos educativos”. Según Adorni, “los países salen adelante de la mano del sector privado y en colaboración con las empresas, como es en este caso de las más importantes del mundo”.
Por último, anunció la "renuncia" del titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN): “El contador público Miguel Ángel Blanco renunció como titular de la SIGEN”. Su lugar será ocupado por “el contador público Alejandro Fabián Díaz, quien cuenta con experiencia en dirección de empresas y certificación internacional en ética, y con planes que desarrolló de auditoría, sindicatura y control gubernamental durante más de 30 años, tanto en el sector público como en el sector privado”.
NG
