“El Gobierno pide mucho pero otorga poco”, desliza un gobernador de amplio expertise en negociaciones políticas de alta tensión. Se refiere al trabajo que lleva adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales para obtener los votos en el Congreso que logren aprobar, entre otras cosas, el Presupuesto 2027. En ese marco, se coló en las conversaciones una cuestión no esperada: la deuda que el Estado nacional mantiene con las Cajas Previsionales de las provincias. El pasivo total por el corte de fondos asciende a 2.899.574.222 dólares (dos mil ochocientos noventa y nueve millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós dólares).
Este conflicto aparece frente a la estrategia parlamentaria que el Poder Ejecutivo impulsa para lograr la reforma electoral que elimine o suspenda las PASO. El congelamiento de las transferencias automáticas directas se consolidó a partir de enero de 2024, cuando la aplicación del DNU 280 barrió las partidas —no todas— que financiaban los sistemas previsionales no transferidos con el fin de lograr superávit fiscal en el primer trimestre de la gestión de Javier Milei.
Para coordinar esa unión de voluntades, el jefe de Gabinete recibió en Casa Rosada durante septiembre a once mandatarios de diversas fuerzas políticas. En esos encuentros, Santilli también buscó asegurar apoyos para el tratamiento de otras dos normas de máxima prioridad para el oficialismo: la contención parlamentaria del DNU 70/23 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En diálogo con PERFIL, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, afirmó que "el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos", aunque aclaró que la provincia debe "hacer su parte".
El presupuesto no cierra ni en el Excel
La genealogía del bache previsional: el pacto fiscal de los noventa
La compleja matriz de este conflicto nació en 1994 y fue una obra de ingeniería financiera del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Pese a que su plan de privatizaciones y reformas estructurales estaban en pleno apogeo, el padre de la Convertibilidad necesitaba controlar el déficit fiscal que la propia “política” generaba, con gastos que superaban de forma crónica lo que el Estado recaudaba. Esta situación, es de público conocimiento, ocasionaba fuertes discusiones entre el economista y el expresidente Carlos Menem.
Fue entonces que el excanciller propuso en 1994 a las provincias traspasar sus cajas previsionales a la órbita de la Nación, para que fuera el Ejecutivo Nacional el encargado de abonar de forma directa las jubilaciones de los médicos, enfermeras, policías y demás empleados públicos de todo el país. A cambio, los gobernadores se desentendían de lidiar con un pasivo crónico originado por una histórica recaudación menor a la necesaria para sostener los pagos.
A simple vista, se trataba de un win-win. Los gobernadores no debían lidiar con el desajuste financiero previsional y Cavallo se hacía de una masa de dinero gigantesca mes a mes. Ese flujo de recursos líquidos le permitiría tapar los agujeros fiscales que, para mediados de 1994, el exministro ya comenzaba a vislumbrar en el horizonte argentino.
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La iniciativa generó lo que genera cualquier proyecto en la Argentina: una grieta. Aunque once provincias aceptaron el traspaso a la ANSES, un bloque de trece jurisdicciones rechazó la absorción centralizada para conservar el manejo de sus estatutos locales y los beneficios previsionales de sus empleados públicos. En aquel momento se las denominó "las trece rebeldes".
El 6 de diciembre de 1999, cinco años después de la invitación, ya sin Cavallo en el gobierno de Carlos Menem y con Roque Fernández a cargo de la cartera económica, se firmó el “Compromiso Federal” con las trece provincias “rebeldes”. El mecanismo no hizo otra cosa que ratificar que el Estado nacional seguiría financiando a través de la ANSES el déficit de esos sistemas mediante transferencias mensuales automáticas. Es decir, el Gobierno nacional haría con esos distritos lo mismo que hizo con los once que aceptaron la propuesta inicialmente.
En los hechos, ese acuerdo fue el primer condicionamiento del peronismo hacia el gobierno de Fernando de la Rúa, y fue ejecutado apenas cuatro días antes de que asumiera como Presidente. La liga de gobernadores justicialistas hizo valer su peso parlamentario y político a cambio de un piso fijo de fondos coparticipables para financiar sus déficits internos, que para 1999, ya percibían fuera de control. Esa medida es la que hoy origina la deuda previsional millonaria en dólares.
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El frente del torniquete total: los distritos sin auxilio financiero de la Nación
La interrupción de las transferencias mensuales de la ANSES a partir de enero de 2024 forzó una polarización en la toma de decisiones de las trece provincias sin sus cajas previsionales transferidas. Cuatro de ellas se encuentran bajo un corte total del 100% de los recursos nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Formosa. En todos los casos abonan a sus jubilados mediante recaudación impositiva local e impulsaron demandas originarias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia de Buenos Aires lidera el volumen del pasivo con un reclamo judicial consolidado que asciende a 1.493.506.494 dólares (mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos seis mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares) por las transferencias recortadas a su instituto de previsión social (IPS).
En la misma situación se posicionan los gobiernos de Santa Fe, con una demanda interpuesta por 469.310.390 dólares, y La Pampa, que reclama un stock histórico de 259.740.260 dólares.
La excepción administrativa del bloque opositor la aporta Formosa, cuyo reclamo por 11.688.312 dólares se mantiene bajo la revisión de los montos reclamados por parte de la ANSES. En los demás casos, el tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, administra los expedientes.
Oxígeno discrecional: el mapa de las provincias con convenios de emergencia
El universo de las provincias dialoguistas o aliadas al Gobierno nacional muestra un escenario diferente. A pesar de sostener las demandas vigentes en los tribunales por las deudas acumuladas en el pasado, estos distritos accedieron a puentes de asistencia financiera mensual a través de convenios de emergencia firmados con la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Ante la consulta de PERFIL, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lo explicó al detalle. La administración entrerriana mantiene abierto un litigio judicial ante el Máximo Tribunal por un stock consolidado que asciende a 100.393.701 dólares, pero el mandatario provincial optó por una estrategia que combinó la vía legal con la negociación técnica ante la ANSES.
"La estrategia provincial combinó durante estos años el reclamo judicial ante la Corte, el diálogo y los acuerdos con Nación y ANSES", afirmó el mandatario provincial. Esta ingeniería de acuerdos sucesivos y parciales con el organismo nacional y el Ministerio de Capital Humano le permitió a la provincia acceder a flujos de asistencia.
El titular del Ejecutivo entrerriano detalló ante este medio que "primero se establecieron anticipos mensuales de 2.000 millones de pesos; posteriormente se alcanzó un acuerdo por 48.000 millones de pesos, en ocho cuotas de 6.000 millones de pesos". Las partidas actuaron como paliativos para el déficit previsional interno.
La última actualización del flujo corriente hacia la provincia se selló mediante un convenio reciente para el ejercicio en curso. Frigerio precisó a PERFIL que el último convenio es “por 120.000 millones de pesos, en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos", una cifra que a cotización oficial representa un ingreso mensual aproximado de 6.493.506 dólares.
El costo de recibir los fondos de Nación
La liberación de estos giros mensuales por parte de la Casa Rosada exigió contraprestaciones institucionales a los distritos. Entre Ríos debió convalidar los procesos de auditoría del organismo nacional y avanzar en un reordenamiento de su propia estructura previsional. El gobernador indicó que el proceso incluyó "una reforma previsional, sancionada en 2026".
La norma local buscó reducir el déficit estructural y otorgar sustentabilidad al sistema de previsión social entrerriano. El mandatario provincial cerró su descripción de la estrategia fiscal ante este medio al manifestar que "el objetivo es que Nación reconozca los recursos que corresponden a Entre Ríos y, al mismo tiempo, que la Provincia haga su parte".
Córdoba, por su parte, representa el caso más antiguo de desfasaje previsional en la tabla general. El conflicto de la provincia mediterránea se originó en 2019, cuando la gestión nacional congeló la actualización por inflación de los giros corrientes, acumulando un pasivo que hoy el gobernador Martín Llaryora mantiene en la Corte Suprema por un total de 454.545.455 dólares.
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El resto de las provincias alineadas con la estrategia de los convenios mensuales parciales de la ANSES registra escalas menores en la grilla previsional. Bajo esta modalidad técnica de asistencia corriente se ubican las jurisdicciones de Chubut, con 31.168.831 dólares, Corrientes, con 25.974.026 dólares, y la provincia de Chaco, que computa 16.233.766 dólares.
En la instancia administrativa de la ANSES, y bajo el mismo criterio de asistencia financiera condicionada a cambio de reordenamientos internos, se completan los casilleros de Misiones con 12.987.013 dólares, Neuquén con 9.740.260 dólares, Santa Cruz con 7.792.208 dólares y la administración de Tierra del Fuego con un reclamo de 6.493.506 dólares. En todos los casos, el proceso administrativo previo ante el organismo previsional nacional es requisito obligatorio para iniciar un reclamo ante la Corte.
Con el viaje del presidente Javier Milei y una comitiva de más de una docena de gobernadores a la Argentina Week en París la semana pasada, la dinámica de reuniones de Diego Santilli con gobernadores quedó en un impasse. Sin embargo, con el regreso de las delegaciones al país este sábado, la Casa Rosada confirmó que las negociaciones seguirán su curso y mantendrán el foco principal en el Prespuesto 2027 y la reforma electoral.
