Después de una jornada adversa para el oficialismo, con la aprobación en el Senado de leyes que incrementan el gasto público, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el presidente Javier Milei vetará las normas sancionadas. Entre ellas, las que actualizan jubilaciones, reponen la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad. Aun así, la Casa Rosada enfrenta un dilema jurídico que le complica la estrategia: si ejerce el veto, acepta la validez de la sesión que ahora cuestiona ante la Justicia. Sin embargo, si judicializa primero, no llegará a una resolución antes de los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para promulgar o rechazar una ley. Es decir que, si no actúa durante ese plazo, las normas entran en vigencia automáticamente.
“El Presidente apunta que estas leyes que se aprobaron no tienen indicado cómo se financian y por la Ley de Administración Financiera eso no es legal, por eso el Gobierno va a judicializar”, explicó Francos en declaraciones a radio Mitre. También anticipó que buscarán impugnar “la autoconvocatoria a la Comisión de Presupuesto y la sesión del Senado”, aunque admitió que todavía deben evaluar “si eso procede”.
En paralelo, el jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo intentará bloquear en Diputados los proyectos que impulsa un grupo de gobernadores para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles. “Las provincias siempre demandan más fondos. Se acerca el período electoral y los gobernadores quieren tener más recursos para enfrentar las elecciones. Obviamente, el Gobierno no quiere desprenderse de recursos como los ATN, que son para tratar emergencias nacionales”, sostuvo Francos.
Aun así, el propio funcionario reconoció que será “más dificultoso” frenar esas iniciativas en la Cámara Baja. “Trataremos de que no se aprueben”, adelantó.
En paralelo, otra de las visiones técnicas sobre el asunto es que no le correspondería al Ejecutivo judicializar el tema, sino a los legisladores que se sintieron afectados por la voluntad de la gran mayoría opositora autoconvocada ayer. Y, en ese sentido, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero solicitó a la presidenta de la Cámara Alta declarar “la nulidad” de la misma por “no haberse respetado el reglamento de este cuerpo”.
Así lo hizo saber a través de una nota remitida a Victoria Villarruel el mismo jueves, donde argumenta que la sesión “no fue convocada conforme las disposiciones reglamentarias y por lo tanto la nulidad solicitada deviene manifiesta e insanable”.
En Diputados, la presión crece
Desde la Cámara baja, la jefa del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, anticipó que buscará sostener las leyes vetadas y advirtió que el oficialismo no tiene garantizado el tercio necesario para bloquear su ratificación. “Espero que el Congreso de la Nación sea realmente un organismo de poder que establezca los límites dentro del marco constitucional. Hoy tenemos una esperanza de que el Gobierno no logre ese número”, expresó en diálogo con radio Futurock.
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Calletti, que representa a diputados alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, remarcó que “la situación de jubilados y personas con discapacidad es absolutamente insostenible” y subrayó que algunos sectores políticos que antes acompañaron al Gobierno “hoy resulta imposible que se hagan los distraídos”. Precisamente, Calletti es la jefa del bloque que tiene ocho diputados que en la mayoría de las votaciones parlamentarias acompañaron al Ejecutivo.
La salteña recordó que el año pasado su bloque se abstuvo en la votación por la movilidad jubilatoria porque “ya se sabía que el Gobierno tenía los votos” y porque “bajar a recinto sabiendo que perdés y no lo podés tratar más por ese año, me parece una locura”.
Esta vez, sin embargo, el escenario es distinto: la oposición percibe que puede ganar. “La foto no es tan nítida” como en otras oportunidades, afirmó Calletti, dejando abierta la posibilidad de que el Congreso imponga sus propias reglas de juego.
Vale recordar que el aumento a los jubilados fue aprobado con más de dos tercios de los presentes en ambas cámaras, lo que deja en claro la voluntad de la mayoría del Congreso para rechazar el veto, salvo que el gobierno logre torcer esa tendencia.
Respecto de los proyectos que reclaman los gobernadores, como el reparto del impuesto a los combustibles y los ATN, Calletti aseguró que en Diputados conseguirán los votos. “Es de una absoluta razonabilidad”, señaló. Y criticó al Gobierno por haber “logrado el equilibrio fiscal a costa del ajuste a la clase media trabajadora, a los jubilados y a los fondos de las provincias”.
“La plata no es de los gobernadores, los fondos son de las personas que viven en las provincias. La situación en términos económicos se ha hecho insostenible; y los gobiernos provinciales y la gente aguantaron todo lo que podían aguantar”, planteó.
En ese contexto, la jefa de Innovación Federal cuestionó el anuncio de judicialización. “El Gobierno cree que vive en una monarquía. El Estado argentino es un sistema republicano, federal y democrático. El presidente tiene que entender que existe un Congreso que tiene competencia y tiene que ejercer”, sentenció.
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Villarruel, el otro silencio incómodo
En medio de la tensión institucional, Francos también fue consultado por las críticas del presidente Milei a la vicepresidente Villarruel, a quien tildó —sin nombrarla— de “traidora” en su discurso en la Bolsa de Comercio. “Yo creo que dijo ‘traidora’ pero se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidenta. Hizo el comentario sin hacer ninguna referencia concreta. No quiero hacer comentarios sobre eso. Es una opinión del presidente y si está referido a Villarruel él tendrá que decirlo”, esquivó el ministro coordinador.
De todos modos, Francos aclaró que Villarruel ingresó al recinto “cuando ya había quórum” y que “cuando los senadores de nuestro bloque dijeron que la sesión era irregular, la vicepresidenta también se retiró”.
JD / DCQ
