El jefe de Gabinete Agustín Rossi dijo que si la Corte Suprema quiere pagar aumentos a los empleados judiciales debería utilizar recursos propios. La declaración sucede en el medio de una nueva tensión entre el Ejecutivo Nacional y el máximo tribunal, que había reclamado el envío de fondos para afrontar un incremento salarial del 6,5% que se estableció en mayo. A través de una carta, rechazó la exigencia y señaló que la entidad tiene un superávit de $55.387 millones, un monto suficiente para afrontar los pagos.
El jueves, la Corte Suprema le había pedido "una respuesta urgente" al Gobierno Nacional y había planteado que la situación “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
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Rossi le respondió a los magistrados a través de una carta en la que, en primer lugar, aludió a la crisis económica: "Tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles", escribió el funcionario.
Después de repasar la normativa de financiamiento, Rossi deslizó un cuestionamiento a la Corte y dio que “la buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente".
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El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, al final, recordó que el Gobierno ya había enviado fondos a través de la asignación de un crédito: "El Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial asignando crédito para Gastos en Personal con Fuente 11 – Tesoro Nacional en la DA 356/2023 y en el DNU 436/2023 por un total de $10.000 millones”, escribió Rossi.
En la carta, Rossi sostuvo que la Corte Suprema tiene fondos suficientes: "A la fecha, en el Presupuesto de la Administración Nacional, el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $426.095 millones mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $370.708 millones, dando como resultado un superávit de $55.387 millones”.
En esa línea, el funcionario agregó: "Se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de $24.000 millones aproximadamente. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por $187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”, señaló.
El pedido de la Corte y la decisión sobre la jueza Figueroa
La Corte Suprema envió la carta con el pedido de fondos al Ejecutivo Nacional ayer, en el mismo día que se ordenó que Ana María Figueroa deje de ser jueza de la Cámara Federal de Casación Penal por haber cumplido los 75 años, la edad máxima que exige la Constitución. El oficio llevó la firma de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti.
La noticia de Figueroa, que tiene en sus manos causas sensibles Hotesur y Los Sauces, fue otro revés para el oficialismo, que pretendía que la magistrada continuara en su cargo durante cinco años más. El kirchnerismo intentó llevar el tema al Senado, pero no consiguió el quorum para sesionar. La Corte dijo que la Constitución es clara y que, como no hubo un nuevo nuevo acuerdo, debía retirarse.
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