Juan Carlos Cubría ocupa un cargo clave en la administración del Poder Judicial. Es hijo de la jueza federal María Servini, quien en los últimos días declaró que sufre presiones por una investigación sobre corrupción en el manejo de fondos de la Justicia. A diferencia de su madre, Cubría cultiva el bajo perfil, pero rompió el silencio en una entrevista con este medio. También habla de presiones y de una puja con la Corte Suprema por los fondos millonarios del Poder Judicial.
Cubría es ingeniero y desde hace casi 20 años trabaja en temas de administración judicial. Actualmente es el administrador general del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de manejar parte de los fondos judiciales, y de elegir y controlar a los jueces.
“La Corte está parada sobre un colchón de $ 11 mil millones y nosotros sobre un déficit de 800 millones mensuales”, disparó. “Yo creo que la cultura del alto tribunal y de muchos funcionarios es la cultura monárquica, donde las cosas no se discuten, no se debaten, es la orden directa”, aseguró sobre Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte.
El organismo en el que trabaja está en la mira por casos de corrupción: sobreprecios en obras públicas; manipulaciones en los sorteos de las causas; y una tercera que intenta establecer si hubo irregularidades en la licitación del sistema informático. Las dos últimas son investigadas por la jueza Servini.
—Usted asumió la administración del Consejo de la Magistratura a fines de noviembre pasado. ¿Con qué panorama se encontró?
—Con un déficit muy grande, de unos $ 500 millones, y la inminencia de un cambio de gobierno. Era casi imposible poder afrontar el mes si el Gobierno que se iba no nos hacía un desembolso previo. Aclaro que casi el 95% del presupuesto es para el pago de salarios (de la Justicia). Para comparar, la provincia de Buenos Aires debe tener unos 24 mil o 25 mil agentes, el Poder Judicial de la Nación, 18.500 y la Corte, 3 mil. En los últimos diez años la planta permanente del máximo tribunal se incrementó casi en un 30%.
—¿Cómo se generó ese déficit?
—Hasta 2009 el Poder Judicial tuvo superávit, que iban a cuenta de plazos fijos. Llegada la nueva Corte, decide armar fondos anticíclicos, de infraestructura, y parte de esos plazos fijos fueron retenidos por el alto tribunal. Cambio de administración mediante, a partir de ahí, el Consejo de la Magistratura empezó a vivir únicamente con el presupuesto del ejercicio.
—Eso coincide con la gestión de Germán Krieger (ex administrador de la Corte, imputado por presuntos sobreprecios en la obra pública y señalado como hombre de confianza de Lorenzetti)
—Claro, porque el superávit lo tuvimos hasta 2009. En 2011 asume Krieger y en 2013 entramos en déficit con una relación Poder Judicial-Poder Ejecutivo que empezó a deteriorarse. Hubo ciertos elementos que generaron una crisis por la cual el Poder Ejecutivo no sostuvo al incremento de los gastos del Poder Judicial. Al mismo tiempo, la Corte dio aumentos de sueldo del personal, que no siempre estuvieron contemplados dentro de las posibilidades del Poder Judicial. El alto tribunal no financió el déficit, que en 2014 se acentuó. La Justicia sumó deudas con la AFIP, con la obra social, etc.
—La situación de diciembre de 2015 se solucionó con aportes del Ejecutivo. ¿Cómo hacen ahora?
—El único ingreso que el Poder Judicial tiene es la coparticipación federal, estamos recibiendo unos $ 800 millones por mes. Los otros 800 millones los pone el Tesoro. La Corte no aporta un sólo peso de ese fondo que acaba de anunciar que tiene de 11 mil millones. Tanto es así, que la semana pasada hubo un atentado contra un tribunal en San Martin y ni nos llamaron para preguntar si necesitábamos algo.
—El Consejo atraviesa una situación compleja, con filtraciones, sospechas de manipulación de los sorteos de causas. ¿La Corte se involucró?
—No, nos exhorta a nosotros a tomar medidas. Pero también hay una realidad: la administración de la Corte esta parada sobre un colchón de 11 mil millones y nosotros sobre un déficit de 800 millones mensuales. Podemos hacer parches, pequeños ajustes, modificar los protocolos, lo que es el manejo de los recursos humanos. Ahora, no estamos en condiciones de hacer la inversión en tecnología grande, si no lo hace el Ministerio de Justicia o la Corte.
—Su mamá habló de presiones por investigar al Consejo de la Magistratura. ¿Usted también las sufrió?
—La causa de los sorteos, que digamos sale a la luz un poco por el tema Nisman –el sorteo asignó a un juez federal para investigar la muerte del fiscal pero el sistema “se colgó” y la causa terminó en otro juzgado– y la denuncia de Martilleros Públicos. (El caso) desnuda una corporación de intereses (entre distintos miembros del Poder Judicial). Entonces las presiones a las que puede hacer referencia ahora debe tener que ver con esa cantidad de personas conocidas que llaman y dicen; “Che, mirá, cuidate”, “Che, mirá, fijate”, “el otro está enojado”, etc. Porque el tema de los sorteos toca muchos intereses internos.
—¿Tanto en el Consejo, como en la Justicia y en la Corte?
—En este caso creo que la Corte no. Los intereses de la administración de la Corte –yo no puedo hablar de los ministros–, pasan por la acumulación de fondos, recuperar la caja del Consejo, tener ese poder de dar promociones, favores, cargos. Ahora el interés de algunos miembros de esa corporación es precisamente tener el control de algunos procesos en especial. La diferencia con antes es que las presiones podían venir del Poder Ejecutivo. La diferencia ahora es que las presiones vienen de adentro. Yo creo que la cultura del alto tribunal y de muchos funcionarios es la cultura monárquica, donde las cosas no se discuten, no se debaten, es la orden directa
—¿En este caso el presidente del tribunal?
—Obviamente, porque concentra muchas facultades que no tienen los demás ministros.
