La ciudad de Buenos Aires se convirtió en los últimos días en el centro de las críticas de la oposición en el marco de la pandemia de coronavirus. A la compra de barbijos a $3000 cada uno, se le sumó esta semana el rechazo al plan de emergencia económica que presentó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que incluye un proyecto de ley para reasignar partidas, cancelar obras y priorizar gastos. Desde el Frente de Todos advierten que el proyecto "podría afectar aún más el salario de las y los trabajadores", ya que en uno de sus artículos plantea la posibilidad de escalonar el pago de los sueldos de los empleados de la administración pública porteña.
El texto será tratado este miércoles en la comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña y podría aprobarse el jueves próximo, durante la segunda sesión convocada por este cuerpo legislativo durante el aislamiento social. Entre los principales puntos, plantea un congelamiento de la planta de personal, prohibición de incentivos salariales y baja de contratos de la administración porteña. "Facúltase al Poder Ejecutivo, en función de las disponibilidades financieras, a requerir (...) la remisión de cronogramas de pago escalonado y/o diferido de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a las personas que perciben menor remuneración, a fin de efectuar la planificación de las correspondientes transferencias de fondos", establece en su artículo 19.
El documento se comenzó a debatir este lunes durante una reunión informativa de Presupuesto, en la que participó el ministro Martín Mura. Allí, el titular de la cartera de Economía y Finanzas definió el proyecto como una de las herramientas para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en "80.000 millones de pesos" para el año 2020. En ese sentido, puntualizó que el 50 por ciento de dicha retracción se producirá en "el segundo trimestre" del año. Mura dijo que la Ley de Emergencia, de ser aprobada, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, y que es un "instrumento necesario para transitar esta pandemia y emergencia a la vez".
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Durante la reunión de comisión, el diputado Juan Nosiglia (UCR-Evolución) se preguntó si no era conveniente establecer un plazo más corto, de tres meses, para la delegación de algunas facultades. La cuestión salarial fue señalada por diputados cercanos al oficialismo, como el socialista Roy Cortina, y opositores como Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. Al respecto Mura dijo que “en ningún lugar se habla de rebaja salarial” y subrayó que se cumplirán los acuerdos paritarios firmados. No obstante, aseguró que va a hacer “lo imposible” para evitarlo, pero admitió que se podría necesitar -si se extiende la crisis- de escalonar salarios.
El proyecto también plantea amplios poderes para Horacio Rodríguez Larreta y establece dotar al Ejecutivo con "mayores facilidades" para reasignar partidas a las áreas críticas, se eliminarían afectaciones específicas y se consolidaría una cuenta unificada del tesoro para tener mayor disponibilidad de divisas. También se revisarían "programas no esenciales" y se establecerían "incentivos tributarios" que permitan "adelantar recaudación". Al respecto, Javier Andrade, del Frente de Todos, recriminó la falta de segmentación de los beneficios en favor de los vecinos más castigados y de las PyMEs ya que, según consideró, con la estructura propuesta por el Gobierno sólo ganarán los grandes contribuyentes. Por otra parte, la iniciativa dicta que revisar todos los contratos de servicios no esenciales.
En este marco, los legisladores del Frente de Todos (FdT) emitieron este martes un comunicado y advirtieron que el proyecto "no establece medidas concretas" para atender a los sectores económicos afectados por la caída de la actividad. "El proyecto no establece medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la sociedad que están siendo afectados por la caída de la actividad", afirmaron los diputados, que se reunieron ayer para definir su postura y plantearon "que se preserve la situación de los trabajadores de la Ciudad".
El bloque del FdT cuestionó también que la norma "delega funciones propias del cuerpo legislativo al (Poder) Ejecutivo sin mecanismos de control adecuados". En ese sentido, aseguraron: "Entendemos la necesidad de reordenar partidas presupuestarias para atender la pandemia, pero debe hacerse bajo una exhaustiva política de control". Esta advertencia se debe a que en el proyecto del Ejecutivo no se mencionó "el deber de notificar las reestructuraciones presupuestarias a la Comisión de Presupuesto de Legislatura", agregaron. Y advirtieron que el proyecto tampoco propone "una tarea específica y diferenciada en los barrios más humildes de la Ciudad".
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La filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se sumó a las criticas y denunció que "el proyecto de ley de emergencia económica enviado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la Legislatura procura "escalonar y diferir los salarios de la actividad, despedir personal y evitar los controles de las partidas presupuestarias”. Ayer, el titular del sindicato, Daniel Catalano, envió una carta a todos los jefes de bloque de la Legislatura, en la que rechazó la iniciativa y determinó el estado de "alerta" del gremio ante "la ofensiva del Gobierno en perjuicio de los trabajadores estatales de la ciudad de Buenos Aires". El dirigente expresó su "profunda preocupación" ante el envío del proyecto de ley de emergencia económico-financiera a la Legislatura porque determina "llamativas restricciones" a los derechos laborales fundamentales del personal, al cual "se traslada la actual crisis".
Tras las críticas, Mura afirmó que se corregiría la redacción de algunos artículos, entre ellos el que suponía innecesario comunicar a la Legislatura las modificaciones presupuestarias y, especialmente, el que refiere al “escalonamiento” y “diferimiento de sueldos”. El proyecto es parte del plan de emergencia que Rodríguez Larreta presentó días atrás y que contempla un paquete de medidas "para poder reorientar todos los recursos del Gobierno hacia el cuidado sanitario y la atención social de los que más lo necesitan" frente a la pandemia del coronavirus. En una rueda de prensa que tuvo lugar la semana pasada en la sede de la jefatura de gobierno porteño, el jefe distrital anunció que, "en conjunto con los otros poderes del Estado, se va a realizar un aporte voluntario del 25% de nuestros sueldos por tres meses". Además, informó que quedan congeladas la incorporaciones de nuevos empleos y la paralización del "ambicioso" plan de obras que tuvo la Ciudad para atender las situaciones específicas vinculadas a la pandemia.
Acompañado por Mura, el jefe del gobierno confirmó el envío de la ley con las iniciativas que se adoptaron para reorganizar las finanzas de la Ciudad. "Todas las decisiones que hemos tomado se han hecho en torno al cuidado de los vecinos y principalmente los mayores, de acuerdo a los criterios y datos sanitarios", subrayó Rodríguez Larreta. En ese sentido, explicó que se decidió "tomar una serie de medidas de emergencia para organizar las cuentas públicas de la Ciudad y garantizar los recursos que se necesitan para afrontar" el coronavirus. "Los dos grandes desafíos son la baja recaudación por el parate económico y el esfuerzo para la atención sanitaria y social" aclaró el mandatario.
