El Tribunal Oral 2 rechazó dos recusaciones del empresario Lázaro Báez en la causa de obra pública y confirmó que el juicio oral comenzará este martes 21 de mayo. El foco de atención estará puesto en la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner, que se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados, acusada de ser líder de una “asociación ilícita".
Báez había recusado a dos de los jueces del tribunal, alegando que son los mismos que encabezan el proceso en la “ruta del dinero K” y que podría haber prejuzgamiento. Pero el tribunal denegó la solicitud del empresario y confirmó que a las 12, este martes, arranca el juicio.
Además de CFK y Báez, estarán el ex ministro Julio de Vido y el ex secretario de obras públicas, José López. El eje de la acusación es que durante los 12 años de kirchnerismo, el Estado direccionó obras a favor de Báez por 46 mil millones de pesos.
Los jueces recusados por la defensa del empresario santacruceño fueron Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Paliotti. También quedó pendiente de análisis el recurso que tratará la Corte Suprema por pedido de los abogados de CFK, que hace foco en la denegación de medidas de prueba a su favor.
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El máximo tribunal del país hizo copia del expediente y generó revuelo porque, en un principio, pareció querer suspender el juicio contra la ex presidenta. Pero luego, en un comunicado, la Corte aclaró que el procedimiento no alteraría los planes del TOF 2.
Para el juez federal Julián Ercolini, que elevó a la causa a juicio, Báez fue beneficiado por orden de Néstor y Cristina Kirchner, con la anuencia de Julio de Vido y José López, entre otros. El juicio puede demorarse, tal como publicó PERFIL, entre 12 y 18 meses. La senadora y pre candidata a vicepresidente debe asistir obligatoriamente a la primera audiencia.
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Aunque tiene otros procesamientos, este es el primer juicio público que enfrentará CFK desde que dejó la Casa Rosada, en 2015. Desde el kirchnerismo suponen que el juicio es parte de una "persecución" orquestada por el Gobierno. En Balcarce 50 responden que, en realidad, los procesos avanzan porque no hay presión sobre los magistrados.
M.C. EA