El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar solicitó este lunes 9 de mayo que se anulen los sobreseimientos dictados en la causa conocida Hotesur-Los Sacues, en la que fue investigada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, y reclamó que finalmente se realice el juicio oral y público.
El representante del Ministerio Público Fiscal realizó su presentación ante la sala primera del máximo tribunal penal que ahora quedó en condiciones de tramitar las apelaciones contra el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que en noviembre pasado dispuso el sobreseimiento de todos los imputados de la causa.
“La solución del sobreseimiento tal como aquí nos es presentada, no solo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día”, sostuvo Villar en la presentación con la que sostuvo la apelación del fiscal de juicio Diego Velasco.
El fiscal señaló que solo con el desarrollo del juicio “se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”, y pidió que sean apartados del caso los jueces que en noviembre pasado promovieron los sobreseimientos.
La sala primera de Casación, que ahora deberá definir el trámite que dará a la apelación, está integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.
El sobreseimiento de Cristina y sus hijos
En noviembre pasado, el TOF 5 sobreseyó a la vicepresidenta, a sus hijos y al resto de los imputados en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
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La decisión, tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti, implica que no se haga un juicio oral y público, aunque el fallo aún puede ser apelado y revisado en instancias superiores.
Los jueces entendieron que durante el proceso de la causa se privó a los imputados de ser juzgados a la luz de la ley más benigna que regía al momento que comenzaron los hechos juzgados, en 2008, y remarcaron que entonces no estaba penada la maniobra que se entiende como “autolavado”.
Los sobreseimientos alcanzaron a también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.
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"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor. Por lo tanto, podemos concluir en que las conductas aquí investigadas no fueron idóneas para producir el resultado de peligro concreto requerido por el delito de lavado de dinero", señalaron los magistrados en aquel fallo.
En uno de los puntos más salientes de la sentencia, remarcaron: "En las condiciones descriptas, cabe concluir que las conductas enrostradas a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa –de haber sucedido con el alcance atribuido por la acusación, cuestión sobre la que no abrimos juicio– no eran punibles cuando comenzaron a ejecutarse".
JD / ds
