La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció este martes a favor de confirmar las medidas cautelares que suspendieron el aumento tarifario en el servicio de energía eléctrica dispuesto por dos tribunales de la provincia de Buenos Aires.
El dictamen ya fue entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esta misma mañana adoptará una decisión sobre el tema. La opinión de Gils Carbó no es vinculante, es decir que el máximo tribunal podría resolver en sentido contrario a esa postura.
Según el dictamen al que tuvo acceso PERFIL, la Procuradora General señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.
Remarcó además que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.
Por último, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.
De momento, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró hoy que la Corte debería rechazar la medida cautelar por "problemas procesales y de cómo se condujo este proceso" ya que, aseguró, "quienes presentaron esta acción no tenía legitimación" para hacerlo.
Garavano advirtió que "el gobierno está esperando el pronunciamiento en relación a la electricidad para ver qué camino tomar", pero recordó que la decisión que tiene pendiente la Corte con respecto a este tema "sólo apunta a ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires". "En el caso de la electricidad, lo que está recurrido no es una sentencia de fondo, como en el caso del gas, si no una medida cautelar que se dictó en la provincia de Buenos Aires, solamente para los aumentos de Edenor y Edesur", puntualizó.
DICTAMEN:
